Editorial Militancia y Sociedad
El próximo 14 de octubre las fuerzas progresistas y
democráticas en Colombia han programado una primera jornada de movilización
contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La iniciativa se da en medio de
uno de los primeros casos de falsos positivos y de la expedición de un nuevo decreto
de protesta social y estatuto antiterrorista en el que el nuevo bloque de
poder intenta contener y desarticular, por la vía judicial, los futuros ciclos
de movilización social. Hasta el momento, la jornada busca ser un primer
espacio de basculamiento, articulación de fuerzas y preparación de cara al Paro
Nacional de noviembre. En esta editorial, analizamos los retos de la jornada de
movilización del 14 de octubre y proponemos algunas lecturas estratégicas sobre
la coyuntura política nacional.
Un primer elemento de la movilización del 14 de
octubre es que se trata, a diferencia de lo que ocurrió en 2018 con el Gobierno
de Iván Duque, de una manifestación en general contra el proyecto político de
Abelardo De La Espriella. En 2018, el Gobierno Duque también enfrentó, a dos
meses del comienzo de su gestión, un primer ciclo de movilización convocado por
el movimiento estudiantil. Por aquel entonces, la oposición era liderada por
Gustavo Petro, sin embargo, la agenda movilizatoria de octubre estuvo
encabezada por dos sectores estudiantiles (UNEES y ACREES) que, aunque
mantenían relaciones con el sistema de partidos, defendieron una apuesta
programática “independiente” alrededor de la defensa de la educación superior
pública y el financiamiento de los centros universitarios.
Este primer ciclo movilizatorio del 2018 fue ganando,
progresivamente, la aprobación ciudadana en general poniendo como demanda
estratégica la defensa de la educación superior pública. Es decir, una demanda
corporativista o gremial, en el sentido gramsciano del término, terminó creando
una indignación social universal que veía en la educación pública un
instrumento de movilidad social. Este ciclo terminó prolongándose, con picos,
entre el 2019 y 2021, articulando ya no solo demandas alrededor del campo
educativo, sino incorporando el malestar ciudadano frente a la política
tributaria y el paquete de reformas (pensional y laboral principalmente) que
preparaba en aquel momento el Gobierno Duque.
Con el Paro Nacional del 2021 se terminó de
cristalizar este proceso de organización popular. Mediante asambleas populares,
el pueblo movilizado intentó crear una instancia de dirección que pudiera, en
primer lugar, brindar respuestas a la crisis económica por la que atravesaba el
país, y que se veía reflejada en los alarmantes niveles de inseguridad
alimentaria y, en segundo lugar, construir un instrumento político que le
permitiera derrotar, en las calles y en las urnas, a la extrema derecha. Todo
este proceso organizativo se reconfiguró con las elecciones de 2022, en las
cuales las fuerzas progresistas, lideradas por Gustavo Petro, lograron
establecer una agenda de cambio alrededor de las demandas sociales que habían
surgido con los episodios movilizatorios de 2018, 2019 y 2021.
A través de la consolidación de una agenda reformista
democrática se buscó canalizar todo este proceso de agitación popular. Seis
grandes temas cubrieron, entre 2022 y 2024, la discusión política nacional: la
reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma
laboral, la reforma a la salud y la reforma a la ley de financiamiento de la
educación superior pública se convirtieron en la punta de lanza del
progresismo. Iniciativas que, no obstante, fueron bloqueadas sistemáticamente
tanto por el poder legislativo como judicial. Rápidamente, el progresismo se
enfrentó a los límites del régimen político y quedó atrapado en un juego de
saboteo en el que el bloque dominante cerraba y clausuraba cualquier intento de
apertura democrática y de transformación de las selectividades estratégicas del
Estado.
No fue sino hasta el hundimiento de la reforma laboral
en 2025 que se planteó la posibilidad de aprobar extraparlamentariamente el
programa de transformaciones estructurales mediante la instauración de
mecanismos de consulta popular. Una vez el establecimiento dimensionó la
amenaza de lo que representaba este instrumento de movilización
política-electoral, decidió revivir el proyecto de reforma laboral y hacer
algunas concesiones en materia de aprobación legislativa. Con esa decisión, que
venía acompañada de presiones judiciales contra el Gobierno Nacional, se daría
un paso atrás en el replanteamiento estratégico de la izquierda: nuevamente, el
progresismo confiaría en la voluntad reformista de las élites, y desmontaría la
iniciativa de la consulta popular y ciudadana.
