Por: Santiago Pulido Ruiz
La redistribución del ingreso se ha
convertido, para sorpresa de muchos, en la principal bandera política del
progresismo colombiano. A lo largo de estos cuatro años, el Gobierno Nacional
ha impulsado una política de progresividad del ingreso laboral, reflejada en un
incremento nominal acumulado del 75.09% del salario mínimo, pasando de un
millón de pesos en 2022 a más de un millón setecientos mil proyectados para
2026. Se trata de una cifra sin precedentes recientes en el país, comparable
únicamente con la registrada a mediados de los noventa, durante el Gobierno
Samper, cuando el incremento acumulado alcanzó el 71%.
En términos reales (descontando el
efecto inflacionario), el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha
aumentado de forma histórica, registrando un crecimiento real superior al 17.7%
hacia finales del 2025. Esta medida marca varios puntos de ruptura respecto al
consenso neoliberal de los anteriores gobiernos: por un lado, es una decisión
que rompe política y económicamente con el esquema de distribución salarial de
la teoría neoclásica, al desligar el incremento de la regla de ajuste fiscal y
de las metas inflacionarias -marcadores que habían restringido, históricamente,
la expansión del poder adquisitivo de los trabajadores-; por otro lado, es una
medida que reconoce el conflicto distributivo entre clases al interior del
Estado, asumiendo una defensa institucional a favor del mundo del trabajo.
Es decir, es una medida progresiva no
solo por el hecho de que modifica la lógica neoclásica de asignación y
distribución salarial, sino también porque desnuda la lucha de clases al
interior del Estado. En el marco de esa confrontación, el Gobierno ha establecido
una articulación estratégica con las organizaciones sindicales, dando forma a
un programa económico centrado en la redistribución del excedente económico,
mientras las clases dominantes han tenido que reorganizarse en torno al saboteo
legislativo y la contención judicial. Sin embargo, el aspecto más significativo
de la medida radica en que es una de las primeras iniciativas del Gobierno que
logra escapar al estancamiento de las reformas sociales, cuya aprobación ha
quedado frenada en el Congreso Nacional o en los Altos Tribunales.
Justamente, la propuesta económica y
laboral de Iván Cepeda y Aida Quilcué se enmarca en esta serie de
contradicciones: es un programa que, abiertamente, ha defendido la
progresividad del ingreso laboral y que, por tanto, continuará con el esquema
de distribución del progresismo; pero que al mismo tiempo enfrentará, en un
eventual gobierno, el asedio de las clases dominantes organizadas en torno a la
estrategia de saboteo legislativo y contención judicial. Por lo que es
necesario no solo extender la política de progresividad, sino preparar y
organizar la disputa al interior del Estado. En este artículo, reconstruimos
algunas claves analíticas y estratégicas en torno al conflicto distributivo y
salarial en Colombia, situando la propuesta económica de Iván Cepeda y Aida
Quilcué como una alternativa redistributiva y una apuesta de crecimiento con
justicia social.
Un breve repaso por los debates
teóricos en torno a la distribución del ingreso:
Uno de los principales debates en
teoría de las desigualdades es el de la distribución del ingreso. Desde finales
del siglo XVIII, la filosofía política -principalmente de tradición
democrático-republicana- ha abordado esta problemática a través del vínculo
entre libertad e igualdad. Rousseau fue uno de los primeros contractualistas
republicanos en sostener que una libertad plena requiere, por lo menos, de
cuatro condiciones de igualdad: i. mitigar el sufrimiento por una mala
asignación de recursos en la sociedad; ii. impedir que una parte de la sociedad
domine a la otra; iii. evitar desigualdades sociales asociadas a que aquellos
con posición más baja de poder puedan ser considerados como inferiores; iv.
promover una sociedad política con ciudadanos iguales como mayor expresión de
igualdad.
Este debate, que inició en el campo
de la teoría de la justicia y el derecho, saltó rápidamente al ámbito de la
economía política. En sus Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones, Adam Smith se dedicó a analizar los principios
distributivos de la renta nacional anual o el ingreso nacional entre clases.
Para el escocés, existía una relación estrecha entre la quiebra de las
condiciones competitivas en el mercado de trabajo y la rebaja artificial de los
salarios. Es decir, en condiciones de imperfección de competencia capitalista,
los salarios eran siempre los primeros en ser sacrificados para sostener la
tasa de ganancia empresarial. No obstante, para Smith, no era suficiente con
“perfeccionar las condiciones de competencia, sino que defendió abiertamente la
necesidad de mejorar los estándares de vida de los trabajadores mediante altos
salarios per cápita.
