Por: Santiago Pulido Ruiz
El pensamiento marxista heterodoxo ha propuesto, desde
comienzos del siglo XX, un importante método de análisis de coyuntura que parte
de considerar elementos relacionales y estructurales de cada situación política
para replantear la estrategia política del movimiento revolucionario. Contrario
al determinismo histórico-estructural al que intentaron reducir a la tradición
marxista-socialista, surgieron autores de la talla de Antonio Gramsci, Palmiro
Togliatti, Ernest Mandel y René Zavaleta, entre otros, que insistieron en la
necesidad de un planteamiento político relacional y estratégico de la lucha
revolucionaria. Se trataba de una tesis en la cual la configuración del campo
popular alternativo no podía ser un reducto de la crisis capitalista, sino, por
el contrario, un momento constitutivo de la política de izquierdas.
En conjunto, estos autores plantearon que las
expresiones populares de la lucha de clases no surgen por una suerte de
determinación estructural de la crisis capitalista, sino por un proceso
relacional de fuerzas en el cual el pueblo se organiza y moviliza, de manera
espontánea, contra un régimen de agravios morales y materiales. Aunque
compartían la idea estructuralista de las ondas largas de la crisis
capitalista, tomaron distancia de aquellos pensadores que creían en una
inminente e inevitable caída del régimen de explotación a manos del movimiento
obrero. Para estos intelectuales, la esencia de todo proceso revolucionario no radicaba
en un supuesto “efecto caída” de la crisis, sino en la capacidad de
organización y articulación estratégica del movimiento obrero, es decir, en la
capacidad para conformar un bloque histórico subalterno y popular con alcances
nacionales.
Este tipo de replanteamientos estratégicos, que
invitaban a disputar el concepto de patria y nación, no se daban al margen de
los procesos de movilización popular del siglo XX, sino que surgían,
justamente, como resultado de una valoración crítica de los mismos. De allí
surgiría toda una tradición vinculada a lo nacional-popular que aspiraba no
solo a renovar teórica y conceptualmente la tradición marxista, sino también a
proponer un horizonte estratégico alternativo para el movimiento de
trabajadores. Rescato estos elementos de historia y teoría porque considero que
son pertinentes a la hora de comprender la nueva situación política que se abre
en Colombia con el triunfo de la extrema derecha el pasado 21 de junio, pero
sobre todo porque pueden arrojar luces a la hora de replantear la estrategia
política de la izquierda nacional en tiempos de reacción y autoritarismo.
1. Estructuras y relaciones en la nueva configuración del
mapa político colombiano:
Un primer aporte analítico que se puede rescatar de la
tradición marxista heterodoxa es el del enfoque histórico-relacional o
estratégico-relacional. Desde esta perspectiva, debemos reconocer, en primer
lugar, que el país se ha caracterizado por un dominio prolongado de las
oligarquías, que han establecido un régimen político que, en las formas,
conserva los principios del Estado democrático republicano, pero que, en la
práctica, sostiene mecanismos de conservación de poder de las élites mediante
la guerra interna, la persecución de la oposición y el cierre autoritario ante
procesos de democratización política y social. Es decir, a nivel estructural,
encontramos una trayectoria estatal e institucional que, pese a reconocer la
independencia de poderes, la prevalencia de la Carta Constitucional, la libre
competencia electoral y la supremacía del poder civil, ha soterrado
sistemáticamente la posibilidad de que fuerzas populares y de izquierda lleguen
al poder de Estado.
A esta dimensión estructural del poder político se
suma un patrón de regularidad histórica en el que, por un lado, el régimen político-económico
nacional sigue los lineamientos exógenos de los organismos financieros
multilaterales y de las élites norteamericanas y, del otro, una estructura
institucional que blinda la lógica neoliberal financiarizada de la gestión
pública. En ese sentido, no solo hay una exclusión política estructural de los
proyectos alternativos, sino también un condicionamiento o limitación
estructural a los programas de reforma que busquen revertir ese patrón de
dependencia estructural; que no solo se expresa en el modelo de desarrollo
productivo, sino también en el régimen de seguridad social, en el régimen de
trabajo, en el modelo de educación pública, en la política de lucha contra las
drogas, en la agenda de seguridad nacional, en la diplomacia pública, la
política exterior, entre otras.
