Por: Santiago Pulido Ruiz
La redistribución del ingreso se ha convertido, para
sorpresa de muchos, en la principal bandera política del progresismo
colombiano. A lo largo de estos cuatro años, el Gobierno Nacional ha impulsado
una política de progresividad del ingreso laboral, reflejada en un incremento
nominal acumulado del 75.09% del salario mínimo, pasando de un millón de pesos
en 2022 a más de un millón setecientos mil proyectados para 2026. Se trata de
una cifra sin precedentes recientes en el país, comparable únicamente con la
registrada a mediados de los noventa, durante el Gobierno Samper, cuando el
incremento acumulado alcanzó el 71%.
En términos reales (descontando el efecto
inflacionario), el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha aumentado de
forma histórica, registrando un crecimiento real superior al 17.7% hacia finales
del 2025. Esta medida marca varios puntos de ruptura respecto al consenso
neoliberal de los anteriores gobiernos: por un lado, es una decisión que rompe
política y económicamente con el esquema de distribución salarial de la teoría
neoclásica, al desligar el incremento de la regla de ajuste fiscal y de las
metas inflacionarias -marcadores que habían restringido, históricamente, la
expansión del poder adquisitivo de los trabajadores-; por otro lado, es una medida
que reconoce el conflicto distributivo entre clases al interior del Estado, asumiendo
una defensa institucional a favor del mundo del trabajo.
Es decir, es una medida progresiva no solo por el
hecho de que modifica la lógica neoclásica de asignación y distribución
salarial, sino también porque desnuda la lucha de clases al interior del Estado.
En el marco de esa confrontación, el Gobierno ha establecido una articulación
estratégica con las organizaciones sindicales, dando forma a un programa
económico centrado en la redistribución del excedente económico, mientras las
clases dominantes han tenido que reorganizarse en torno al saboteo legislativo
y la contención judicial. Sin embargo, el aspecto más significativo
de la medida radica en que es una de las primeras iniciativas del Gobierno que
logra escapar al estancamiento de las reformas sociales, cuya aprobación ha
quedado frenada en el Congreso Nacional o en los Altos Tribunales.
Justamente, la propuesta económica y laboral de Iván
Cepeda y Aida Quilcué se enmarca en esta serie de contradicciones: es un
programa que, abiertamente, ha defendido la progresividad del ingreso laboral y
que, por tanto, continuará con el esquema de distribución del progresismo; pero
que al mismo tiempo enfrentará, en un eventual gobierno, el asedio de las
clases dominantes organizadas en torno a la estrategia de saboteo legislativo y
contención judicial. Por lo que es necesario no solo extender la política de
progresividad, sino preparar y organizar la disputa al interior del Estado. En este
artículo, reconstruimos algunas claves analíticas y estratégicas en torno al
conflicto distributivo y salarial en Colombia, situando la propuesta económica
de Iván Cepeda y Aida Quilcué como una alternativa redistributiva y una apuesta
de crecimiento con justicia social.
Un breve repaso por los debates teóricos en torno a la
distribución del ingreso:
Uno de los principales debates en teoría de las
desigualdades es el de la distribución del ingreso. Desde finales del siglo
XVIII, la filosofía política -principalmente de tradición
democrático-republicana- ha abordado esta problemática a través del vínculo
entre libertad e igualdad. Rousseau fue uno de los primeros contractualistas
republicanos en sostener que una libertad plena requiere, por lo menos, de
cuatro condiciones de igualdad: i. mitigar el sufrimiento por una mala
asignación de recursos en la sociedad; ii. impedir que una parte de la
sociedad domine a la otra; iii. evitar desigualdades sociales asociadas
a que aquellos con posición más baja de poder puedan ser considerados como
inferiores; iv. promover una sociedad política con ciudadanos iguales
como mayor expresión de igualdad.
Este debate, que inició en el campo de la teoría de la
justicia y el derecho, saltó rápidamente al ámbito de la economía política. En
sus Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza
de las naciones, Adam Smith se dedicó a analizar los principios
distributivos de la renta nacional anual o el ingreso nacional entre clases. Para
el escocés, existía una relación estrecha entre la quiebra de las condiciones
competitivas en el mercado de trabajo y la rebaja artificial de los salarios.
Es decir, en condiciones de imperfección de competencia capitalista, los
salarios eran siempre los primeros en ser sacrificados para sostener la tasa de
ganancia empresarial. No obstante, para Smith, no era suficiente con
“perfeccionar las condiciones de competencia, sino que defendió abiertamente la
necesidad de mejorar los estándares de vida de los trabajadores mediante altos
salarios per cápita.
