Editorial Militancia y Sociedad
En distintas entregas, nuestra editorial ha insistido en la necesidad de abordar el nuevo ciclo político colombiano desde el punto de vista estratégico y organizativo. Hemos planteado que la izquierda democrática debe reconstruir su estrategia política en torno a tres objetivos: (i) rearticular las bases sociales-populares del Pacto Histórico al nuevo proceso de reorganización partidista; (ii) afianzar su fuerza socio-territorial de cara a la disputa electoral en las regionales del 2027; (iii) proponer mecanismos de movilización jurídico-normativa para contener la deriva autoritaria y el ajuste estructural del Gobierno de De La Espriella; (iv) conformar un gabinete alternativo que, por un lado, defienda el programa de reformas sociales progresistas y, del otro, mantenga un trabajo permanente de activación de la movilización social. Lo fundamental, a nuestro juicio, es abrir un espacio de discusión alrededor de la estrategia de organización político-popular por fuera de los centros de poder
Hace algunas semanas, el Pacto Histórico informó algunos
avances en ese sentido: por un lado, hizo un llamado al reagrupamiento de
fuerzas mediante el primer congreso de la coalición; del otro lado, anunció la
conformación de un gabinete alternativo para hacer seguimiento técnico a la
agenda contrarreformista de De La Espriella y perfilar el programa de reformas
que se defenderán en el próximo período legislativo. Sin embargo, queda
pendiente una cuestión fundamental: la rearticulación de las bases
sociales-populares dentro del proceso de reorganización y replanteamiento
estratégico de la izquierda. A raíz de esta desarticulación, se han cuestionado
algunas de las decisiones políticas de la coalición, particularmente, el hecho
de pactar con el Centro Democrático la llegada de Honorio Henríquez a la
presidencia del Senado y no presentar una candidatura alternativa (más allá del resultado).
Justamente, este tipo de situaciones son las que
atraviesan la discusión estratégica sobre el anuncio de desobediencia civil
pacífica. ¿Es un llamado a construir un programa de lucha institucional y extrainstitucional
contra la deriva autoritaria, el ajuste estructural, la persecución de la
oposición, por la defensa del programa de reformas progresistas, la
institucionalidad democrático-republicana y la protección de los derechos
humanos o es un anuncio simplemente para bloquear al Gobierno De La Espriella a
cualquier precio? Estos cuestionamientos son los que se debe plantearse
la dirección del Pacto Histórico al momento de reconstruir su horizonte
estratégico e incorporar sus bases sociales al debate.
En este artículo retomamos, precisamente, la discusión
sobre la desobediencia civil pacífica desde el punto de vista de la estrategia
política para proponer algunos elementos de análisis y algunas claves
organizativas de cara al proceso de recomposición de fuerzas de la izquierda
colombiana. Sugerimos una estrategia política centrada en la reestructuración
de fuerzas del Pacto Histórico, en la reorganización-rearticulación de sus
bases sociales y en la construcción de un programa de lucha que busque, más que
crear escenarios de diálogo, negociación y concertación con el nuevo gobierno,
contener la amenaza autoritaria y configurar un plan de conquista del poder
político para los próximos cuatro años.
i. El problema estratégico de la desobediencia civil
pacífica:
Uno de los principales problemas del anuncio de
desobediencia civil pacífica tiene que ver con la incomprensión de su horizonte
estratégico. Algunos sectores lo vinculan al campo constitucional y al derecho
de desobediencia ante un gobierno ilegítimo, otros lo relacionan con una
estrategia de organización parlamentaria en la que se debe frenar a toda costa
el plan de ajuste del nuevo gobierno, una tercera interpretación lo asocia a
procesos de movilización social permanente y lucha contra la deriva
autoritaria. En estas tres lecturas resalta un elemento común: hacer frente,
mediante mecanismos diferenciados, a la amenaza que representa la extrema
derecha y consolidar el proceso de reorganización de la izquierda.
En ese sentido, un primer elemento que hay que
precisar sobre la desobediencia civil pacífica es su carácter
político-estratégico. No se trata de un problema nominal o conceptual respecto
a la forma “correcta” de denominar el proceso de reorganización de la
izquierda, sino de un problema sobre su orientación política, sus objetivos
inmediatos y las fuerzas que integrarán esta nueva etapa. Desde esa
perspectiva, la desobediencia civil deja de ser un mero anuncio de coyuntura,
un simple instrumento de presión y negociación política para convertirse en un
eje central de la discusión programática y estratégica de la izquierda
colombiana.
Este desplazamiento implica reconocer, entonces, que
no habrá escenarios de negociación o concertación política mientras el nuevo
gobierno y sus fuerzas aliadas mantengan en marcha su programa de ajuste
estructural contra la clase trabajadora y el campo popular. Situación que no se
revertirá en los próximos años. De tal manera que, ni el Pacto Histórico ni las
centrales sindicales ni los espacios organizativos de la Sociedad Civil, podrán
construir una apuesta por la negociación política (tal como ocurrió en el 2021),
sino que el objetivo inmediato de la desobediencia civil pacífica es conformar
un programa de lucha, resistencia y unidad democrática contra el proyecto
autoritario y neoliberal de Abelardo De La Espriella.
