Por: Daniel Barrera

Las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, además de evidenciar la consolidación de la izquierda al interior del sistema político, confirmaron que el Pacto Histórico (PH) es la principal fuerza socio-territorial en el país. Esta potencia territorial y de base que ostenta el PH se explica, entre muchas razones, por su arraigo social, su presencia político-electoral de carácter nacional y, sobre todo, por ser el único programa ideológico abiertamente de izquierdas que recoge en su programa político los intereses de las clases populares en el país. Con esto no sugerimos que no existan en la cartografía ideológica del país otros programas de izquierdas, quizás más radicales que los que ofrece el progresismo actual, pero sí que el Pacto Histórico, nos guste o no, sigue siendo la formación política con mayor adherencia por parte de los sectores de izquierda, es decir, es el espacio de articulación popular por excelencia en el campo político colombiano.

Precisamente, debido tanto al crecimiento electoral y territorial como al grado de articulación que ha alcanzado el PH en las izquierdas -incluso en sus acepciones más plurales-, es necesario que el PH peregrine sin complejos hacia la consolidación de un partido centralizado. Esto supone un enorme reto en términos de democratización interna que el PH, hasta el momento, ha sido incapaz de realizar ante los evidentes problemas de renovación de cuadros dirigenciales, consensos internos para tomar decisiones legislativas y, en especial, las críticas por las decisiones que toman los dirigentes nacionales desconociendo los intereses de las bases sociales.

En ese sentido, diversos analistas de izquierdas han sugerido la urgencia del PH por realizar un verdadero acto fundacional: un gran Congreso Nacional de Unidad, con representación municipal y departamental de los delegados elegidos democráticamente por sus bases, con la pretensión de solidificar la unidad política y estratégica. Por su parte, otros analistas y críticos del progresismo advierten que el PH es un cascarón vacío; con una importante representación electoral, pero imposibilitado para construir una verdadera alternativa debido al caudillismo. La solución, entonces, es abandonar el PH como plataforma política y fundar una nueva izquierda, menos monopolizada por el petrismo y más elevada en términos morales.

El problema con esta segunda lectura es que suele desconocer las condiciones reales en las que se encuentran las fuerzas políticas de izquierda y las posibilidades de edificar un horizonte político transformador que vaya más allá de la inmediatez gubernamental. Por tanto, la cuestión que atraviesa el PH y las fuerzas de izquierda no es un problema de chapa partidista o de filiación institucional; es ante todo un problema estratégico-organizativo que tiene implicaciones no solo en la capacidad de ejercer la oposición frente a la peligrosa agenda contrarreformista del actual gobierno o sobre las condiciones de posibilidad de un reacomodo hacia la izquierda del poder ejecutivo, sino también en las nuevas relaciones que se tejen entre la izquierda institucionalizada y la izquierda social.

Dicho esto, este texto propone que el PH, consciente del momento político y organizativo que atraviesa, asuma sin temores el tránsito, pasando de ser una fuerza social con expresiones institucionales a concebirse como un partido político. Eso sí, un partido democrático centralizado, capaz de arrogarse la unidad política, ideológica y de acción, con la voluntad de subordinar las decisiones políticas a las mayorías sociales, con balances, mecanismos y filtros internos y democráticos que garanticen la autocrítica en la estructura partidista. Esta pretensión se funda sobre el deseo de que la militancia y las organizaciones barriales de base tengan peso específico en los procesos de elección y decisión; por eso, más que anular la crítica y la pluralidad, se trata de canalizar y darle condiciones de interacción política al interior del PH.

En esa medida, no se propone convertir al PH en una organización burocrática o partidista tradicional preocupada exclusivamente por los procesos electorales y desconectada de las dinámicas populares. Por el contrario, se plantea una estructura partidista que funcione bajo una nueva gramática política; una novedosa forma de habitar y relacionarse en la vida política. Esta gramática política que, siguiendo a Natalucci (2018), podemos denominar movimientista, supone forjar nuevos vínculos y consensos estratégicos entre las lógicas formales de institucionalización y procesos sociales de base.

Esta gramática política supone por lo menos tres operaciones político-conceptuales fundamentales: i) dejar de pensar el Estado en su versión instrumentalista, para reflexionar sobre el fenómeno estatal como un espacio poroso y atravesado por múltiples tensiones; ii) la movilización social es concebida como el soporte político del proyecto de izquierdas, es decir, dejar de asumir la protesta como un acto reactivo, para asumirla como parte de la agenda de transformación; iii) la articulación de demandas populares como el bien político por excelencia.

Bajo estas consideraciones, lo institucional no es contrario a la lógica societal/movimientista, sino que puede ser una mediación entre la cristalización de las transformaciones en el régimen político y la densidad de las organizaciones sociales. Esto implica que las articulaciones y mediaciones institucionales no cierran la arena política para las demandas, los actores o las identidades, sino que se encuentran en constante redefinición. En esa medida, el dispositivo institucional, pese a reconocer que no debe ser analizado como un aparato neutral, depende más de la correlación de fuerzas contingentes de interlocución/ruptura del propio partido político que de un constreñimiento institucional.

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