Aunque los trabajos de Smith fueron muchas veces objeto
de tergiversación, representaron, sin lugar a duda, una fuente de investigación
pionera en el estudio de las dinámicas de la desigualdad económica o de la
distribución funcional de la renta. Otro autor que hizo parte de la discusión alrededor
de la distribución del ingreso y los salarios fue Thomas Malthus. Para el
inglés, la población tendía a crecer proporcional y sistemáticamente más que la
disponibilidad de recursos ante las restricciones naturales, conduciendo al
encarecimiento de los alimentos y a la imposibilidad de un mejoramiento del
salario real de los trabajadores por encima del nivel de subsistencia. En esto
consistiría la Ley de Hierro de los Salarios: el ingreso debía establecerse sobre
un nivel mínimo estrictamente necesario para la subsistencia y reproducción del
trabajador.
Esta Ley de Hierro sería, en adelante, objeto de
discusión de buena parte de la teoría económica. En el caso de Ricardo, se
distanciaría de Malthus para recuperar las reflexiones pioneras de Adam Smith.
El economista inglés aceptaba las principales formulaciones de la teoría del
equilibrio económico vía mecanismo de mercado, pero sostenía, contrario a
Smith, que el aumento general de salarios entrañaba una reducción de
beneficios, que, sin embargo, no afectaba el nivel de precios. Para Ricardo, era
necesario una adecuada unidad de medida porque dependiendo de la elección de
medida de tasa de salarios variaría la tasa de beneficio. De allí saldría su
reconocida fórmula inversa entre salarios-beneficios en la que un sector
dominante de la sociedad acaparaba una creciente porción del ingreso nacional.
Razón por la cual propuso imponer un impuesto creciente sobre las rentas de la
tierra, contrarrestando las tendencias de acaparamiento y cierre de
oportunidades.
Estas críticas incipientes a la concentración de
ingresos y poder por parte de un sector de la sociedad constituirían una de las
bases de la crítica de la economía política de Marx. A lo largo de sus
investigaciones, el economista alemán presenta el régimen de acumulación
capitalista como un sistema social conformado por clases, en el que un sector
se apropia del excedente o plusvalía social, es decir, del producto total del
plustrabajo (fuerza de trabajo no remunerada). En este régimen, los
trabajadores son aparentemente libres de vender su fuerza de trabajo y pactan
sus salarios con otros agentes libres en el mercado: la clase capitalista.
Para
la tradición marxista, la tasa de ganancia se entiende, en el marco de un
intercambio estructuralmente desigual, como la expresión fundamental del
trabajo excedente característico del régimen capitalista. Su función central
consiste en ampliar continuamente la producción y acumulación de capital. Como
sistema social, el capitalismo tiende a reproducirse de manera permanente, en
tanto el capital opera como un valor que se valoriza a sí mismo. De allí que,
frente a la creciente competencia entre capitalistas, se desplieguen mecanismos
orientados a contrarrestar la caída de la tasa de ganancia mediante una mayor
apropiación del excedente producido por el trabajo. Este proceso genera una
tendencia secular hacia la acumulación ampliada del capital y su progresiva
concentración en un número cada vez más reducido de agentes burgueses.
Una de las primeras perspectivas críticas a este
enfoque de la distribución de salarios es el de la teoría neoclásica. Esta
tradición parte de comprender los fenómenos económicos no como un sistema social
y relacional, sino como intercambios entre agentes racionales que, de manera
inconsciente, perfilan condiciones de equilibrio, particularmente del sistema
de precios. Desde esta perspectiva, el equilibrio supone que todos los mercados
se equilibran simultáneamente en el mismo momento del tiempo. La ley de
equilibrio de Walras, por ejemplo, supone que, para cualquier conjunto de
precios, el valor de todas las demandas se iguala con el valor agregado de
todas las ofertas. De esa manera, en condiciones de competencia perfecta, la
libre acción de los agentes económicos conduce a un estado de equilibrio en que
la remuneración de los factores de producción (Capital-Trabajo) equivale
precisamente al de su productividad marginal.
Bajo esta serie de supuestos, el estado de equilibrio conduce
a una distribución justa del ingreso producida entre los factores de producción
a través de los salarios y ganancias de capital. Así, la teoría neoclásica
rompe con la idea del conflicto por la redistribución, puesto que este
mecanismo de asignación justa es asegurado, mecánicamente, mediante la
maximización de beneficios. Esta aproximación fue objeto de crítica de la
teoría keynesiana: contrario a los neoclásicos, Keynes sostuvo que el estado de
equilibrio no garantizaba por sí mismo el pleno empleo, por lo que resultaba
necesario acudir a otros mecanismos distintos al de la productividad marginal
para determinar la distribución del ingreso.
