El fin de un ciclo democrático

Por Santiago Pulido Ruiz

En El Orangután con Sacoleva, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín planteaba que cada ciclo de apertura democrática en Colombia ha estado precedido por constantes intentos de repliegue autoritario. Como un péndulo que oscila entre la promesa democrático-republicana y la restauración oligárquica, los momentos de apertura institucional han despertado la reacción de las élites tradicionales, temerosas de que la expansión de los derechos civiles, la redistribución del poder y la incorporación de las masas populares al Estado alteren el “equilibrio institucional” sobre el que históricamente han edificado su dominio.

Las grandes reformas democráticas en Colombia, lejos de desarrollarse en tiempos de calma y concertación, transcurrieron en medio de tormentas perfectas, bajo el asedio permanente de una oligarquía dispuesta a sacrificar el cascarón democrático con tal de preservar su posición de poder. Para contener las expectativas reformistas, nuestras élites han recurrido, en articulación con poderes regionales, autoritarismos subnacionales y expresiones armadas, a distintos mecanismos de clausura de las vías democráticas, sustituyendo la competencia política, por la represión directa, la escalada de la violencia estatal y los pactos de exclusión.   

La historia política nacional ofrece numerosos ejemplos de este patrón. La apertura liberal de los años treinta desembocó en la violencia bipartidista que preparó el golpe militar de 1953; las expectativas de transformación política que acompañaron al Frente Nacional terminaron absorbidas por un régimen de alternancia excluyente que cerró las puertas a nuevas fuerzas políticas; la constituyente de 1991, concebida como un pacto de ampliación democrática luego de décadas de conflicto, coexistió con la expansión del paramilitarismo, la violencia del narcotráfico, la instauración del régimen de desposesión neoliberal, la captura del Estado y la conformación de nuevos autoritarismos regionales.

Cada avance democrático pareció activar, con distintas intensidades y modalidades, una respuesta conservadora orientada a restaurar la estructura de dominación de las élites tradicionales. Esta regularidad histórica permite comprender cómo ha evolucionado la democracia colombiana, no mediante trayectorias lineales o estadios de evolución normativa, sino a través de un movimiento pendular en el que los momentos de apertura son sucedidos por procesos de contención, reversión o reconfiguración autoritaria. 

Las élites colombianas rara vez se han opuesto de manera frontal al lenguaje democrático; por el contrario, han aprendido a administrarlo, a darle un giro semántico e incluso a apropiarse de su significado mientras limitan, en la práctica, sus efectos materiales. El autoritarismo nacional no suele presentarse, en ese sentido, como una ruptura del orden institucional, sino como un proceso gradual de vaciamiento de sus contenidos. Su horizonte histórico es revertir las conquistas democrático-republicanas sin romper con el orden legal dominante: las reglas constitucionales permanecen formalmente intactas, mientras la capacidad institucional para garantizar igualdad política y control de poder se erosiona. 

Bajo esta perspectiva algunos intentamos comprender la coyuntura abierta en el 2022. La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez no representó solamente un proceso de alternancia de poder, sino la apertura de un ciclo político inédito en nuestra historia contemporánea. Por primera vez, una coalición de izquierda alcanzaba el poder por la vía electoral con un programa orientado a reformar los ejes centrales del régimen neoliberal, fortalecer la política social, implementar el Acuerdo de Paz y ampliar la participación del campo popular. El gobierno del cambio condensó las expectativas de millones de colombianos que, luego de las movilizaciones del 2021, veían en él la posibilidad de profundizar la democracia más allá de la alternancia entre las élites tradicionales.  

La singularidad de este ciclo reformista radicó en que sus principales iniciativas no se limitaron a ampliar la cobertura de las políticas sociales, sino que buscaron intervenir algunos de los mecanismos estructurales que sostienen el régimen neoliberal. La reforma pensional, la reforma al sistema de salud y las modificaciones al modelo de financiamiento de la educación superior compartían una orientación estratégica: disminuir el peso de la intermediación financiera en la garantía de derechos sociales, fortaleciendo la capacidad del Estado para administrar directamente recursos que, durante más de tres décadas, habían sido transferidos a operadores privados. El propósito de las reformas no consistió solo en redistribuir recursos, sino en modificar parcialmente la estructura institucional mediante la cual el neoliberalismo convirtió derechos fundamentales en esquemas de acumulación.

No se trataba, por tanto, de reformas sectoriales aisladas, sino que representaron un intento por alterar uno de los principales patrones de selectividad estratégica del Estado neoliberal: aquel que privilegia la participación del capital financiero en la administración de la seguridad social, la salud y otros bienes públicos. La disputa trascendió el plano técnico o administrativo para cuestionar la forma misma en que el Estado distribuye recursos, organiza la protección social y redefine la relación entre mercado y proyección. Justamente por esa razón, suscitó la reacción de la oligarquía. Lo que las élites dominantes identificaron no fue simplemente un conjunto de proyectos legislativos, sino la posibilidad de que comenzaran a erosionarse algunos de los pilares institucionales sobre los cuales se consolidó la hegemonía neoliberal, especialmente, desde las reformas estructurales de los noventa.