El final del gobierno estaría marcado, como era
previsible, por el bloqueo de las iniciativas restantes y con algunas medidas
(como el aumento del salario mínimo sobre la base del 26%) que intentaba
reconfigurar la correlación de fuerzas sociales. Bajo este escenario, se llegó
a la contienda electoral de 2026. Una disputa en la que el progresismo no solo
arrastraría con el peso de no haber aprobado su programa de reformas (de
representar un reformismo sin reformas), sino que además cometería una serie de
equivocaciones estratégicas en campaña que definirían el resultado final de las
elecciones. Los errores en materia de comunicación, la debilidad de las
apuestas programáticas de la campaña y la extremada pasividad con la que el
candidato Iván Cepeda enfrentó la ofensiva reaccionaria de Abelardo De La
Espriella terminaron por crear las condiciones definitivas para la derrota.
Justamente, este cuadro de errores y desaciertos es el
que nos permite reevaluar y replantear la estrategia de transformación de la
izquierda democrática en Colombia, que tiene como primera apuesta movilizatoria
el 14 de octubre. Desde el punto de vista de la organización popular, podríamos
decir que las siguientes jornadas de movilización hacen parte de un ciclo más
amplío de rebelión popular que antecede el 2018, pero que encontró por aquellos
años (más específicamente en el 2021) su punto de inflexión y articulación
histórica. De modo tal que, dependiendo del grado de profundización de la
protesta social, el país puede recuperar ese registro de lucha previo; es
decir, puede reestablecer su tradición y agenda de lucha, sin decir, con ello,
que la movilización social persiga una linealidad histórica predeterminada.
Desde el punto de vista de la dirección política, es
importante señalar que, más allá de que la convocatoria del 14 de octubre sea
un medidor de fuerzas frente a futuras jornadas, desde ahora debe plantearse la
movilización como un eje central del replanteamiento estratégico de la
izquierda. Recordemos, como hemos señalado en esta nota, que el punto de
quiebre de la estrategia de transformación del Gobierno Petro tuvo que ver más
con su tímido y ambivalente llamado al campo popular (mediante movilización y
consultas ciudadanas) que con problemas de gobernabilidad institucional. El
progresismo tuvo la posibilidad de torcerle el cuello a la clase dominante que
bloqueaba el programa de reformas mediante la consulta popular y la
movilización social permanente, pero declinó ante el menor beneplácito.
Pues bien, es hora de sacar lecciones de los errores
acumulados en gobierno y plantearle al pueblo trabajador una alternativa de
lucha social permanente. Una opción de este tipo pasa, necesariamente, por un
replanteamiento interno de la izquierda: en nuestras editoriales hemos señalado
cuatro grandes objetivos en ese sentido: (i) rearticular las
bases sociales-populares del Pacto Histórico al nuevo proceso de reorganización
partidista, es decir, que la conformación del instrumento partidista se
caracterice por la inclusión e incorporación de actores del mundo popular; (ii)
consolidar una fuerza socio-territorial, con instrumentos de democracia interna
establecidos, que permita tomar decisiones en torno a las agendas de
movilización y a la disputa electoral en 2027; (iii) construir de
mecanismos de movilización jurídico-normativos para contener la deriva
autoritaria y el ajuste estructural de Abelardo De La Espriella; (iv)
reorientar el papel del gabinete alternativo, de modo que permita defender,
técnica y normativamente, el programa de reformas sociales progresistas,
manteniendo un trabajo permanente de articulación con la sociedad civil.
Avanzar en estos cuatro objetivos nos permitirá no
solo reconocer los errores estratégicos que han limitado la capacidad de
transformación del progresismo, sino consolidar un instrumento político
democrático que tenga un pie en las calles y otro en la disputa electoral. La
jornada del 14 de octubre puede ser el comienzo de un ciclo de reactivación de
la movilización popular en Colombia. Más vale que, a nivel político, se
alimente esa reactivación de perspectiva estratégica. Como cualquier hecho
social, la protesta social es indescifrable, aún más cuando existe tanto
desconcierto alrededor de lo que significa el nuevo gobierno, pero de lo que sí
hay un mínimo de certeza es que la vía movilizatoria-constituyente, expresada
en la Consulta Popular del 2025, levantó callos en la clase dominante. Podemos
allanar ese camino para derrotar a la extrema derecha.
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