Por: Santiago Pulido Ruiz

La intervención del presidente Gustavo Petro en la conferencia del G-20 en Río de Janeiro (Brasil) representa una de las propuestas democráticas internacionales más relevantes en el contexto de la actual crisis capitalista global. Temas como la migración, la soberanía alimentaria, la crisis climática, la regulación pública-global de las Inteligencias Artificiales, la Renta Ciudadana Universal, el genocidio en Gaza y el conflicto ruso-ucraniano hicieron parte del discurso del progresismo colombiano ante la cumbre de “los más poderosos del mundo”. En este breve artículo analizaremos los ejes de la propuesta del gobierno colombiano para encarar los retos de la migración global, el hambre mundial y la crisis climática.

i. El fenómeno migratorio: una contradicción entre norte y sur global

El discurso de Petro en el G-20 tuvo como primer componente de análisis el fenómeno de la migración del sur global al norte desarrollado. El factor explicativo de dicho fenómeno consiste, a juicio del gobierno colombiano, en el reforzamiento de los mecanismos de desigualdad social y en la extensión-aumento del hambre mundial. Sin hambre en el sur, sostuvo Petro, no hay migración al norte desarrollado. Es decir, el fenómeno migratorio reactualiza la discusión en torno a las relaciones de dependencia entre economías periféricas y economías centrales. 

De allí que propuestas como la del fortalecimiento de la política regional de soberanía alimentaria representen una alternativa efectiva ante el problema del hambre del sur global. No es la primera vez que ante instancias como el G-20 se plantea la cuestión del hambre mundial y la crisis climática como puntos emergentes de la agenda global, sin embargo, lo fundamental de esta intervención radica en su carácter estratégico: la solución del hambre mundial y del fenómeno migratorio pasa, necesariamente, por la transformación de las estructuras económico-productivas latinoamericanas.  

Justamente, en un intento de articular los problemas de la tenencia de la tierra en América Latina con el problema actual de la crisis climática, el gobierno colombiano planteó un acuerdo entre las economías del G-20 para avanzar en un programa de reforma agraria (que recuperase para sí el principio de función social de la tierra) en estrecha articulación con la transición energética y la descarbonización de las economías. Según esto, la economía intensiva del petróleo y el carbón no ha logrado acabar con el hambre mundial. Por esta razón, se requiere de un plan de transformación de la matriz productiva regional que conciba una agricultura sin carbón y sostenida por pequeñas unidades productivas (pequeños granjeros y campesinos).

Este proyecto de reforma agraria, conectada directamente con los problemas de la crisis climática global, no es, simplemente, una medida de redistribución económica y de acceso a la propiedad de la tierra, sino una decisión político-democrática que busca restaurar derechos políticos y de ciudadanía a las bases sociales campesinas. Solo a través de este doble movimiento (económico-político) es posible avanzar en una estrategia de descarbonización de las economías latinoamericanas, en una transformación de la matriz de acumulación dependiente y en la recuperación de los derechos políticos-ciudadanos del mundo campesino y rural.

ii. Las Inteligencias Artificiales en debate: disposición democrática vs disposición privada

El segundo elemento de análisis del discurso presidencial giró alrededor de la regulación público-global de las Inteligencias Artificiales. En un mismo sentido al problema del hambre y la migración global, la regulación pública de las Inteligencias Artificiales guarda estrecha relación con la transición energética, la descarbonización de las economías y el cambio de matriz productiva. Uno de los aspectos claves de esta aproximación tiene que ver con la interacción entre expansión mundial de las IA y crisis climática (sin regulación estatal e interestatal, estas amenazan con profundizar el hambre mundial, las desigualdades sociales y aumentar el desempleo mundial).

Es necesario, pues, una regulación pública de las IA que recupere su dimensión colectiva (el general intellect que Marx teorizaba como conocimiento social acumulado y fuerza productiva de las economías). Justamente, la intervención del gobierno colombiano acertó al sugerir que el aprovechamiento privado de las IA (con fines de aumentar la tasa de ganancia del capital) es causante de la profundización de las desigualdades sociales y del hambre mundial. La propuesta de una multilateralidad de los Estados internacionales busca, precisamente, reconocer a las sociedades del mundo como agentes de una democracia global que pueda frenar estas lógicas de altas y desmedidas tasas de retorno del capital.