Aunque los trabajos de Smith fueron
muchas veces objeto de tergiversación, representaron, sin lugar a duda, una
fuente de investigación pionera en el estudio de las dinámicas de la
desigualdad económica o de la distribución funcional de la renta. Otro autor
que hizo parte de la discusión alrededor de la distribución del ingreso y los
salarios fue Thomas Malthus. Para el inglés, la población tendía a crecer
proporcional y sistemáticamente más que la disponibilidad de recursos ante las
restricciones naturales, conduciendo al encarecimiento de los alimentos y a la
imposibilidad de un mejoramiento del salario real de los trabajadores por
encima del nivel de subsistencia. En esto consistiría la Ley de Hierro de los
Salarios: el ingreso debía establecerse sobre un nivel mínimo estrictamente
necesario para la subsistencia y reproducción del trabajador.
Esta Ley de Hierro sería, en
adelante, objeto de discusión de buena parte de la teoría económica. En el caso
de Ricardo, se distanciaría de Malthus para recuperar las reflexiones pioneras
de Adam Smith. El economista inglés aceptaba las principales formulaciones de
la teoría del equilibrio económico vía mecanismo de mercado, pero sostenía,
contrario a Smith, que el aumento general de salarios entrañaba una reducción
de beneficios, que, sin embargo, no afectaba el nivel de precios. Para Ricardo,
era necesario una adecuada unidad de medida porque dependiendo de la elección
de medida de tasa de salarios variaría la tasa de beneficio. De allí saldría su
reconocida fórmula inversa entre salarios-beneficios en la que un sector
dominante de la sociedad acaparaba una creciente porción del ingreso nacional.
Razón por la cual propuso imponer un impuesto creciente sobre las rentas de la
tierra, contrarrestando las tendencias de acaparamiento y cierre de
oportunidades.
Estas críticas incipientes a la
concentración de ingresos y poder por parte de un sector de la sociedad
constituirían una de las bases de la crítica de la economía política de Marx. A
lo largo de sus investigaciones, el economista alemán presenta el régimen de
acumulación capitalista como un sistema social conformado por clases, en el que
un sector se apropia del excedente o plusvalía social, es decir, del producto
total del plustrabajo (fuerza de trabajo no remunerada). En este régimen, los
trabajadores son aparentemente libres de vender su fuerza de trabajo y pactan
sus salarios con otros agentes libres en el mercado: la clase capitalista.
Para la tradición marxista, la tasa
de ganancia se entiende, en el marco de un intercambio estructuralmente
desigual, como la expresión fundamental del trabajo excedente característico
del régimen capitalista. Su función central consiste en ampliar continuamente
la producción y acumulación de capital. Como sistema social, el capitalismo
tiende a reproducirse de manera permanente, en tanto el capital opera como un
valor que se valoriza a sí mismo. De allí que, frente a la creciente
competencia entre capitalistas, se desplieguen mecanismos orientados a
contrarrestar la caída de la tasa de ganancia mediante una mayor apropiación
del excedente producido por el trabajo. Este proceso genera una tendencia
secular hacia la acumulación ampliada del capital y su progresiva concentración
en un número cada vez más reducido de agentes burgueses.
Una de las primeras perspectivas
críticas a este enfoque de la distribución de salarios es el de la teoría
neoclásica. Esta tradición parte de comprender los fenómenos económicos no como
un sistema social y relacional, sino como intercambios entre agentes racionales
que, de manera inconsciente, perfilan condiciones de equilibrio,
particularmente del sistema de precios. Desde esta perspectiva, el equilibrio
supone que todos los mercados se equilibran simultáneamente en el mismo momento
del tiempo. La ley de equilibrio de Walras, por ejemplo, supone que, para
cualquier conjunto de precios, el valor de todas las demandas se iguala con el
valor agregado de todas las ofertas. De esa manera, en condiciones de
competencia perfecta, la libre acción de los agentes económicos conduce a un
estado de equilibrio en que la remuneración de los factores de producción
(Capital-Trabajo) equivale precisamente al de su productividad marginal.
Bajo esta serie de supuestos, el
estado de equilibrio conduce a una distribución justa del ingreso producida
entre los factores de producción a través de los salarios y ganancias de
capital. Así, la teoría neoclásica rompe con la idea del conflicto por la
redistribución, puesto que este mecanismo de asignación justa es asegurado,
mecánicamente, mediante la maximización de beneficios. Esta aproximación fue
objeto de crítica de la teoría keynesiana: contrario a los neoclásicos, Keynes
sostuvo que el estado de equilibrio no garantizaba por sí mismo el pleno
empleo, por lo que resultaba necesario acudir a otros mecanismos distintos al
de la productividad marginal para determinar la distribución del ingreso.