Sin embargo, tal como ha ocurrido en otros momentos decisivos de la historia nacional, la irrupción del proyecto reformista activó una compleja red de resistencias. El bloqueo legislativo por parte de la oposición, el asedio judicial por parte de las Altas Cortes, la oposición de gremios económicos, la ofensiva mediática y el reagrupamiento de viejas élites políticas no constituyeron respuestas aisladas, sino expresiones de una dinámica histórica de larga duración: cuando el equilibrio tradicional del poder comienza a desplazarse y los patrones estructurales del régimen dominante son removidos, las fuerzas políticas y económicas encargadas de preservarlo reaccionan para contener dicho proceso.

Ahora bien, reducir el desenlace de este ciclo reformista a la sola capacidad de reacción de las élites es ignorar la realidad de nuestros propios desaciertos. La izquierda progresista también encontró limites en su horizonte estratégico de cambio. La principal de ellas consistió en depositar una confianza excesiva en la capacidad transformadora del parlamentarismo y en la posibilidad de construir un nuevo pacto social democrático a través de acuerdos institucionales con sectores del establecimiento. El famoso Acuerdo Nacional, las sucesivas negociaciones legislativas y la búsqueda permanente de acuerdos parlamentarios partían del supuesto equívoco de que el Estado constituía un terreno relativamente neutral sobre el cual podían construirse mayorías reformistas.

Pero la experiencia de gobierno demostró que las instituciones estatales no operan como meros escenarios de deliberación democrática, sino que condensan relaciones históricas de fuerzas y patrones de selectividad estratégica que favorecen la reproducción del orden existente. El bloqueo sistemático de las reformas confirmó que el problema no residía únicamente en la falta de mayorías parlamentarias, sino en el carácter estructuralmente selectivo del Estado capitalista. La estrategia parlamentaria terminó desplazando la movilización social como vehículo de transformación y concentró el margen de acción del gobierno en un terreno en el que las fuerzas de restauración siempre han ganado el pulso.

A esa limitación estratégica se sumó el progresivo desgaste político del Gobierno del Cambio. Los sucesivos escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, las fracturas internas de la coalición de gobierno y las dificultades para mantener a la dirección política cohesionada deterioraron los márgenes de posibilidad con los que el progresismo había llegado al poder. Aunque muchos de estos episodios fueron amplificados por la maquinaria mediática, también evidenciaron las dificultades internas en la construcción de un proyecto de poder popular, debilitando su capacidad para sostener el programa reformista y erosionando parte del respaldo social conquistado durante el ciclo de movilizaciones de 2021.

Algo similar ocurrió con la política de Paz Total. Concebida inicialmente como una apuesta por transformar las condiciones estructurales de la violencia y abrir un nuevo horizonte para la implementación integral del Acuerdo de Paz, terminó atrapada entre la persistencia de economías ilegales, la fragmentación de los actores armados, las dificultades institucionales para coordinar múltiples procesos de negociación y una creciente narrativa de inseguridad impulsada por la oposición. La promesa de una paz con justicia social fue paulatinamente desplazada por la percepción de un Estado incapaz de controlar el territorio, circunstancia que permitió a los sectores más conservadores reinstalar el viejo discurso del orden, la autoridad y la seguridad como ejes centrales de la discusión nacional.

La combinación entre el bloqueo estructural de las élites, las limitaciones estratégicas del progresismo y el desgaste político del gobierno terminó clausurando las condiciones que habían hecho posible el ciclo democratizador abierto en 2022. Lo que comenzó como una oportunidad histórica para modificar algunos de los engranajes del Estado neoliberal concluye con el cierre de un ciclo reformista de baja intensidad, pero dejándonos una enseñanza fundamental: ninguna transformación puede descansar exclusivamente en la gestión gubernamental ni en las mayorías parlamentarias. La democratización del Estado exige, al mismo tiempo, una correlación de fuerzas favorable a nivel institucional y una capacidad permanente de movilización social y organización popular.

En ausencia de esa articulación, incluso las reformas más ambiciosas terminan subordinadas a los límites estratégicos del Estado y a los intereses dominantes. Ahora bien, la pregunta que hoy atraviesa la política nacional no es solo si el Gobierno Petro logró o no desarrollar su programa, sino si el ciclo democrático abierto en 2022 va a ser sustituido por un nuevo momento de cierre institucional, por la restauración oligárquica y por una nueva hegemonía neoconservadora; aun sabiendo que el péndulo entre democracia y autoritarismo no constituye un destino trágico ni una fatalidad histórica, sino que es producto de la correlación de fuerzas sociales-políticas, de la capacidad de organización y movilización de las clases populares y de la inteligencia estratégica con la que se asuma cada coyuntura política.

La restauración conservadora no expresa el triunfo definitivo del bloque dominante, del mismo modo que la apertura democrática inaugurada en 2022 tampoco fue el desenlace natural de la historia: ambas son el resultado de la evolución de la lucha de clases, del desarrollo de estrategias y del grado de organización de cada fuerza en el Estado. El futuro democrático de Colombia dependerá, en consecuencia, de la capacidad que tenga la izquierda institucional y el campo popular para replantear su estrategia política, reestructurar sus fuerzas internas, redefinir su programa político y contener la deriva autoritaria.