De modo tal que ese proceso de construcción
estratégica de la desobediencia civil pacífica debe partir, necesariamente, de
un análisis de la coyuntura política, de un balance de la gestión del Gobierno
Petro, de una caracterización del proyecto político de Abelardo De La Espriella
y de la nueva situación política que se abre en el país tras el triunfo del
bloque reaccionario. De esta caracterización política se desprenden las
principales líneas de la acción estratégica de la izquierda democrática y los
principales componentes reivindicativos del programa político-legislativo de la
oposición. Esto implica tener una doble perspectiva de la lucha política:
primero, una disputa que se desarrolla dentro de las instituciones estatales;
segundo, otra que se da en estrecha articulación con el movimiento popular.
En el primer caso, representa una apuesta por la
consolidación de un gabinete alternativo, el fortalecimiento del programa de
reformas sociales enfocado en su defensa técnica y normativa, en la
reorganización del bloque legislativo de oposición, en el alineamiento de
sectores democráticos y en la construcción de un acuerdo fundamental alrededor
de la protección de la institucionalidad democrática y el blindaje de los
avances sociales. A esta lucha institucional-estatal se suma un segundo
componente relacionado con la preparación de la disputa electoral en los
comicios regionales del 2027.
Al respecto, es importante señalar que el Pacto
Histórico no solo debe fortalecer su estrategia territorial de campaña, ganar
el pulso regional a las fuerzas partidistas tradicionales o solventar los
problemas de democracia interna en la selección de listas y candidaturas, sino
que también debe aprovechar la coyuntura electoral para consolidar el proceso
reorganizativo de la coalición, es decir, las próximas elecciones regionales
deben ayudar a cristalizar el tan mencionado proceso de recomposición de
fuerzas internas, a perfilar el replanteamiento de la estrategia política del
progresismo, a estructurar el programa de reformas sociales, a renovar la
dirección política y a ensanchar la base de militantes del Pacto Histórico.
En el segundo caso, la dimensión de la disputa
política tiene que ver con la organización y movilización del campo popular, la
construcción de espacios asamblearios, la definición de un programa de
movilización permanente, el reconocimiento de la autonomía de los movimientos
sociales, la inclusión de sus intereses dentro del programa de acción política
de la coalición, la ampliación de su capacidad y margen de incidencia al
interior de las decisiones de la izquierda institucional y el diseño de un
sistema partidista-movimientista el cual permita tomar decisiones y afrontar en
conjunto la amenaza autoritaria. Es en ese sentido que el llamado a
desobediencia civil pacífica deja de ser una mera herramienta
constitucional-normativa para convertirse en un el vértice de la estrategia
política de la izquierda.
Al respecto, habría que señalar que la desobediencia
civil de ninguna manera puede interpretarse como una moderación del programa ideológico
y el horizonte político de las fuerzas progresistas; más bien, debe asumirse
como la posibilidad de arrebatarle el monopolio del sentido de la
radicalización política a la extrema derecha. Esto significa agudizar la polarización
del sistema político hacia la izquierda; incluso en el marco de una correlación
de fuerzas desfavorables, es crucial que el Pacto Histórico sea capaz de
instalar un antagonismo de polarización de clase que logre transgredir la
actual cartografía electoral.
De tal manera que la desobediencia civil no se reduce
solo al desdoblamiento de dispositivos jurídicos, utilizándolos en favor de los
intereses populares y las reivindicaciones del campo popular, sino de una
plataforma de reorganización de la izquierda: un espacio en el que se puede
replantear la orientación estratégica del Pacto Histórico, en el que se puede
rearticular las bases sociales-populares de la coalición, pero además un
escenario que puede permitir la cualificación de las portavocías legislativas
del progresismo, el fortalecimiento de la agenda reformista y, sobre todo, la
construcción de un plan de movilización permanente orientado a contener la
deriva autoritaria del Gobierno de De La Espriella.
En síntesis, algunas de las ideas que se podrían
explorar frente a la desobediencia civil pacífica tienen que ver i. con
la rearticulación de las bases sociales del Pacto Histórico mediante la
creación de asambleas populares; ii. la creación de Consejos
Ciudadanos del Pacto Histórico que fortalezcan el ejercicio de control
político, democracia interna, apoyo técnico y social al programa de reformas
progresistas; iii. con la convocatoria a Congresos Regionales y a
un primer gran Congreso Nacional del Pacto Histórico, que articule el proceso
asambleario popular y defina las líneas de acción estratégica de la coalición; iv.
con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas de las
portavocías progresistas a través de la creación de un gabinete paralelo con
participación de cuadros de militantes del Pacto Histórico y de la Sociedad
Civil organizada; v. con la construcción de un programa de
defensa y disputa de las reformas sociales, de análisis técnico-normativo y de
su aprobación interna; vi. con el diseño de un programa de lucha
social enfocado en la movilización popular, la protección constitucional de la
protesta social y la defensa de los Derechos Humanos.
Publicar un comentario