Primero de Mayo: la onda larga de la crisis capitalista, el retorno de la lucha de clases y la disputa por el Estado en Colombia

Por: Santiago Pulido Ruiz

Las crisis capitalistas han sido frecuentemente interpretadas por el pensamiento socialista como momentos constitutivos de la lucha de clases. Durante los años 70’, una vez extinguida la hoguera de Mayo del 68’, el marxismo europeo y latinoamericano dedicó buena parte de sus esfuerzos a comprender la crisis capitalista en curso, la transformación de los Estados occidentales contemporáneos y el ascenso de la lucha de clases. En ese contexto surgiría, de la mano de Ernest Mandel, el concepto de ondas largas de la crisis capitalista, que alertaba sobre un nuevo ciclo de constreñimiento económico global luego de la era dorada del capital.

De acuerdo con Mandel, el desarrollo capitalista se caracteriza por fluctuaciones a largo plazo de la tasa de beneficio que, a su vez, determinan en última instancia el ritmo de acumulación del capital (el crecimiento económico y la expansión en el mercado mundial). Sin embargo, este ritmo de acumulación no es lineal, sino que enfrenta periódicamente ciclos de estancamiento y constreñimiento económico en los cuales el capital, confrontado a la caída de la rentabilidad, despliega estrategias de restauración de la tasa de ganancia mediante una ofensiva directa sobre el trabajo: intensificando la explotación, comprimiendo los salarios, precarizando las condiciones laborales y reestructurando las relaciones productivas.

No casualmente, en el marco de esta crisis generalizada de la tasa de beneficio de los años setenta, el régimen neoliberal aparece como una alternativa de reorganización de la explotación capitalista. A través del Estado, las clases dominantes lograron reestablecer sus tasas de rendimiento mediante un conjunto articulado de reformas estructurales orientadas a recomponer la rentabilidad del capital. La desregulación de los mercados laborales, la flexibilización y precarización del empleo, la contención y disciplinamiento salarial, el debilitamiento de la organización sindical y la reconfiguración de los sistemas de protección social hicieron parte del abanico de decisiones del bloque social dominante.

El neoliberalismo constituyó, en ese sentido, una estrategia histórica de restauración de la tasa de ganancia que desplazó los costos de la crisis hacia el trabajo, intensificando la extracción de plusvalor y reordenando las relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas. Sobre esta base, se desarrollarían más de treinta años de planes de ajuste estructural y programas de reestructuración productiva encaminados a la liberalización de los mercados, la desmovilización y fragmentación de la clase trabajadora y la recomposición disciplinaria del trabajo. Este proceso permitió, en términos agregados, una recuperación de las tasas de beneficio, al tiempo que consolidó la hegemonía de una nueva fracción del capital -crecientemente financiarizada- que encontró en la expansión del crédito, la especulación y la valorización ficticia del capital el eje central de un nuevo esquema acumulativo.

Sin embargo, las propias contradicciones de este patrón de acumulación desembocarían en una nueva crisis sistémica, expresada en la crisis financiera global de 2008, que reabrió los límites estructurales de la valorización capitalista y revalidó, una vez más en la historia, la teoría de las ondas largas del desarrollo capitalista. Es decir, antes que inaugurar un nuevo ciclo expansivo sostenido del capital, este episodio dio paso a un período caracterizado por un renovado ascenso de la lucha de clases, en el que las estrategias de recomposición de la tasa de ganancia enfrentaron límites estructurales y resistencias sociales crecientes, lideradas fundamentalmente por el pueblo trabajador y por los movimientos populares.

En ese contexto, los intentos de restablecimiento de las condiciones estables de acumulación capitalista resultaron, en su mayoría, parciales o fallidos, abriendo un escenario de mayor conflictividad redistributiva, disputas en torno al trabajo y reconfiguraciones en las formas de intervención estatal. América Latina se convirtió, en ese sentido, en un laboratorio particularmente interesante: durante el ciclo de gobiernos progresistas, que apalancaron su política social en la bonanza global de materias primas y los altos precios internacionales del petróleo, se generaron condiciones para una recuperación parcial de los márgenes de acción estatal y una redistribución favorable al mundo trabajo.

A contrapelo de lo que sucedía en buena parte del mundo, la región comenzó a experimentar un período de descenso de la desigualdad social, sustentado en el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales, así como en una cierta recomposición del poder de negociación de la clase trabajadora, sin que ello implicara una superación de las restricciones estructurales del patrón de acumulación neoliberal. Estos avances se apoyaron en condiciones coyunturales favorables más que en transformaciones orgánicas del proceso de acumulación, por lo que optaron por mantener las bases de dependencia externa, gestionar la vulnerabilidad frente a ciclos internacionales y dar una primacía a la valorización del capital internacional sobre la sostenibilidad de las conquistas laborales.  

No obstante, la caída de los precios internacionales del petróleo en el 2014, junto con el agudizamiento de las contradicciones internas del ciclo progresista latinoamericano, marcaría una etapa de agotamiento de esta estrategia, debilitando la articulación entre movimiento obrero y acción estatal, y reabriendo el terreno para nuevas ofensivas de recomposición del capital.  Este punto de inflexión puso en evidencia los límites de una redistribución apoyada en rentas extraordinarias, dando paso a presiones renovadas por la restauración de la rentabilidad mediante ajustes fiscales, reconfiguraciones regresivas del gasto público y un renovado disciplinamiento del trabajo, en un contexto de rebasculamiento de fuerzas estatales.

