Por: Santiago Pulido y Edwin Martínez
El día de ayer, el Gobierno Nacional anunció el
incremento del salario mínimo sobre el 23%, redondeando la cifra en 2 millones
de pesos más auxilio de transporte (541 USD). Inmediatamente se conoció el
decreto, los medios de comunicación salieron a atacar la medida, acusándola de
“irresponsable” y “populista”. Algunos de los argumentos de los medios
corporativos en contra del incremento giran alrededor de que el alza salarial
gatillará, en los próximos meses, la inflación o que, por indexación al
salario, se ajustarán los precios del mercado inmobiliario de vivienda y el
pago de planillas de seguridad social, afectando principalmente a la clase
trabajadora profesional. Desde luego, son argumentos que, más allá de ser
parcialmente ciertos, buscan dividir a la clase trabajadora y chantajearla respecto
al mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales.
Por supuesto, dentro de lo que se ha dicho en contra del aumento no podía faltar la histórica amenaza de huelga del capital: despidos masivos, cese de la productividad, expulsión de la clase trabajadora al mercado informal y desincentivo de la inversión capitalista. Todos los escenarios instalados por las clases dominantes ante el mejoramiento de los salarios conducen a la crisis económica generalizada, como si no hubiese posibilidad alguna de progresividad del ingreso por fuerza de trabajo en el régimen existente. Sin embargo, esta estrategia de catastrofismo económico y división interna de la clase obrera poco a poco ha ido diluyéndose. En una nota reciente sobre la importancia de la política de crecimiento del ingreso laboral*, Diego Reinoso sostiene que el incremento salarial de los últimos años ha funcionado como un estimulo a la demanda agregada, lo que ha dinamizado el crecimiento económico e impactado en la caída de los niveles de desocupación y pobreza monetaria.
Según Reinoso, esta relación virtuosa
entre mejoras salariales y estabilidad macroeconómica se explica, entre
otras razones, por la política nacional de incentivos a la producción
agropecuaria, la cual se ha desarrollado vía créditos y titulación de tierras.
Esto ha permitido sostener una política de mejora del poder adquisitivo de la
clase trabajadora que se ha traducido en una mayor demanda de bienes y
servicios, principalmente alimentos. Esta dinámica entre aumento salarial,
menor desocupación y caída de la pobreza monetaria, asegura Reinoso, tiene un
impacto a su vez sobre el mercado laboral informal, puesto que, al darse en un
contexto de relativa estabilidad macroeconómica y control del efecto
inflacionario, la fijación del salario mínimo opera como un marcador de
referencia para los trabajadores informales, quienes de manera indirecta fortalecen
su capacidad de negociación frente a quienes controlan su fuerza de trabajo.
Incluso, desde la perspectiva del empresariado, son diversos los estudios que muestran cómo este tipo de incrementos salariales tienden a generar estímulos para que un sector amplio del capital realice mejoras en productividad y cambio tecnológico, que en el mediano plazo redundan en incrementos de la inversión, de la capacidad productiva y de generación de empleo, haciendo sostenible el aumento salarial que dio origen a esta situación. Veremos si el grueso del empresariado está dispuesto a transitar esta senda, o si apostarán por el saboteo, el cambio de gobierno y el sostenimiento de su parasitismo alrededor de la captura de rentas en el marco del modelo extractivista y la captura de subsidios estatales.
De modo tal que el argumento de la “expulsión de la
clase trabajadora formal a renglones informales” se hace cada vez más insostenible
y, a la larga, la base empresarial tendrá que absorber los costos del
mejoramiento del régimen de salarios. De hecho, lo que ha ocurrido los últimos
años en Colombia muestra que, a la par que se ha incrementado el empleo formal,
el informal también muestra una dinámica creciente, pero no como consecuencia
de la “destrucción de empleos formales”, sino precisamente gracias a la
política de incremento de salarios liderada por el Gobierno Nacional, que ha permitido
una dinamización de las economías populares e informales, que tienen como
principal fuente de demanda a los trabajadores que ganan hasta dos salarios
mínimos.
Desde luego, una medida de estas proporciones no debe partir de análisis generales sobre el mantenimiento de la tasa de ganancia y rendimiento del capital -que, como ha demostrado Piketty, representa una tasa de retorno hasta cuatro veces mayor a la del crecimiento económico nacional-, sino de una diferenciación del tejido empresarial del país y de su capacidad diferenciada de absorción de los sobrecostos. En esto, se vuelven fundamentales los ejes estratégicos de las reformas progresistas, principalmente, los de reforma laboral, reforma agraria y reindustrialización, que no solo tienen el objetivo de transformar la dinámica redistributiva del ingreso, sino también modificar la estructura del patrón de acumulación de capital.