Sin embargo, estos entroncamientos estructurales,
siguiendo la tesis del marxismo gramsciano, no son simples adaptaciones
nacionales a fórmulas externas, sino que son procesos de reforma política que
están atravesadas por una determinada configuración de fuerzas políticas a
nivel interno y por una especifica trayectoria institucional. De modo tal que
los patrones estructurales se convierten en una regularidad histórica,
estructural e institucional en la medida que son resultado de la lucha de clase,
de reacomodos en el bloque político, social y económico dominante y de
profundos procesos de transformación estatal en los que se reproducen y blindan
las selectividades estratégicas del Estado neoliberal.
En ese sentido, podemos decir que el triunfo del
Gobierno Petro en 2022 tuvo un doble desafío: avanzar en una transformación
tanto de la forma estructura como de la forma relación del Estado neoliberal colombiano.
En el primer caso, implicaba una transformación de los patrones de selectividad
estratégica que habían sido heredados del neoliberalismo y que estaban
asociados al carácter dependiente de la economía nacional, a los mecanismos de
intermediación financiera en los sistemas de protección y atención social, a la
guerra interna y al conflicto armado como estrategia de conservación del poder
oligárquico, al cierre antidemocrático del régimen político y a la reproducción
de un régimen de desigualdades.
En el segundo caso, significaba una transformación
esencialmente política: en los puestos de representación estatal e
institucional, en la inclusión de las masas populares al Estado, en la
reorganización de una nueva estrategia de conquista del poder político y
control del aparato estatal, en la reactivación movilizatoria del movimiento de
abril y, sobre todo, en una reforma estatal que desenlazara los nudos
estratégicos del régimen neoliberal. En ambos casos, tanto en la forma relación
como en la forma estructura, el Gobierno Petro tuvo avances parciales: aunque
propuso un programa de reformas con una clara orientación antineoliberal o
intentó tímidamente acompañar su gestión de gobierno con movilizaciones
populares, se enfrentó a los límites estructurales del régimen, al bloqueo
legislativo de la oposición, al asedio judicial de las Altas Cortes y a una
estrategia de movilización popular que generó más desconcierto que seguridad en
los movimientos y organizaciones sociales.
Los costos tanto estructurales como relacionales se
trasladaron al terreno electoral del 2026. Frente a un escenario de
estancamiento de las reformas sociales, de cierre legislativo y asedio
judicial, de fracaso de los diálogos de paz con grupos armados, de incremento
de la inseguridad, de reencauche de las élites tradicionales en puestos de
representación estatal, de escándalos de corrupción y de errores estratégicos
de campaña, la extrema derecha logró capitalizar electoralmente un creciente
descontento social y ofrecer una alternativa reaccionaria ante el impasse
institucional. Lo anterior no pretende desconocer los logros de la política
social del Gobierno Nacional ni mucho menos negar la evidente injerencia
norteamericana en el proceso electoral colombiano, simplemente, sitúa las
condiciones políticas e institucionales internas que ayudan a explicar el
triunfo del bloque reaccionario.
Por tal razón, es necesario hacer un balance del
triunfo electoral de la extrema derecha colombiana y sus apuestas estatales en
términos de relaciones y estructuras. Contrario a lo que ocurrió con el
Gobierno Petro, el proyecto político de Abelardo De La Espriella cuenta, desde
el primer momento, con el respaldo pleno de las bancadas legislativas de la
derecha, que, hoy en día, representan una mayoría en el Congreso Nacional. Con
esto, evitaría el costo y el desgaste político del bloqueo legislativo que
enfrentó el progresismo. Además, cuenta con la “suerte” de que las Altas Cortes
no han emitido ningún pronunciamiento frente a las irregularidades que han
enlodado su nombramiento presidencial, particularmente en temas relacionados
con su doble nacionalidad, sus vínculos al departamento de seguridad
norteamericano, su presunta participación en la creación de fundaciones políticas
al servicio del paramilitarismo, sus lazos con hechos de saqueo al sistema de
salud, entre otros.
