Por: Camilo Espitia
La constituyente propuesta por el presidente Petro también es objeto de atención en la campaña electoral de 2026. El presidente ha sostenido que, ante el bloqueo legislativo contra las reformas sociales, es necesaria la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que cambie la Constitución del 91 y, por esa vía, produzca las transformaciones requeridas en el país. El pasado octubre, se conoció la exposición de motivos del proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente elaborado por el exministro de justicia, Eduardo Montealegre. Y, recién el 26 de diciembre, se inscribió el comité promotor de la constituyente en la Registraduría Nacional.
Como de costumbre, el presidente se ha explayado retóricamente al referirse a la constituyente. Ha invocado al poder constituyente múltiples veces y ha resaltado ciertos aspectos materia de cambio constitucional. Algunos de estos aspectos, también mencionados en la exposición de motivos de Montealegre, serían los siguientes: paz, justicia, derechos fundamentales, reforma agraria, estatuto del trabajo, (re)ordenamiento territorial, sistema electoral y de partidos, organismos de control, política monetaria y medidas contra el cambio climático.
La constituyente, en ese orden, plantea cambios constitucionales en lo dogmático y lo orgánico, es decir, en las normas de derecho fundamental y sus mecanismos de exigibilidad y en la estructura de la organización del Estado, así como en participación y partidos políticos. Para mí no hay duda de que los aspectos propuestos a discutir en la constituyente no solo tienen pertinencia y necesidad, sino que requieren transformaciones sustanciales ante los enormes problemas que enfrenta el país. Justamente los opositores más fuertes a las reformas sociales de Petro fueron los que dejaron a Colombia en un estado crítico debido a sus gobiernos interesados en concentrar poder y riqueza en desmedro de las mayorías populares, satisfacer intereses particulares en perjuicio del interés general y reproducir un modelo de explotación y dominación que incubó el conflicto armado y la violencia.
A mi parecer, el proceso constituyente que requiere Colombia es uno abierto y popular. El neoliberalismo implantado y juridizado en la década de 1990 y el régimen político restringido configurado por las clases dominantes, estructurado por el hiperpresidencialismo, la captura corporativa, mafiosa y clientelar del Estado, la estrategia contrainsurgente y las resistencias estructurales a la construcción de paz con justicia social, deben superarse a través de una transición seriamente planteada hacia el socialismo. De ahí que un proceso constituyente abierto y popular insista en asuntos determinantes para la transformación del modelo de país. Dicho de otro modo, el proceso constituyente abierto y popular debe identificar y transformar las selectividades estratégicas del Estado colombiano. Desde luego, el modelo económico, el régimen político y la concepción ambiental son asuntos de indispensable cambio constitucional.
Sin embargo, la evaluación sobre la conveniencia y viabilidad de un proceso constituyente también contempla la correlación de fuerzas existente y la capacidad política y organizativa del campo popular. Hoy día, Colombia sigue inserta en un empate catastrófico. Aunque sectores progresistas y populares alcanzaron el gobierno y han tomado medidas favorables para las clases populares, no han logrado sustituir el modelo neoliberal por uno alternativo ni transformar sustancialmente el régimen político, mientras que los sectores dominantes, que defienden el viejo modelo de país, resisten ante los esfuerzos de cambio. Ciertamente, en instituciones judiciales y de control hay resistencias a políticas transformadoras, pero los gremios, los reservistas, el Congreso y los medios de comunicación corporativos han manifestado la oposición más agresiva al gobierno.
Además, la mayoría de las organizaciones sociales y políticas del campo popular no lucen en modo constituyente, pese al más que todo retórico y no tan insistente impulso gubernamental y al ímpetu constituyente de algunas de estas organizaciones en la década pasada. A ello se suma la pregunta por la conveniencia y utilidad de agitar una constituyente en medio de la campaña electoral de 2026.
Sobre esto último, vale recordar que, en sus primeras elecciones, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa propusieron procesos constituyentes con apoyo popular en sus respectivos países. De ese modo, surgieron Constituciones de avanzada social, que sentaron las bases de proyectos de país alternativos: para el “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, posliberal y del Sumak Kawsay -Buen Vivir- en Ecuador y del Suma Qamaña -Vivir Bien- y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) en Bolivia.
Sin embargo, el panorama para el Pacto Histórico y su candidato Iván Cepeda de cara a las elecciones de 2026 pinta bien diferente. Aunque el Pacto Histórico albergue capacidad de movilización hacia una coyuntura electoral, la constituyente no tiene suficiente respaldo popular ni tampoco ha sido apropiada o retroalimentada por sus bases. En un escenario de empate catastrófico como el colombiano, la constituyente corre el riesgo de producir una fricción de fuerzas todavía mayor que inclusive puede derivar en un impasse constituyente como en Chile. En este punto vale preguntar: ¿Cuál es el papel de la constituyente en la campaña electoral?¿Es más viable plantear una reforma parcial o la sustitución de la Constitución del 91?
Con todo, pienso que la asunción seria de la apuesta constituyente por parte del campo popular puede aproximar un punto de bifurcación del proceso político colombiano. Tras años de aguda disputa entre el bloque social-progresista y el bloque conservador, donde cada vez más las posibilidades de conciliar se cierran y resultan menos efectivas, una opción constituyente popular puede ser la fórmula de resolución de la bifurcación. Es decir, un proceso constituyente de tales características puede generar las condiciones de una salida a la bifurcación que consolide el proceso de cambios del bloque social-progresista y lo afirme al poder estatal. Por supuesto, esto depende, en parte, del triunfo electoral en 2026. Pero, por otra parte, también depende del impulso táctico y estratégico dado por el campo popular a un proceso constituyente abierto y popular.
Aun así, el riesgo que encarna una opción constituyente en este momento, ante la correlación de fuerzas actual y las falencias del campo popular, implica un margen de posibilidad importante para las fuerzas de derecha. De hecho, la bifurcación también puede resolverse con la restitución del viejo orden en nuevas condiciones.
Entonces, si el campo popular decide impulsar una constituyente abierta y popular, debe hacerlo con audacia y valentía y con una visión táctica y estratégica (que brilla por su ausencia). En la actual situación política, seguir llanamente la convocatoria por arriba de una constituyente puede ser más perjudicial que beneficioso. Vale más la preparación y agitación de una constituyente desde abajo, no sujeta al calendario electoral, pero con vocación de cambio y capacidad de instalación en el tiempo. De tal suerte que resulte más factible un proceso constituyente abierto y popular que siente las bases de un modelo de transformación social de transición para Colombia.
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