Por: Santiago Pulido Ruiz
Luego de conocerse los resultados electorales del 31
de mayo, en los que el candidato de extrema derecha, Abelardo De La Espriella, toma
la ventaja sobre Iván Cepeda, y en los que el “centro” reúne un poco más de un
millón de votos determinantes para segunda vuelta, se ha publicado por parte
del sector político de Sergio Fajardo un decálogo de propuestas de cara a los
comicios del 21 de junio. Para algunos medios, las diez exigencias de Sergio
Fajardo alejan cualquier posibilidad de unión con Iván Cepeda, sin embargo, por
las características de la presentación de las propuestas -enfocadas
particularmente en los principales puntos programáticos del Pacto Histórico- parece
haber en el fondo una invitación al diálogo y a la unidad democrática.
El decálogo comienza, como es habitual en los
discursos del centro, con un llamado al cese de la polarización e insta a los
candidatos a “civilizar, moderar y rebajar la crispación”. El segundo punto,
que corresponde a la agenda progresista, tiene que ver con la protección de la
Carta Constitucional del 91’, la independencia de poderes y la renuncia a
cualquier intento de Asamblea Nacional Constituyente. En tercer lugar, se hace
referencia a un estrategia anticorrupción y anti-impunidad. En cuarto lugar, se
propone el fin de la Paz Total y la reconfiguración de una estrategia de seguridad
y pacificación nacional. En quinto lugar, se retoma la propuesta de “Colombia
la más educada”, como un plan de fortalecimiento de la educación como escalera
de movilidad social.
En estos 5 primeros puntos se identifican claras
referencias al programa de la izquierda progresista: desde la protección de la Constitución
del 91’ hasta el fin de la Paz Total, pasando por medidas anticorrupción y
reformas al sistema público de educación. Al respecto, caben hacer algunas precisiones:
primero, el cese de la polarización solo será posible si las fuerzas democráticas
del país se unen en torno a contener la amenaza autoritaria que representa Abelardo
De La Espriella. En un contexto donde se juega el orden institucional
republicano, no existe punto medio entre el quiebre de la democracia o su defensa:
o pactamos un acuerdo sobre lo fundamental o dejamos abierto el camino a las
fuerzas reaccionarias.
Segundo, desde el Gobierno Nacional y desde la campaña
de Iván Cepeda Presidente se ha anunciado el desmonte de la iniciativa de la
Asamblea Nacional Constituyente, en un claro mensaje de diálogo y articulación
democrática de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, este anuncio debe ser
también una invitación a examinar los límites estructurales de nuestra Carta
Constitucional: lejos de las derivas autoritarias que teme el centrismo, distintos
investigadores han identificado una serie de patrones constitucionales que refuerzan
la lógica de desigualdad del neoliberalismo. De modo tal que debemos conversar
sobre la identificación y transformación de esos mecanismos jurídicos de desigualdad.
Tercero, sobre las propuestas anticorrupción, fin de
la Paz Total y “Colombia la más educada”, el Pacto Histórico, más específicamente
la campaña de Iván Cepeda Presidente, ha sido autocrítico con los resultados del
actual gobierno. Desde el progresismo, se ha aclarado que debe existir un plan
estructural para combatir la corrupción como un problema sistémico, llevando a
los tribunales a los responsables de desfalcos al presupuesto público, incluidos
los cuadros de la izquierda que hayan incurrido en dicho delito. Asimismo, se
ha hecho una valoración crítica de los resultados de la Paz Total, reconociendo
que la estrategia de negociación y pacificación territorial debe ser
replanteada. Teniendo en cuenta estos elementos, podemos dialogar en torno a
cómo las fuerzas democráticas entendemos esa estrategia anticorrupción, ese
plan de pacificación nacional y cómo transformamos, de manera progresiva, el
sistema de educación pública del país.
Los restantes 5 puntos del decálogo de Sergio Fajardo
giran alrededor del sistema público de salud, garantizando atención oportuna,
medicamentos disponibles y bienestar para el personal médico; de la política de
juventud, que considere oportunidades de educación, trabajo y atención a la
salud mental; de un régimen de Estado que garantice y profundice los derechos
sociales consagrados en la Constitución del 91’, desde el respeto a las
libertades individuales hasta la atención y presencia institucional en
territorios; de un desarrollo productivo con inclusión social, que promueva una
política desarrollista que proporcione prosperidad y bienestar; de una política
exterior profesional y al servicio de la gente, que defienda los principios de
soberanía nacional y rechace cualquier injerencia extranjera.