De tal manera que se han venido dando, tanto desde el
punto de vista relacional como estructural, las condiciones de posibilidad para
que el próximo gobierno desarrolle sin mayores obstáculos o contrapesos una
agenda contrarreformista que revierta los logros sociales del progresismo, que
reinstale la doctrina de seguridad nacional, persecución de la oposición y
terrorismo de Estado, que reestablezca los lazos de dependencia estructural con
el norte global (particularmente con Estados Unidos), que reprivatice los
sistemas de seguridad y protección social, que desarticule el vínculo entre
masas populares e instituciones estatales, y que refuerce los patrones de
selectividad estratégica del Estado neoliberal. Desde luego, son procesos de
contrarreforma sujetos a relaciones de fuerza; de ahí que sea necesario pensar
no solo la configuración de un nuevo proyecto estatal autoritario, sino las
posibilidades de reorganización política y replanteamiento estratégico de la
izquierda.
2. Una lectura estratégico-relacional del
replanteamiento organizativo de la izquierda:
Con el reconocimiento de los resultados electorales de
junio de 2026, el Pacto Histórico anunció una nueva etapa de replanteamiento
estratégico de la izquierda. Este anuncio ha venido acompañado por una serie de
pronunciamientos en los que se ha denunciado irregularidades en el nombramiento
presidencial de Abelardo De La Espriella, en los que se ha realizado un llamado
a la desobediencia civil democrática o en los que se confirma la ruptura del
proceso de empalme entre gobiernos. Más allá de la importancia de cada uno de
estos pronunciamientos, que van evidenciando el carácter abiertamente autoritario
del nuevo gobierno, no ha existido una valoración crítica sobre la estrategia
política del progresismo, ni mucho menos un espacio para replantear el
horizonte emancipatorio de la izquierda colombiana y la rearticulación entre el
campo popular y las estructuras partidistas.
Si bien la dirección del Pacto Histórico ha
comprendido que los resultados de segunda vuelta nos dejan en una nueva
situación política (en la que la izquierda debe construir un bloque de
oposición democrática que contenga la amenaza autoritaria, que confronte el
ajuste estructural del neoliberalismo, que blinde las garantías democráticas,
las libertades individuales y que reactive la organización del movimiento
popular), no han realizado ningún intento de reorganización interna ni de
replanteamiento estratégico con las fuerzas populares que componen la coalición.
Hasta el momento, los anuncios y pronunciamientos (independientemente de que
sean acertados o no) se siguen manejando como en campaña: dentro del círculo ejecutivo
del partido, y al margen de un proceso de deliberación colectiva.
Este tipo de estrategia explica, en parte, por qué al
Pacto Histórico le costó ganar la primera vuelta presidencial y por qué las
bases sociales de la izquierda progresista percibían, a diferencia del 2022, un
distanciamiento respecto a la orientación política de la campaña. De tal manera
que el primer elemento del tan mencionado replanteamiento estratégico de la
izquierda debe empezar por un proceso de rearticulación con las bases sociales
y populares del Pacto Histórico. Es necesario que la dirección política del
progresismo plantee con urgencia un Congreso Nacional del Pacto Histórico que
reúna las expresiones regionales de la coalición, discuta el futuro del partido
y defina las líneas estratégicas de acción política.
Buena parte de la discusión estratégica debe estar
orientada al anuncio de desobediencia civil pacífica. ¿Cuál
es el horizonte estratégico que se desprende de ese anuncio? ¿Está dispuesta la
dirección del Pacto Histórico a sostener un proceso de huelga general en caso
de que la desobediencia venga más bien por cuenta del nuevo proyecto de
gobierno? ¿Cómo se articulará esa resistencia institucional y judicial con
procesos de movilización popular? ¿Qué tan seguros está la dirección de que la
bancada legislativa del progresismo responderá política y estratégicamente a la
amenaza que se abre luego del 7 de agosto? Pero, sobre todo, ¿cómo se está
reorganizando la fuerza social del progresismo para hacer frente a dicha
amenaza?
Son
reparos más desde el punto de vista de la estrategia política y de la
reorganización de fuerzas sociales y populares que del fetichismo liberal de
creer ciegamente en el contrapeso institucional de poderes y la regulación
institucional, que, en el caso colombiano, pierde margen de autonomía y control
cuando se trata de gobiernos de derecha. Por tanto, es necesario avanzar en ese
Congreso Nacional de las fuerzas progresistas con miras a consolidar un proceso
de reorganización popular de los trabajadores, de los campesinos beneficiados
por la política de titulación de tierras, de los jubilados, de los estudiantes,
de las comunidades indígenas y afrodescendientes y, ahí sí, definir cuál es la
estrategia política que desarrollarán las fuerzas alternativas ante la
contraofensiva autoritaria y el ajuste neoliberal.