Poner las IA en función de la humanidad y, especialmente, de la transición energética, la descarbonización de las economías latinoamericanas y del cambio de la matriz productiva es, pensando desde Zavaleta-Mercado, una disposición democrática que amplía la base material de derechos para la clase trabajadora, recupera grados de autonomía-soberanía nacional y plantea, de manera frontal, la cuestión de la transición-industrialización de nuestros aparatos productivos. Sin duda, una articulación estratégica en el marco de agotamiento del régimen de acumulación neoliberal y su acelerado proceso de regresión de derechos sociales.

iii. Renta Básica Universal: una posibilidad de radicalización democrática

Al lado del problema migratorio global y la regulación pública de las IA, el gobierno colombiano se refirió también a una propuesta, ante el G-20, de garantizar una renta ciudadana universal como mecanismo económico capaz de acabar con el hambre mundial. Esto, a juicio del presidente Petro, implicaría una reestructuración de las finanzas internacionales (lo cual toca el tema de deuda externa como forma de reproducción del patrón de dependencia en América Latina). Solo a través de una iniciativa de tal carácter es posible superar la crisis económica actual y eliminar el hambre de los pueblos del tercer mundo.

Sin embargo, la potencialidad de la Renta Básica Universal no se reduce, únicamente, a una cuestión de superar el problema del hambre mundial y sortear la onda larga de la crisis capitalista, sino que plantea, en el fondo, el asunto de la reorganización de la vida económica. Luis Fernando Medina sostiene que, desde una perspectiva socialista, “la renta básica encarna el principio de propiedad colectiva sobre la riqueza de la sociedad. Es decir, los individuos tienen derecho a un ingreso mínimo porque, como miembros de la sociedad, son copropietarios de toda su riqueza”[1]. Se trata, pues, de una propuesta de mayor envergadura que intenta desencadenar una transformación profunda en el discurso legitimador de las actuales sociedades.

Por esta razón, no es menor que el presidente Petro se haya reivindicado progresista, demócrata radical y socialista (sobre todo, en un contexto de contraofensiva autoritaria-neoliberal). El programa esbozado en el G-20 (que es, en realidad, una propuesta a los progresismos latinoamericanos) puede generar una articulación estratégica de las clases populares y los actuales proyectos democráticos que termine torciéndole el cuello a las lógicas del capital. Para esto, es necesario un movimiento popular que, sin renunciar a la disputa estatal, radicalice el programa de cambio y transformación nacional del progresismo.

iv. Consideraciones finales:  

Finalmente, el discurso del presidente Petro se refirió al conflicto ruso-ucraniano y al genocidio palestino. Frente al primero, se opuso al intento estadounidense de lanzamiento de misiles a Rusia (que, en la práctica, demanda una oposición de los Estado-parte del G-20 a la expansión militarista de la OTAN). Contrario a la avanzada guerrerista, desde Colombia se insistió en el diálogo directo ruso-ucraniano sin exclusión alguna de las partes. Cualquier cumbre de paz, sostuvo Petro, que excluya a alguna de las partes es, en realidad, una cumbre de guerra. Esta afirmación contrasta con la formalidad-diplomática de Boric en Chile (quien participó de la cumbre de paz por Ucrania con los principales gobiernos promotores del conflicto internacional).

En la misma dirección se refirió el gobierno colombiano al genocidio palestino. La invitación a los integrantes del G-20 fue a oponerse al genocidio en Gaza y tomar medidas contra el régimen israelí. Desde el mes de mayo, justamente el día de la clase trabajadora, el gobierno nacional rompió relaciones diplomáticas con Israel y, desde aquel momento, las críticas al régimen colonial y de apartheid se han radicalizado cada vez más. En Gaza, ha asegurado el presidente, se decide el futuro político de la humanidad (una lucha que, en apariencia es nacional, pero que ha despertado la más grande solidaridad internacionalista, es decir, su punto de anclaje dejó de ser estrictamente local para convertirse en una lucha de la humanidad entera).  

Por otra parte, el presidente también se refirió a la política de bloqueo económico (principalmente estadounidense) que asfixia la economía venezolana y cubana en nuestra región.  Invitó a los miembros del G-20 a cesar todo tipo de bloqueo económico en el mundo (al margen del tipo de régimen político). El bloqueo económico representa una ruptura sistemática de los derechos no de los Estados ni de los regímenes políticos en el juego internacional, sino de los pueblos del mundo que son quienes sufren las consecuencias inmediatas del ahogamiento económico-comercial.

En términos generales, la intervención del gobierno colombiano en la conferencia del G-20 planteó, a mi juicio, de manera acertada una estrategia de acción política frente a la actual crisis capitalista. Las referencias al agotamiento del régimen de acumulación neoliberal, a sus consecuencias sociales-políticas inmediatas y a la pasividad de los gobiernos regionales ante el desmoronamiento de sus economías es, en el fondo, un llamado a la articulación e integración política regional. La idea de construir comunidad, en contraposición al individualismo de Milei, pasa necesariamente por integrar a los Estados y pueblos de América Latina en una estrategia económica compartida que haga frente a la contraofensiva imperialista (que, ante su estado de crisis, amenaza la soberanía de los pueblos del sur global).


[1] Medina, F (2014). El Fénix Rojo. Las oportunidades del socialismo. Editorial Catarata.

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