Aquí, nuevamente, se condensa una posibilidad de
diálogo con el centrismo: desde el Pacto Histórico, somos los primeros en reconocer
que debe existir un acuerdo nacional en torno a la transformación del sistema
público de salud, pero ese acuerdo debe partir del hecho de que la
intermediación financiera de las EPS ha quebrado al sistema, ha impedido una
atención oportuna a los pacientes, ha negado el acceso a medicamentos y ha
deteriorado las condiciones de trabajo del personal médico. Podemos discutir la
manera en la que se puede hacer frente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos
y atención del sistema, pero lo que no podemos pasar por alto es que dicha
crisis tiene una causa estructural: el modelo de organización e intermediación financiera
de las EPS promulgado con la ley 100 de 1993.
Si se quiere garantizar atención médica oportuna en los
territorios, no solo debemos acordar una estrategia inmediata de contención de
la crisis, sino también una reforma estructural que transforme el modelo, que ponga
en cintura a los empresarios de salud y que lleve a los tribunales a los
responsables de casos de corrupción. Respecto a la política de juventud y al
régimen de Estado, existe una posibilidad de diálogo en la que revisemos cómo
profundizamos los avances dados durante este gobierno: la Política Nacional de Juventud, que busca
mejorar las condiciones de vida, el ejercicio plano de la ciudadanía y el
desarrollo de las capacidades de los jóvenes, es un insumo fundamental; del
mismo modo, el Gobierno Nacional ha avanzado en una estrategia de
reordenamiento de las partidas presupuestales, de modo tal que se garantice el financiamiento
justo a los territorios. Sobre esos dos componentes puede trazarse un acuerdo político
entre las fuerzas democráticas.
Finalmente, en torno a la política de desarrollo
productivo con inclusión social y la política exterior profesional, existen una
serie de transformaciones y cambios que, en teoría, podrían facilitar un
acuerdo con los sectores de centro. Desde el Pacto Histórico, hemos defendido
una estrategia de crecimiento económico con justicia social, esto implica
transformar la matriz económica dependiente del carbón y el petróleo por una
matriz basada en la agroindustria, el turismo sostenible y la economía popular.
Nuestra propuesta sostiene que es posible transitar hacia una estructura
productiva de energías limpias, que genere valor agregado, que se sostenga,
fundamentalmente, en economías de pequeña y mediana escala, y en la que el
Estado pueda financiar proyectos productivos e implementar mecanismos de
redistribución del ingreso a las capas populares más empobrecidas.
Esta propuesta se complementa con una estrategia de
progresividad del ingreso laboral, en la que el aumento del salario vital crea
un estímulo a la demanda agregada, lo que dinamiza el crecimiento económico e impacta,
como hemos visto en los últimos cuatro años, en los niveles de desocupación y
pobreza monetaria. Algo similar ocurre con la política exterior colombiana, que
Sergio Fajardo considera está maniatada a los intereses coyunturales del
gobierno de turno. Si bien existen puntos de acuerdo con lo que presenta el
decálogo, sobre todo al momento de rechazar la injerencia estadounidense en las
elecciones y salir a defender la soberanía nacional, es importante señalar que
el servicio exterior es, quizá, uno de los campos institucionales donde más se
ha vivido transformaciones en un sentido progresista.
Durante estos últimos años, la Cancillería y el
Ministerio de Relaciones Exteriores ha replanteado su metodología de atención a
connacionales en el exterior: reconociendo trayectorias de desigualdad en cada caso
de atención migratoria, complejizando el análisis institucional sobre las
causas de movilidad humana y migración, brindando mecanismos de protección
diferencial en contextos de violencia, persecución o crisis climática e
incluyendo la diplomacia de los pueblos y la Política Exterior Feminista como
nuevas formas de diplomacia pública. Además de esto, ha implementado un
programa de descentralización y territorialización del conocimiento
diplomático, permitiendo a sectores y regiones, históricamente excluidas,
acceder a oportunidades de formación en el servicio exterior.
Aunque tenga reparos con la idea general de Sergio
Fajardo de presentar un decálogo a modo de exigencias, sobre todo porque no
presenta ni siquiera una caracterización o un análisis sobre la coyuntura
política, sí creo que es necesario responder a sus sugerencias, mostrar los
avances que ha conseguido el Pacto Histórico y abrir la puerta a un eventual
escenario de diálogo y unidad democrática. Si el decálogo es, en realidad, un
ejercicio de honestidad política e intelectual, Sergio Fajardo debe abrir las
puertas para establecer un acuerdo con Iván Cepeda: uno que defienda la
institucionalidad democrática, contenga la amenaza autoritaria y trace unas
líneas generales sobre la agenda social del país.
Al centrismo le proponemos algo básico: unámonos para
derrotar la amenaza neofascista. Seamos quienes hagan avanzar
la agenda social del país, lleguemos a un acuerdo sobre lo fundamental y
extendamos el régimen de derechos. Para eso tendremos
legislatura y, de llegarse a un acuerdo, también gobierno.
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