Por: Daniel Barrera
El proyecto de reforma de independencia al Banco de la
República (BanRep) emerge en un contexto de reforma constitucional. Dos
objetivos centrales se trazaba la reforma a su independencia: primero,
enfrentar la inflación que se había duplicado con respecto del período
anterior, pasando en promedio de 10,6% entre 1952-1963 al 20,7% en
1964-1991 (Meisel 1998); segundo, evitar la interferencia del Gobierno de
turno sobre los asuntos monetarios. La ortodoxia económica creía que los
gobiernos de turno, con el objetivo de ganar afinidades políticas, podrían
aumentar el gasto público de manera irresponsable y producir aumentos
desmesurados de la inflación; de ahí la urgencia por independizar la política
monetaria de las urgencias fiscales.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que el nuevo modelo
institucional de independencia del BanRep no estuvo vinculado con las reformas
estructurales de los años noventa. La puesta en marcha del neoliberalismo en
Colombia requería de otro tipo de emisor central. De allí que fuera necesario
pasar de un Banco Central enfocado en el apalancamiento económico y el fomento
productivo a uno preocupado por el control inflacionario y mantenimiento del
poder adquisitivo de la moneda. Se trata entonces de quitarle al Gobierno la
capacidad de intervenir en la economía (promotor del desarrollo agrario y el
empleo) para darle paso a las dinámicas de financiarización como nuevo vector
de la acumulación. No es casual, entonces, que el cambio en las prioridades de
política monetaria evidenciara el tránsito de un modelo de base
productivo-industrial al nuevo régimen de acumulación neoliberal.
Así las cosas, la Ley 31 de 1992 se encarga de elaborar una
normatividad que le otorga al BanRep una autonomía administrativa, patrimonial
y técnica; a su vez, se le encarga, a nombre del Estado, de velar por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y se prohíbe la
posibilidad de realizar préstamos directos del BanRep al Gobierno Nacional,
procurando evitar escenarios hiperinflacionarios. Este es un elemento
especialmente relevante en un contexto económico en que se gesta la idea de que todo el mundo
por igual se beneficia de la baja inflación y que mantenerla baja es condición
necesaria para el crecimiento económico (Stiglitz
2012).
Bajo la hegemonía de la teoría monetarista, la inflación se
convierte en el indicador que mejor demuestra la vitalidad económica, no
importa si para conseguirlo la tasa de ocupación y la productividad deben
desplomarse. Esto explica por qué la Junta Directiva del Banco de la República
(JDBR) durante el presente siglo ha privilegiado una política monetaria
restrictiva, utilizando la tasa de interés como instrumento principal para
controlar la masa monetaria. Según el leitmotiv ortodoxo, la inflación es un problema
exclusivamente monetario; por tanto, cuando se avizoran horizontes
inflacionarios, lo que habría que hacer es contraer la masa monetaria:
desincentivar los créditos, hacer que suban los precios, reducir el consumo,
contraer la inversión y provocar un crecimiento económico más pausado; a fin de
cuentas, la idea es disminuir la cantidad de dinero en circulación para
mantener la inflación en niveles aceptables.
Contrario a esta explicación unifocal de la inflación, la
economía heterodoxa desde hace varias décadas ha venido desmontando la idea
según la cual solo existe una sola forma de combatir la inflación. Contrario a
esta hipótesis, se ha demostrado que perseguir una inflación baja es posible
sin renunciar a mejoras en los ingresos laborales y al crecimiento económico.
Este es el caso del Gobierno Petro que, pese a la ampliación de gasto público
debido a sus programas sociales, ha logrado reducir la inflación en los últimos
dos años (2024-2025) a una cifra que ronda el 5%. El Gobierno nacional ha
logrado suministrar dinamismo a la demanda interna, jalonando el consumo
público y privado; es decir, por medio del subsidio a las actividades
productivas, el Gobierno ha conseguido mantener los costos de vida en un nivel
bajo (IPC), otorgándole a las clases populares mayor poder adquisitivo y, al
tiempo, manteniendo la inflación en una cifra aceptable que no riñe con el
incremento del poder adquisitivo de la clases trabajadora.