En cuanto al primer componente, la reforma laboral del Gobierno Nacional concibe una política de incentivos a pequeñas y medianas empresas orientada a contener los sobrecostos laborales. Luego del anuncio del incremento salarial, el Gobierno está obligado a proteger la base empresarial de pequeña y mediana escala, de tal manera que puedan ir adaptándose progresivamente a las nuevas regulaciones salariales y laborales, disipando de esa forma la amenaza de despidos masivos y expulsión a la informalidad. Sobre esta base de protección de la economía popular, es posible sostener los niveles de consumo y productividad y contener los efectos sobre la empleabilidad y ocupación nacional. En este punto es donde la iniciativa de reforma agraria y reindustrialización juegan un papel clave, porque serán los sectores económicos que, en el mediano plazo, dinamicen la mayor parte del excedente nacional.
Otro de los frentes de acción política frente al alza
salarial tiene que ver con la regulación de la indexación al salario de los
precios del mercado financiero e inmobiliario. Garantizar una política de
progresividad del ingreso laboral implica romper con las selectividades
estratégicas de la intermediación financiera en el Estado (expresadas en este
caso en el aumento de los precios de vivienda vía indexación al régimen
salarial) y que, como señalamos al inicio de este texto, crean una división
artificial entre la clase obrera y la clase trabajadora profesional. Para esto,
es necesario que la reforma constitucional o el proceso constituyente permita abrir un
escenario de rediseño institucional que desmarque la tasa de ganancia de los
mercados financieros y especulativos (principalmente de vivienda) de la
política de salarios. Frenar el contubernio existente entre el sector
financiero y el inmobiliario es clave, entonces, para que los subsidios de vivienda no
sigan engrosando las ganancias de estos sectores vía indexación del precio de
venta de las viviendas al salario mínimo.
Lo mismo ocurre en el caso de pago de planillas de
seguridad social. Con la reforma pensional y, por ende, el fortalecimiento del
sistema público previsional, se abre una posibilidad de regulación y
readecuamiento del costo de cotización, sobre todo, pensado para sectores de
bajos ingresos y sectores profesionales. La clave de éxito de todo este proceso de alza de salarios está en
la estrategia que tenga el progresismo colombiano de cara a seguir fomentando
la capacidad productiva de la economía popular y regular los mercados especulativos.
Evidentemente, una medida de este carácter abre un nuevo escenario en la lucha
de clases, en el que la movilización de la clase trabajadora debe salir a
defender los avances en materia laboral-salarial y en el que el Estado empieza
a operar como un espacio de basculamiento de fuerzas.
En este marco, es posible sostener que la economía política detrás de las decisiones gubernamentales en materia de salarios ha mostrado resultados consistentemente favorables: el más reciente informe del DANE demuestra que la tasa de desempleo se ubicó en noviembre en el 7%, la cifra más baja del último siglo, inimaginable para los ayatolas del neoliberalismo, desde la tecnocracia uniandina, pasando por los ortodoxos y sacrosantos codirectores del Banco de la República, hasta los representantes de los think tank gremiales y al servicio del capital, quienes siempre han defendido la esotérica idea de la “tasa natural de desempleo” supuestamente ubicada en el 10%.
Pues bien, este gobierno logró romper la barrera del 10% del desempleo sin generar procesos inflacionarios, es decir, todo lo contrario de lo planteado por los defensores del modelo expoliador de derechos laborales. Finalmente, vale la pena señalar que, de fondo, lo que se ha dibujado con claridad en el panorama político del país con la política salarial del Gobierno Petro, es la dinámica de la lucha de clases, expresada en una de las relaciones fundamentales de la economía capitalista: la disputa por la distribución del excedente económico generado por la clase trabajadora y la recuperación de derechos laborales básicos.
* Reinoso, Diego (2025): La importancia de la política de crecimiento de salario mínimo: algunas reflexiones para Ibagué y el Tolima: https://elcronista.co/columnistas/la-importancia-de-la-politica-de-crecimiento-de-salario-minimo-algunas-reflexiones-para-ibague-y-tolima
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