Para la escuela keynesiana, los salarios agregados eran
determinados por el stock de bienes de consumo producidos, como función de la
demanda efectiva, mientras las ganancias totales dependían enteramente de las
decisiones de gasto de las empresas y del gobierno, y no de la distribución de
ganancias ni de la calidad o tipo de gasto. Uno de los aspectos cuestionables
de esta perspectiva es que, como consecuencia del contexto histórico, tomó la
nivelación de ingresos como un dato dado o natural de la economía, es decir, consideraba
que la regulación en materia de salarios y distribución del ingreso debía
integrarse a la misma mecánica de desarrollo económico. Con esto, incluía mecanismos
de regulación importantes, pero eliminaba de la ecuación el conflicto
redistributivo y su carácter eminentemente clasista, como si la regulación no
fuese resultado del choque y conflicto entre clases sociales.
Otra corriente de pensamiento que participó en esta
discusión fue la inaugurada por Kuznets. Para el economista ruso, a medida que
las naciones se desarrollaban capitalistamente, la desigualdad de ingresos en
la población tendía a aumentar hasta un punto en que se equilibran las
poblaciones entre regiones a partir del cual empieza a decrecer. Así, la
desigualdad tendría una evolución o trayectoria en U invertida: incremento al
comienzo, estabilidad relativa en un periodo dado y posterior declinación. Una
de las críticas más agudas a este enfoque ha sido la del economista Thomas
Piketty. Para el francés, la caída de la desigualdad de ingreso de los países
ricos entre 1914-1945 (base del análisis de Kuznetz) obedeció más a las guerras
mundiales y al shock económico que a un tranquilo proceso de movilidad
intersectorial.
Justamente, a partir de su crítica a Kuznetz, Piketty
plantea que en la dinámica de distribución del ingreso coexisten mecanismos que
empujan a la convergencia y a la divergencia. Entre las fuerzas de divergencia
hay procesos asociados a la acumulación y concentración de riqueza cuando el
crecimiento es débil y el retorno al capital elevado. El segundo proceso es más
desestabilizador que el primero, representando la mayor amenaza para la
distribución del ingreso a largo plazo. Según esto, la tasa de rendimiento del
capital supera de manera significativa la tasa de crecimiento, lo que implica
que la riqueza generada en el pasado se recapitaliza más rápido que el ritmo de
crecimiento de la producción y los ingresos.
Basta que los herederos ahorren una parte limitada de sus
ingresos para que este último aumente más rápido que la economía en su conjunto.
Bajo estas condiciones, es inevitable el dominio de los capitales heredados
sobre los constituidos a lo largo de una vida de trabajo, y que la
concentración de capital alcance niveles potencialmente incompatibles con los
principios de justicia social de las sociedades democráticas contemporáneas.
Ante este escenario de incremento sostenido y sistémico de la desigualdad
económica, Piketty propone una política tributaria progresiva que imponga
impuestos a la renta y, de esa forma, recorte distancia en las brechas de
desigualdad en cuanto a propiedad e ingreso.
Ahora
bien, una de las principales críticas formuladas a este enfoque radica en su
marcado énfasis sobre la política tributaria. Al concentrar el problema de la
desigualdad casi exclusivamente en la dimensión fiscal, termina relegando un
aspecto estructural decisivo: la regulación política del proceso mismo de
distribución de la renta y la riqueza dentro de las relaciones de producción
capitalistas. Es decir, la discusión no se agota en cuánto redistribuye el
Estado mediante impuestos y transferencias, sino también en cómo se produce,
apropia y concentra el excedente económico desde el origen.
De
allí que cobren relevancia debates asociados a medidas antimonopolio,
fortalecimiento de la organización sindical y de la negociación colectiva,
democratización de la toma de decisiones empresariales, reformas al régimen de
propiedad, modificaciones a los requisitos de capital y a los mecanismos de
innovación financiera, así como restricciones a la captura corporativa del
sistema político mediante la financiación privada de campañas electorales. En ese marco, la discusión
contemporánea sobre la desigualdad deja de ser únicamente un problema técnico
de política fiscal para convertirse en una disputa abiertamente política en
torno a la estructura del poder económico y las formas de acumulación capitalista.
Precisamente,
es allí donde se inscribe el ciclo de cambio abierto en Colombia durante los
últimos años y que hoy encuentra continuidad en la propuesta laboral y
económica impulsada por el Pacto Histórico bajo la candidatura de Iván Cepeda y
Aida Quilcué. Más que una agenda aislada de reformas, se trata de una
estrategia orientada a reconfigurar las relaciones entre capital y trabajo
mediante transformaciones en el régimen laboral, en la estructura salarial y en
el modelo económico-productivo. El progresismo colombiano retoma una discusión
histórica -presente desde hace más de tres siglos en la economía política- para
incorporarla en el centro del debate político nacional. Debate que, por
supuesto, se reabre y hace parte de las disputas estratégicas de la actual coyuntura
electoral.