Hoy por hoy, cada uno de los países que hicieron parte de este ciclo enfrentan una fuerte arremetida autoritaria por parte del capital. Lo que en su momento representó una esperanza para la clase trabajadora del continente se convirtió, con el transcurso de los años, en un nuevo intento de restauración disciplinaria ante las dificultades persistentes para estabilizar la tasa de ganancia. Allí donde vimos proyectos nacional-populares victoriosos, la nueva década trajo endurecimiento de los regímenes laborales, recentralización del poder estatal en manos de élites empresariales, criminalización de la protesta social y reconfiguración de los dispositivos institucionales orientados a garantizar condiciones óptimas para la valorización capitalista, incluso a costa de la erosión de conquistas sociales previamente alcanzadas.

Es a la luz de esta trayectoria que conviene plantear una serie de lecciones estratégicas -desde el concepto de la onda larga de crisis capitalista- para el actual proceso de cambio que vive Colombia. Primero, es importante reconocer que este ciclo progresista emerge, a diferencia de los gobiernos nacional-populares latinoamericanos, en un contexto internacional más restrictivo, caracterizado por menores márgenes externos para sostener políticas redistributivas. Esto ha obligado al Gobierno Nacional a sostener su plan de progresividad del ingreso y de reforma laboral sobre la base del crecimiento económico interno, afianzado, principalmente, en el repunte del sector agrícola, la política de titulación de tierras y la reactivación de la economía popular.

Esta estrategia marca un punto de diferencia respecto al ciclo de gobiernos progresistas previos, que sostenían sus avances en materia laboral y salarial sobre la base de la renta petrolera y primario-exportadora. En el caso colombiano, se ha intentado avanzar en un proceso de transformación del régimen del trabajo que tiene como correlato el crecimiento interno de la productividad. Sin embargo, esto plantea un desafío: cómo lograr que ese repunte del sector agrícola (principal actividad económica hoy del PIB), ese proceso de titulación de tierras y esa reactivación de la economía popular reestructuren, en el mediano plazo, el patrón de acumulación de capital y deriven en un proceso de industrialización nacional sostenido por pequeñas y medianas unidades productivas. 

Más allá de que no exista una única fórmula única para resolver tal encrucijada, lo que sí resulta claro es que para conseguir tal objetivo es necesario seguir sumando victorias electorales, pero, sobre todo, convertir al Estado en un espacio de articulación entre el proyecto progresista y las clases populares. De ese engranaje "Estado - Campo Popular" depende no solo la continuidad, sino la profundización e incluso la radicalización del ciclo de reformas progresistas. Se trataría de tensionar el carácter del Estado como mediación de la reproducción del Capital, ampliando su permeabilidad a las demandas del trabajo. De hecho, distintas experiencias latinoamericanas muestran que dicha articulación no implica necesariamente la desmovilización o institucionalización de los sectores populares, sino que, por el contrario, puede propiciar una integración conflictiva en la esfera estatal, desde la cual se desplieguen agendas de carácter clasista-socialista. 

Ahora bien, que Colombia no dependa actualmente de rentas externas para sostener su política redistributiva no implica que deba renunciar a la posibilidad de aprovechar los marcos de oportunidad en el escenario internacional. Es posible crear un proceso de convergencia entre bonanzas globales, crecimiento económico y redistribución siempre que se proteja la estructura económico-productiva nacional ante shocks externos y mecanismos de reproducción de la dependencia. Justamente, la experiencia latinoamericana reciente muestra que una apertura económica internacional con objetivos redistributivos, pero desprovista de una estrategia interna de desarrollo, tiende a restablecer las tasas de beneficio del capital y, por esa vía, desmantelar las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora.

Por esta razón, es fundamental que la estrategia de transformación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores se plantee en términos de un cambio en el patrón de acumulación de capital. Solo transformando el régimen acumulativo y construyendo un modelo de desarrollo endógeno es posible dar continuidad a una política de progresividad del ingreso y de reforma laboral, sin quedar expuestos en el camino a la contraofensiva del capital, orientada a recomponer la tasa de ganancia. Cabe señalar que una transformación de este tipo requiere, inextricablemente, de un proceso de radicalización de las fuerzas progresistas y de reorganización política de la clase trabajadora.

De cierto modo, Colombia está atravesando por estas contradicciones: se ha venido configurando un escenario en el que el despliegue de políticas favorables al trabajo ha intensificado la conflictividad y reacción de las clases dominantes, en la medida que estos sectores han buscado, a través del Estado y los puestos de representación legislativa, revertir las reformas laborales y restablecer, por ese medio, los mecanismos de disciplinamiento laboral y control institucional, abriendo así una nueva fase de disputa y lucha de clases en torno a las formas concretas que asume la relación entre Estado, Capital y Trabajo.

Es tarea de la clase trabajadora leer estratégicamente el momento histórico del país, entender que la lucha de clases se ha instalado al interior del Estado y que, si bien, una fracción de las fuerzas progresistas intenta gestionar la conflictividad de clases, blindando las tasas de rentabilidad del Capital y dando buenas señales de comportamiento económico a los empresarios y organismos internacionales, la disputa, tarde o temprano, llevará a un punto de no retorno en la confrontación interclasista. Más vale preparar el momento de la lucha. Por ahora, es importante reorganizar las alternativas socialistas y anticapitalistas, movilizarlas y nutrirlas de teoría. Que esta nota sea un primer paso en esa dirección.