¿A quién beneficia la inflación?
La creciente centralidad de la inflación en la economía no
puede entenderse por fuera de las dinámicas de financiarización de la economía
global. Son los gremios financieros los que empiezan a demandar con mayor
fuerza mantener estables los niveles de inflación, evitar fenómenos
hiperinflacionarios y evitar que el peso colombiano se devalúe con la intención
de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero.
Es verdad que situaciones hiperinflacionarias perjudican a
todos los actores económicos, pero también es cierto que esto solo es así
cuando se alcanzan cifras históricas de inflación como las experimentadas por
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial o Chile en los años 70, pero no
para niveles de inflación moderados como en el caso colombiano (5,02% según el
BanRep). Por tanto, como recuerda el profesor Misas (2019), mantener una
inflación baja a costa del crecimiento económico solo beneficia a aquellos
“dotados de volumen de capital monetario con gran capacidad para adquirir
activos financieros, con la garantía que la política monetaria, sin importar el
costo en que incurra la sociedad, mantendría el valor de sus activos
financieros a largo plazo” (291).
Dicho de otro modo, a quienes más les interesa que la
inflación se mantenga baja es al gran capital financiero. De ahí la urgencia
del BanRep por fijar una tasa de interés alta que permita reducir la inflación,
no devaluar la moneda y contribuir a una tasa de cambio menos volátil,
haciéndola más atractiva para la inversión extranjera y evitando la fuga de
capitales locales. En un sentido similar, autores como
Rivas (2024), evidencian que las políticas monetarias no son
neutrales; la inflación es un indicador de la tensión distributiva entre los
intereses de las clases populares y los del gran capital financiero. En ese
sentido, la política monetaria adelantada por la JDBR manifiesta una
inclinación estructural hacia un patrón regresivo de la distribución del
ingreso en favor de los poseedores de riqueza y en detrimento de la masa
trabajadora.
Politización e independencia.
El jueves 22 de enero, a raíz de la columna de César Giraldo,
codirector del BanRep, publicada en el portal virtual del Ministerio de
Hacienda, diversos medios de comunicación y periodistas han señalado que se ha
fracturado por completo la independencia del BanRep, una afirmación tan
tendenciosa como falsa. En esta columna, el economista colombiano señala que no
existe correlación estadística para el caso colombiano, entre un aumento de la
inflación y el aumento del salario real. La evidencia estadística demuestra
justamente todo lo contrario, no solo en Colombia, sino en varios países de la
región; “el salario mínimo registró incrementos reales importantes mientras la
inflación descendía. Esto no demuestra que el salario mínimo determine la
inflación, pero sí desmiente la idea de una relación mecánica entre aumentos
salariales y aceleración inflacionaria” (Giraldo 2026).
En esa medida y aun en contra de toda la evidencia
científica, buena parte de la derecha colombiana y de los economistas ortodoxos
han tachado esta columna como una declaración de intenciones que viola la
independencia del BanRep. Toda vez que el texto reflejaba las adherencias de
uno de los codirectores a la política fiscal del Gobierno Petro. El problema de
estas afirmaciones es que asumen que el BanRep opera como un piloto automático:
neutral, técnico y no politizado; sin importar las orientaciones ideológicas de
los gobiernos, el BanRep siempre vela por la estabilidad monetaria.
Al negar a la JDBR como un actor político, también se niega
la capacidad de cuestionar políticamente sus decisiones. Por eso, para los
apologetas del neoliberalismo, todas las decisiones que favorezcan la reducción
de la inflación, la estabilidad del sistema financiero y la rentabilidad del
gran capital son medidas técnicas, pese a no tener el mínimo de sustento
académico, pero aquellas decisiones que propendan por una política monetaria
preocupada por la crisis climática, el trabajo doméstico, las mejoras en las
condiciones laborales y el aumento productividad reflejan la nociva
politización de la que son presos los codirectores.