Un
segundo elemento de ese replanteamiento estratégico tiene que ver con el
proceso de movilización jurídica y normativa. Es clave que, tras las denuncias
presentadas por el Pacto Histórico luego del reconocimiento de los resultados
electorales, se exija a los Altos Tribunales tomar decisiones judiciales en
torno a las arbitrariedades e ilegalidades que han rodeado el posicionamiento
presidencial de Abelardo De La Espriella. Esta presión judicial no constituye
el centro de la estrategia política de la izquierda ni tampoco representa un
mecanismo que vaya a modificar la relación de fuerzas nacionales o revertir los
efectos de la derrota electoral. Simplemente es una herramienta o instrumento a
través del cual se pueden defender principios democráticos, constitucionales y blindar
los avances sociales.
Un
tercer elemento que se ha propuesto desde algunos portavoces legislativos del
Pacto Histórico es la creación de un gabinete paralelo o un equipo de
asesoramiento técnico y político de la oposición que, por un lado, defienda el
programa de reformas que instaló el Gobierno Petro, reorganice el bloque de
oposición progresista en el Congreso Nacional, articule una votación por
cámaras para contener la contraofensiva autoritaria y neoliberal de De La
Espriella y que, por otro lado, informe a la Sociedad Civil sobre iniciativas
en curso, construya consejos ciudadanos para fortalecer el control político a
la agenda contrarreformista de la derecha y amplíe los márgenes de acción
política del campo popular.
Es
fundamental que la creación de ese gabinete paralelo esté acompañada por un
proceso de fortalecimiento de la formación de cuadros regionales. Estos cuatro
años de gobierno evidenciaron una profunda crisis técnica, política e
intelectual en los cuadros de izquierda y en los representantes legislativos del
Pacto Histórico. Por tanto, es necesario replantear nuestros procesos internos
de formación política. Con esto, se podría superar la crisis intelectual por la
que atraviesa una buena parte de la dirección progresista, renovar e integrar
nuevas militancias a nuestro proyecto político, desarrollar un programa de
defensa técnica y jurídica de la política social, laboral, salarial, pensional
y tributaria del Gobierno Petro y, sobre todo, cualificar técnicamente las
portavocías del progresismo en el legislativo.
Pero
además de cumplir funciones de asesoramiento legislativo, ese gabinete “en las
sombras” debe mantener un estrecho vínculo con los movimientos sociales y el
proceso reorganizativo del campo popular. Esto implica recuperar una de las
lecciones estratégicas más importantes del Paro Nacional: la movilización
permanente no es un simple recurso o un repertorio de acción que puede utilizar
la izquierda para presionar al establecimiento o para establecer negociaciones
con el poder, sino que constituye una estrategia de acción política, una forma de
reorganización del movimiento popular, un mecanismo de rearticulación de
actores del orden plebeyo y subalterno. La movilización permanente, más que un
instrumento de presión política, es un proceso de reorganización del mundo
popular, de encadenamiento de sus agendas e intereses y un espacio de creación
de alternativas.
Estos
tres principios -el de
rearticulación de las bases sociales del Pacto Histórico, el de la movilización
jurídica y normativa, y el de la creación de un gabinete paralelo- puede ser
algunos de los posibles caminos que tome el replanteamiento estratégico de la
izquierda colombiano. Lo fundamental es que, independientemente de la dirección
que asuma el Pacto Histórico, se abra un espacio de discusión alrededor de la
estrategia de organización política-popular por fuera de los centros de poder.
Vendrán cuatro
largos años de ataques al movimiento social, de persecución a la izquierda
parlamentaria, de ajustes estructurales contra la clase trabajadora, de
desmonte de los programas sociales, de privatización de los sistemas de
atención y protección social y de reforzamiento del autoritarismo neoliberal.
Más vale preparar la nueva batalla contra oligarquía: ¡reorganización
legislativa, replanteamiento estratégico del movimiento popular y defensa de la
soberanía nacional!
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