Editorial Militancia y Sociedad

Conforme se acerca el período electoral, las disputas y contradicciones internas del Pacto Histórico comienzan a agudizarse. Las pujas por el encabezamiento de listas y las luchas intestinas por el aval-marca electoral del partido de gobierno se convierten, poco a poco, en el centro del debate de las izquierdas. El departamento del Tolima no es la excepción frente a este escenario de reacomodamiento de fuerzas entre las distintas facciones del progresismo. Durante estas semanas, han empezado a correr sondeos y encuestas de opinión que miden la fuerza electoral de los principales líderes del progresismo en la región.

No es para menos: luego del triunfo electoral de Martha Alfonso (representante por el Partido Alianza Verde – Pacto Histórico) y Olga B. González (representante por el Partido Liberal) en 2022, el campo progresista baraja sus nuevas apuestas para los comicios del 2026. Al día de hoy, se han anunciado más de 14 candidaturas por parte de los sectores alternativos para las próximas elecciones regionales. Entre dichas candidaturas, se destaca, nuevamente, la de la congresista Martha Alfonso, quien intentará revalidar su curul en Cámara de Representantes o dar un salto a Senado de la República.

En esta editorial, presentamos un breve balance sobre su paso por el Congreso de la República y situamos su agenda legislativa dentro de las contradicciones internas del Pacto Histórico. En primer lugar, debe señalarse que la candidatura de Martha Alfonso (2022) surge como resultado de un proceso de organización ciudadana de mediano y corto plazo. En el mediano plazo, la congresista acompañó procesos de organización de mujeres en el Sur del Tolima (Red Departamental de Mujeres del Tolima) y participó de las luchas del movimiento ambiental del departamento por la implementación de mecanismos de Consulta Previa.

En el corto plazo, se destacó por su participación en la huelga general de masas contra las políticas de ajuste estructural del Gobierno Duque (2021) que derivó en la organización de distintas asambleas populares a nivel local. Justamente, en este contexto de movilización social masiva e impugnación al régimen neoliberal emerge la candidatura de Martha Alfonso. En un inicio, su agenda legislativa giró alrededor de cinco puntos: i. protección de la producción nacional, de la economía de la clase trabajadora y empleabilidad; ii. paz territorial; iii. educación y cultura para la dignidad humana; iv. defensa territorial y ambiental; v. defensa de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.

Una vez electa, estos cinco ejes programáticos se han desarrollado en distintos escenarios, entre los que se destacan la Comisión Séptima del Congreso de la República, la Comisión para la Equidad de la Mujer, la Comisión de Paz y la Comisión de Ley Estatutaria de Educación. En los tres últimos periodos de legislatura, ha sido co-ponente de proyectos de ley sobre economía popular y comunitaria, estatuto de igualdad de niñas y mujeres, vinculación laboral de madres comunitarias, aumento de subsidios a adultos mayores en condición de pobreza, oportunidades a cuidadores, salud mental y bienestar psicosocial, empleo y emprendimiento, estabilidad laboral y talento humano en el ICBF. Además, ha realizado debates de control político frente a la crisis del sector cafetero, aumento de situaciones de violencia basada en género, orden público y reclutamiento de menores.

Sin embargo, su papel más representativo lo ha desempeñado en la coordinación de las ponencias de reforma pensional, reforma a la salud y reforma laboral del Gobierno Petro. En materia pensional, se destacó por ser una de las piezas fundamentales en la construcción del articulado, en la reducción de semanas de cotización para mujeres, en el reconocimiento del sistema de cuidados y en la pensión anticipada para cuidadores y personas discapacitadas. En materia de salud y trabajo, defendió el fortalecimiento financiero de la red hospitalaria pública, la eliminación de la intermediación financiera de las EPS en el giro estatal a hospitales, la recuperación de las horas extras, el recargo dominical y la restauración de derechos laborales y sindicales básicos para la clase trabajadora.

En cuanto a la agenda regional, Martha Alfonso participó en las 18 mesas territoriales que ayudaron a construir el Plan Nacional de Desarrollo y definir el lugar del departamento dentro del Sistema General de Regalías. Impulsó la creación del corredor de bioturismo cultural en el Norte del Tolima, la modernización agrícola en el distrito de riego en el triángulo del sur, la readecuación de la infraestructura educativa del SENA, la ESAP y la Universidad del Tolima y la restauración ecológica de la cuenca del Río Magdalena en el Sur del Tolima. También incentivó, por medio de iniciativa legislativa, la creación de escuelas de liderazgo femenino y la inclusión de la agenda de género en la mesa de reincorporación en Icononzo.

Otras de las iniciativas de interés local están relacionadas con los debates de control político por la crisis de desabastecimiento de agua en Ibagué y por la ausencia de un plan departamental de atención ante riesgo de inundaciones en temporadas de lluvia. Además, del control político a obras inconclusas (elefantes blancos) en el Tolima y la inclusión del Hospital de Tercer Nivel en Chaparral, el anillo vial del Sur y la Universidad de la Paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Como es evidente, los cinco ejes programáticos de campaña se han desglosado a lo largo de estos tres años de legislatura y han combinado un trabajo de producción técnica-legislativa y organización de procesos comunitarios.