El Pacto Histórico: una apuesta por la distribución
del ingreso y el crecimiento con justicia social
El debate
sobre la distribución del ingreso se ha convertido, como hemos sostenido a lo
largo de este artículo, en uno de los principales campos de disputa de la política
colombiana. Durante décadas, el consenso neoliberal redujo la política
económica a la estabilidad macroeconómica, subordinando los salarios, el empleo
y las condiciones de vida de la clase trabajadora a las exigencias de la
disciplina fiscal, la confianza inversionista y la rentabilidad del capital
financiero. Bajo ese esquema, el crecimiento económico no estuvo acompañado por
una redistribución efectiva de la riqueza, sino por una creciente concentración
del ingreso y un deterioro progresivo de las condiciones laborales.
El
gobierno Petro alteró y fracturó parcialmente ese consenso. No solamente por el
incremento sostenido del salario mínimo o por la recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores, sino porque reinstaló dentro del debate
público una idea que había sido desplazada de la discusión económica nacional:
la distribución del ingreso constituye una decisión política y es resultado
directo del conflicto entre clases. Es decir, los salarios, las condiciones de
empleo y la participación del trabajo dentro de la renta nacional no son el
resultado neutral de fuerzas impersonales del mercado, sino el producto de
correlaciones de poder, mecanismos regulatorios y disputas entre intereses
sociales contrapuestos.
En
ese sentido, la política salarial y laboral del progresismo colombiano no puede
entenderse únicamente como un conjunto de medidas económicas aisladas.
Representa, más bien, un intento por modificar parcialmente la relación
histórica entre capital y trabajo en el país, fortaleciendo la capacidad
adquisitiva de los hogares trabajadores, ampliando márgenes de protección
laboral y devolviendo centralidad política a sectores sociales históricamente
subordinados dentro del modelo de expoliación neoliberal. Justamente, allí se
ubica la propuesta económica de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Su programa de gobierno
asume que la redistribución del ingreso no debe ser un episodio o medida
coyuntural, sino un principio estructurante de la economía política nacional.
Por eso, la defensa del salario, del empleo digno, de la organización sindical
y de la intervención regulatoria del Estado aparece como uno de los ejes
centrales del plan de transformación nacional.
Esto
implica consolidar un modelo de crecimiento distinto al defendido
históricamente por las élites económicas tradicionales. Mientras el
neoliberalismo apostó por la reducción de costos laborales, la flexibilización
del trabajo y la concentración de riqueza como mecanismo de competitividad, la
propuesta del progresismo busca fortalecer el mercado interno mediante la
expansión del ingreso de las mayorías sociales, la protección de la producción
nacional y la economía popular y la democratización de oportunidades
económicas.
Sin
embargo, la experiencia reciente también ha demostrado que cualquier política
redistributiva enfrenta resistencias profundas por parte de los sectores
históricamente beneficiados por el orden económico existente. La disputa
alrededor de las reformas sociales, la oposición empresarial al fortalecimiento
de derechos laborales y el bloqueo institucional impulsado desde distintos
sectores del poder evidencian que la discusión en torno a distribución del
ingreso es, en el fondo, una disputa por la dirección de clase del propio
Estado.
Por
ello, la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué no debe entenderse
únicamente como una continuidad administrativa del progresismo, sino como una
apuesta por consolidar políticamente un nuevo bloque histórico alrededor de la
defensa del trabajo, los salarios y la redistribución. Votar por Iván Cepeda y
Aida Quilcué significa defender la capacidad adquisitiva de las mayorías
trabajadoras, impedir el retorno de políticas de precarización laboral y
fortalecer la capacidad de organización política y social del mundo del trabajo
frente a los intereses concentrados del capital financiero y las élites
económicas.
La
apuesta redistributiva del progresismo colombiano no se limita, en ese sentido,
al mero aumento de ingresos. Lo que está en juego es la posibilidad de
construir una economía orientada por criterios de justicia social,
democratización económica y ampliación efectiva de derechos para el pueblo
trabajador. ¡Este 31 de mayo, la clase trabajadora vota al Pacto Histórico,
vota Iván Cepeda y Aida Quilcúe! ¡Por el bien de todos, primero los pobres!
Referencias:
-
Garay, Jorge & Espitia, Enrique (2019). Dinámica de las desigualdades en
Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socioeconómico,
tributario y territorial. Bogotá D.C.: Ediciones Desde Abajo.
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