Para la escuela keynesiana, los
salarios agregados eran determinados por el stock de bienes de consumo
producidos, como función de la demanda efectiva, mientras las ganancias totales
dependían enteramente de las decisiones de gasto de las empresas y del gobierno,
y no de la distribución de ganancias ni de la calidad o tipo de gasto. Uno de
los aspectos cuestionables de esta perspectiva es que, como consecuencia del
contexto histórico, tomó la nivelación de ingresos como un dato dado o natural
de la economía, es decir, consideraba que la regulación en materia de salarios
y distribución del ingreso debía integrarse a la misma mecánica de desarrollo
económico. Con esto, incluía mecanismos de regulación importantes, pero
eliminaba de la ecuación el conflicto redistributivo y su carácter
eminentemente clasista, como si la regulación no fuese resultado del choque y
conflicto entre clases sociales.
Otra corriente de pensamiento que
participó en esta discusión fue la inaugurada por Kuznets. Para el economista
ruso, a medida que las naciones se desarrollaban capitalistamente, la
desigualdad de ingresos en la población tendía a aumentar hasta un punto en que
se equilibran las poblaciones entre regiones a partir del cual empieza a
decrecer. Así, la desigualdad tendría una evolución o trayectoria en U
invertida: incremento al comienzo, estabilidad relativa en un periodo dado y
posterior declinación. Una de las críticas más agudas a este enfoque ha sido la
del economista Thomas Piketty. Para el francés, la caída de la desigualdad de
ingreso de los países ricos entre 1914-1945 (base del análisis de Kuznetz)
obedeció más a las guerras mundiales y al shock económico que a un tranquilo
proceso de movilidad intersectorial.
Justamente, a partir de su crítica a
Kuznetz, Piketty plantea que en la dinámica de distribución del ingreso
coexisten mecanismos que empujan a la convergencia y a la divergencia. Entre
las fuerzas de divergencia hay procesos asociados a la acumulación y
concentración de riqueza cuando el crecimiento es débil y el retorno al capital
elevado. El segundo proceso es más desestabilizador que el primero,
representando la mayor amenaza para la distribución del ingreso a largo plazo.
Según esto, la tasa de rendimiento del capital supera de manera significativa
la tasa de crecimiento, lo que implica que la riqueza generada en el pasado se
recapitaliza más rápido que el ritmo de crecimiento de la producción y los
ingresos.
Basta que los herederos ahorren una
parte limitada de sus ingresos para que este último aumente más rápido que la
economía en su conjunto. Bajo estas condiciones, es inevitable el dominio de
los capitales heredados sobre los constituidos a lo largo de una vida de
trabajo, y que la concentración de capital alcance niveles potencialmente
incompatibles con los principios de justicia social de las sociedades
democráticas contemporáneas. Ante este escenario de incremento sostenido y
sistémico de la desigualdad económica, Piketty propone una política tributaria
progresiva que imponga impuestos a la renta y, de esa forma, recorte distancia
en las brechas de desigualdad en cuanto a propiedad e ingreso.
Ahora bien, una de las principales
críticas formuladas a este enfoque radica en su marcado énfasis sobre la
política tributaria. Al concentrar el problema de la desigualdad casi
exclusivamente en la dimensión fiscal, termina relegando un aspecto estructural
decisivo: la regulación política del proceso mismo de distribución de la renta
y la riqueza dentro de las relaciones de producción capitalistas. Es decir, la
discusión no se agota en cuánto redistribuye el Estado mediante impuestos y
transferencias, sino también en cómo se produce, apropia y concentra el
excedente económico desde el origen.
De allí que cobren relevancia debates
asociados a medidas antimonopolio, fortalecimiento de la organización sindical
y de la negociación colectiva, democratización de la toma de decisiones
empresariales, reformas al régimen de propiedad, modificaciones a los
requisitos de capital y a los mecanismos de innovación financiera, así como
restricciones a la captura corporativa del sistema político mediante la
financiación privada de campañas electorales. En ese marco, la discusión
contemporánea sobre la desigualdad deja de ser únicamente un problema técnico
de política fiscal para convertirse en una disputa abiertamente política en
torno a la estructura del poder económico y las formas de acumulación
capitalista.
Precisamente, es allí donde se
inscribe el ciclo de cambio abierto en Colombia durante los últimos años y que
hoy encuentra continuidad en la propuesta laboral y económica impulsada por el
Pacto Histórico bajo la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Más que una
agenda aislada de reformas, se trata de una estrategia orientada a reconfigurar
las relaciones entre capital y trabajo mediante transformaciones en el régimen
laboral, en la estructura salarial y en el modelo económico-productivo. El
progresismo colombiano retoma una discusión histórica -presente desde hace más
de tres siglos en la economía política- para incorporarla en el centro del
debate político nacional. Debate que, por supuesto, se reabre y hace parte de
las disputas estratégicas de la actual coyuntura electoral.