En ese sentido, consideramos que el proyecto legislativo de Martha Alfonso ha representado un progreso tanto para las luchas sociales del departamento del Tolima (de tipo sindical, ambiental, feminista y estudiantil) como para el conjunto de la ciudadanía (que se beneficiará de las transformaciones y planes de reforma del Gobierno Nacional). Ha sido, hasta el día de hoy, una representación en función de los intereses populares del departamento que ha logrado articular la disputa en los aparatos institucionales (campo estratégico del Estado) con procesos de autoorganización popular y lucha social extra-institucional.

El lugar de la agenda legislativa local en las disputas y contradicciones nacionales:

Luego de presentar un breve balance de la gestión legislativa de Martha Alfonso, nos interesa situar su agenda al interior de las contradicciones del Pacto Histórico. Uno de los desafíos que ha enfrentado este ciclo de transformación nacional está relacionado con los límites de la vía parlamentaria para tramitar reformas estructurales: en los últimos años, hemos asistido a un bloqueo parlamentario por parte de las clases dominantes a las iniciativas de cambio estructural. Se trata de mecanismo de inmovilidad política que le permite al bloque dominante preservar sus intereses y conservar las estructuras del viejo régimen.

Por su parte, el Gobierno Petro ha explorado distintas alternativas para salir del estado de inmovilidad política y desbloquear el cierre institucional promovido por los representantes de la oligarquía. En función de este objetivo, planteó la Consulta Popular como un mecanismo de aprobación extraparlamentaria de las reformas, como un nuevo campo de interacciones políticas con el movimiento social-popular y como un nuevo momento político-estratégico del progresismo. Con esto, el Gobierno pasó de una estrategia de movilización social contenida a un momento de excedencia democrática que intentaba desbordar los estrechos límites de la democracia y el procedimentalismo liberal. 

En este punto es clave retomar aspectos de la agenda legislativa a nivel local. Al caracterizar la agenda parlamentaria de Martha Alfonso, destacamos su doble apuesta política: al interior de las instituciones estatales (especialmente, en el orden legislativo) y al interior de procesos autoorganizativos de la sociedad civil. La Consulta Popular permitía retomar esa doble perspectiva de la estrategia de transformación nacional en la medida que implicaba un trabajo de base de tipo electoral y un fortalecimiento de las estructuras comunitarias. Aunque la Consulta se desinfló tras la reanudación de los debates de la reforma laboral, planteó algunos retos estratégicos para el progresismo. 

El primero de ellos tiene que ver con los canales a través de los cuales el Gobierno Petro gestionará, en este último período, su programa de reformas. En ese sentido, la estrategia parlamentaria -que seguirá siendo el mecanismo de trámite de los proyectos de cambio- requiere de una articulación con los procesos autoorganizativos de la sociedad civil. Esta forma de articulación se sostiene sobre la base de que los movimientos sociales son actores aliados del Gobierno, por tanto, establecen repertorios de acción ligados a la aprobación de las reformas, pero que, al mismo tiempo, mantienen principios de autonomía e independencia conforme a su estructura de intereses.

Por esta razón, resulta clave resaltar el papel legislativo de Martha Alfonso. Su gestión, desde un principio, ha mediado los intereses del movimiento social (fortaleciendo procesos de organización comunitaria y movilización ciudadana) con las apuestas estratégicas del progresismo institucional (relacionados con los proyectos de reforma). Justamente, en este basculamiento de fuerzas sociales e institucionales se juega la posibilidad de reelegir un Gobierno de corte progresista, de profundizar la experiencia de cambio y de romper los patrones de selectividad estructural por medio de los cuales las clases dominantes logran preservar sus intereses en el Estado. En esto, el rol de Martha Alfonso ha demostrado que es posible transformar las estructuras del antiguo régimen sin hacer concesiones al bloque reaccionario y sin “vender el alma al diablo”.

Cerramos esta editorial insistiendo en una idea: es necesario conservar la representación de Martha Alfonso en el Congreso de la República por dos razones. Primero, su agenda legislativa ha estado en función de posicionar los problemas sociales y económicos del departamento dentro de las prioridades del Gobierno Nacional, a su vez, ha operado como una figura de mediación de los conflictos sociales y las luchas sociales de la región; segundo, su trabajo legislativo ha sido fundamental en la transformación del modelo de gestión neoliberal (especialmente, en temas relacionados con la regulación de la intermediación financiera en sistemas de protección social y el cambio de enfoque en las políticas de focalización del gasto público y asistencia social).

El trabajo legislativo de Martha Alfonso permite demostrar que es posible disputar los puestos de representación estatal sin renunciar al horizonte estratégico del movimiento popular y sin ser cooptado por las clases dominantes. Pero también permite demostrar que las grandes transformaciones a nivel nacional requieren, indefectiblemente, de procesos de organización social en el ámbito subnacional. No es casual que la congresista Martha Alfonso reivindique conceptos de la sociología situacional-contextual (campo del que proviene) para analizar el Gobierno del Cambio. De allí desprende sus conclusiones políticas y estratégicas para el nuevo presente de nuestro país y de nuestra región.  

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