Al respecto, valdría la pena señalar que independencia no
quiere decir estar siempre y automáticamente en contra de las medidas del
Gobierno. En esa dirección, que un miembro de la JDBR -de los 7 que conforman
el órgano-, advierta que el trade-off entre inflación y empleo no tiene
sustento empírico no es fracturar la independencia, sino enriquecer el debate,
mostrar que el aumento del salario mínimo no aumenta automáticamente la
inflación. Una de las razones no dichas por la JDBR para incrementar la tasa de
interés, temiendo que el alza del salario mínimo vital genere un crecimiento
acelerado de la inflación.
¿Cómo entender el incremento de la tasa de interés por parte
de la JDBR?
Ahora bien, las tensiones entre el Gobierno Nacional y la
JDBR escalaron debido a la decisión polémica -incluso al interior de la JDBR-
de subir la tasa de interés de política monetaria de 9,25% a 10,25%. La JDBR ha
argumentado que la decisión se debe al repunte de las expectativas de inflación
en el mes de enero, pasando de 4,6% a 6,4%. Sumado a ello, el déficit de la
cuenta corriente de balanza de pagos continúa en aumento; según el BanRep, se
estima que el déficit alcance el 2,4% del PIB en 2025, luego del 1,6% observado
en 2024. Por último, en el comunicado de prensa, la JDBR ha señalado que esta
decisión también estuvo motivada por las incertidumbres sobre las condiciones
externas asociadas a un escalamiento del conflicto comercial.
Así, el alza de la tasa de interés, aun con la dinamización
de la economía y con la estabilización de la inflación, debe leerse como un
posicionamiento político de la JDBR. Un posicionamiento restrictivo que busca
contraer la demanda: reducir el consumo, encarecer el crédito, desacelerar el
crecimiento económico y golpear la capacidad de compra de los sectores
vulnerables, mientras que favorece a los tenedores de deuda pública (TES) y al
gran capital financiero, beneficiados con el aumento de los intereses, bajo la
excusa del terror inflacionario. No es extraño que el ex codirector Salomón
Kalmanovitz advierta: “la intención [de la JDBR] es neutralizar en parte
el aumento tan elevado que hizo el Gobierno del salario mínimo, pues es
una medida muy inflacionaria.”[1]
En todo caso, parece que el BanRep ejerce su mandato de
independencia solo contra los gobiernos con orientaciones económicas distintas
al recetario neoliberal y contra las medidas que propendan a favorecer el poder
adquisitivo de las clases medias y populares, pero no así con los intereses del
gran capital financiero y el crecimiento exponencial de sus ganancias.
El miedo a la inflación funciona como un dispositivo que justifica medidas
restrictivas por parte del BanRep para golpear el crecimiento económico y a la
clase trabajadora. Se trata de tensiones de clase en el seno del Estado.
Bibliografía:
Giraldo, Césae Giraldo. ¿El
aumento del Salario Mínimo incrementa la inflación? 22 de Enero de
2026.
https://www.enclaveeconomica.gov.co/w/%C2%BFel-aumento-del-salario-minimo-incrementa-la-inflacion
Meisel, Adolfo. «La Banca Central en
Colombia: de la autonomía privada a la autonomía pública, 1923-1997.» Coyuntura
Económica. Vol. XXVIII, No. 1, 1998: 119-140.
Misas, Gabriel Arango. Regímenes
de acumulación y modos de regulación: Colombia 1910-1920. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas - Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 2019.
Rivas, Alvaro Martin Moreno. «La
política monetaria y la distribución funcional del ingreso: lo que usted quiso
saber y no se atrevió a preguntar.» Documento Escuela de Economía N-50,
2024: 1-39.
Stiglitz, Joseph. El precio de
la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita". Madrid:
Taurus, 2012.
[1] Consulte la entrevista a Salomón Kalmanovitz en: https://caracol.com.co/2026/02/02/con-incremento-de-tasas-de-interes-colombianos-tendran-costos-financieros-mas-altos-kalmanovitz/
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