El Pacto Histórico: una apuesta por la distribución del ingreso y el crecimiento con justicia social
El debate sobre la distribución del
ingreso se ha convertido, como hemos sostenido a lo largo de este artículo, en
uno de los principales campos de disputa de la política colombiana. Durante
décadas, el consenso neoliberal redujo la política económica a la estabilidad
macroeconómica, subordinando los salarios, el empleo y las condiciones de vida
de la clase trabajadora a las exigencias de la disciplina fiscal, la confianza
inversionista y la rentabilidad del capital financiero. Bajo ese esquema, el
crecimiento económico no estuvo acompañado por una redistribución efectiva de
la riqueza, sino por una creciente concentración del ingreso y un deterioro
progresivo de las condiciones laborales.
El gobierno Petro alteró y fracturó
parcialmente ese consenso. No solamente por el incremento sostenido del salario
mínimo o por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, sino
porque reinstaló dentro del debate público una idea que había sido desplazada
de la discusión económica nacional: la distribución del ingreso constituye una
decisión política y es resultado directo del conflicto entre clases. Es decir,
los salarios, las condiciones de empleo y la participación del trabajo dentro de
la renta nacional no son el resultado neutral de fuerzas impersonales del
mercado, sino el producto de correlaciones de poder, mecanismos regulatorios y
disputas entre intereses sociales contrapuestos.
En ese sentido, la política salarial
y laboral del progresismo colombiano no puede entenderse únicamente como un
conjunto de medidas económicas aisladas. Representa, más bien, un intento por
modificar parcialmente la relación histórica entre capital y trabajo en el
país, fortaleciendo la capacidad adquisitiva de los hogares trabajadores,
ampliando márgenes de protección laboral y devolviendo centralidad política a
sectores sociales históricamente subordinados dentro del modelo de expoliación
neoliberal. Justamente, allí se ubica la propuesta económica de Iván Cepeda y
Aida Quilcué. Su programa de gobierno asume que la redistribución del ingreso
no debe ser un episodio o medida coyuntural, sino un principio estructurante de
la economía política nacional. Por eso, la defensa del salario, del empleo
digno, de la organización sindical y de la intervención regulatoria del Estado
aparece como uno de los ejes centrales del plan de transformación nacional.
Esto implica consolidar un modelo de
crecimiento distinto al defendido históricamente por las élites económicas
tradicionales. Mientras el neoliberalismo apostó por la reducción de costos
laborales, la flexibilización del trabajo y la concentración de riqueza como
mecanismo de competitividad, la propuesta del progresismo busca fortalecer el
mercado interno mediante la expansión del ingreso de las mayorías sociales, la
protección de la producción nacional y la economía popular y la democratización
de oportunidades económicas.
Sin embargo, la experiencia reciente
también ha demostrado que cualquier política redistributiva enfrenta
resistencias profundas por parte de los sectores históricamente beneficiados
por el orden económico existente. La disputa alrededor de las reformas sociales,
la oposición empresarial al fortalecimiento de derechos laborales y el bloqueo
institucional impulsado desde distintos sectores del poder evidencian que la
discusión en torno a distribución del ingreso es, en el fondo, una disputa por
la dirección de clase del propio Estado.
Por ello, la candidatura de Iván
Cepeda y Aida Quilcué no debe entenderse únicamente como una continuidad
administrativa del progresismo, sino como una apuesta por consolidar
políticamente un nuevo bloque histórico alrededor de la defensa del trabajo, los
salarios y la redistribución. Votar por Iván Cepeda y Aida Quilcué significa
defender la capacidad adquisitiva de las mayorías trabajadoras, impedir el
retorno de políticas de precarización laboral y fortalecer la capacidad de
organización política y social del mundo del trabajo frente a los intereses
concentrados del capital financiero y las élites económicas.
La apuesta redistributiva del
progresismo colombiano no se limita, en ese sentido, al mero aumento de
ingresos. Lo que está en juego es la posibilidad de construir una economía
orientada por criterios de justicia social, democratización económica y ampliación
efectiva de derechos para el pueblo trabajador. ¡Este 31 de mayo, la clase
trabajadora vota al Pacto Histórico, vota Iván Cepeda y Aida Quilcúe! ¡Por el
bien de todos, primero los pobres!
Referencias:
- Garay, Jorge & Espitia, Enrique
(2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía
política en los ámbitos socioeconómico, tributario y territorial. Bogotá D.C.:
Ediciones Desde Abajo.
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