Por: Comité Editorial Militancia y Sociedad
Ayer, 21 de marzo, se confirmó la noticia en la cual el registrador
nacional solicita el reconteo general de votos a Senado. Este hecho se da
después de que el presidente Duque y el ex presidente Uribe sugirieran, a
través de sus redes sociales, el reconteo electoral tras la redefinición del
mapa polÃtico-representativo en la cámara alta y baja del Congreso (redefinición
que mostró una representación favorable al progresismo, esto luego de que el Pacto Histórico lograra recuperar 3
curules en Senado tras denunciar que más del 27% de mesas informadas
por la registradurÃa no reportaban un solo voto por la coalición). A todas
luces, la solicitud de Alexander Vega
(actual registrador nacional y pieza clave del Centro Democrático) rompe con la
independencia de poderes y es una gran arremetida no solo contra el avance de
las representaciones populares en ambas cámaras, sino contra las formalidades
democráticas de la que se precie cualquier formación estatal moderna.
En realidad, la actitud de Duque, Uribe y Vega (militantes todos del Centro
Democrático) es una afrenta contra la democracia, la Constitución y el Estado
social de derecho. Su llamado (que es el de Uribe y que sumisamente replican
Duque y Vega) es, desde todo punto vista, una arremetida contra las
instituciones de Justicia y contra la voluntad popular mayoritaria. A esta
altura, un reconteo de votos, tres dÃas luego de haberse roto la cadena de
custodia, es un aviso del establecimiento y de la derecha más reaccionaria de
fraude electoral. En uno de los comunicados emitido por la Asociación Nacional de
Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines se constata que:
“en el verdadero escrutinio, el realizado por los jueces y notarios como
escrutadores y claveros, se revisó durante toda la semana la labor de conteo
final y se procedió a la corrección de
los errores y fallas detectadas”.
Según este comunicado, las
declaraciones del presidente Duque, en la cual se cuestiona la labor de más de
5000 mil jueces, no tiene fundamento y solo es expresión de la extralimitación
de sus funciones presidenciales y la consagración con su colectividad
partidista. De seguir adelante esta propuesta, el uribismo estarÃa cocinando
las condiciones para un golpe de estado civil a la Constitución: “pensar
siquiera en invalidar o desconocer un proceso electoral, que ha sido verificado
por el poder judicial con responsabilidad y pulcritud, cuando no se beneficia
los intereses del partido de gobierno, desconoce los principios y postulados
constitucionales”.
¿Cuál es la tarea del movimiento
social en esta coyuntura?
Como se ha señalado, el llamado del presidente Duque, del expresidente
Uribe y del registrado Vega es pasar por alto los principios constitucionales y
las reglas mÃnimas del juego democrático-electoral. Hoy el llamado de los
sectores populares organizados y de las fuerzas de izquierda es rodear el poder
judicial e instar al Consejo Superior de la Judicatura y a las altas cortes a blindar
la autonomÃa e independencia judicial y respetar la voluntad mayoritaria
consignada en las urnas.
Sin embargo, experiencias como la
de 2019 en Bolivia nos muestran que no es suficiente con hacer un llamado
institucional a respetar la autonomÃa e independencia judicial. Las
organizaciones sociales y la sociedad civil organizada deben empezar, a partir
de hoy, a organizar en las calles la defensa de la voluntad popular y
mayoritaria. El solo respeto a la autonomÃa e independencia judicial no
detendrá el fraude puesto en marcha por el uribismo desde el 13 de marzo. El movimiento social debe exigir garantÃas
democráticas y la salida del registrador nacional, cómplice del fraude, de
la interrupción de poderes y de la arremetida antidemocrática de la derecha
reaccionaria.
¡Solo la movilización
masiva y popular podrá defender la democracia! ¡A salir a las calles a exigir
la renuncia del registrador nacional!
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