En ciertos momentos, la política se da a cuentas gotas y,
en otros, se desborda a torrentes. En el último caso, la política se presenta
como un exceso de la democracia formal y de los mecanismos tradicionales de
mediación: es decir, suspende los marcos normativos y los procedimientos
institucionales-tradicionales para girar sobre un nuevo centro gravitatorio. La
democracia popular rebosa, en ese sentido, los estrechos márgenes de la democracia
burguesa e imprime un nuevo espíritu democratizador desde abajo. Precisamente,
este el horizonte político, estatal y estratégico al que debe apuntar el
gobierno de Gustavo Petro – Francia Márquez.
Como es evidente, la estrategia legislativa de la
derecha, así como su agenda política, gira entorno a desinflar y sepultar
cualquier iniciativa que provenga del Gobierno Nacional y de su bancada. Han
sido ellos, justamente, los que han cerrado los canales de diálogo
institucional y concertación técnica acusando al Gobierno de supuestas
“desviaciones ideológicas”. En esto, la derecha más reaccionaria y conservadora
ha encontrado el apoyo solapado del bloque de “independientes” que, antes que
impulsar una tercera vía, han blindado los mecanismos oligárquicos en el
Estado, frustrando cualquier posibilidad de cambio y reencauchando la captura
privada de la renta.
De allí que, frente al cierre legislativo que sufre el
Gobierno a causa de la inflexibilidad política de los gremios y los poderes
corporativos (sumado al bloqueo de las Altas Cortes), el progresismo proponga,
como última salida, un proceso popular-constituyente que dé un golpe de timón a
la política tradicional. La oligarquía y su aparato mediático no se ha hecho
esperar para acusar la alternativa instituyente-democrática como un intento de
ruptura del sistema político y de la estabilidad institucional. Mientras tanto,
siguen asediando el proceso reformista en curso.
Con este telón de fondo y bajo el actual panorama, la
situación exige al gobierno, si quiere adelantar su agenda estructural, moverse
por vías extra-institucionales. Lo que no implica desconocer los procedimientos
y principios demo-liberales (como azuzan ciertos analistas de centro-derecha,
al sugerir la “supuesta” deriva dictatorial y anti-institucional que ha tomado el Gobierno),
sino, por el contrario, reclamar cada victoria parlamentaria o institucional
como un logro popular, arrebatándole la iniciativa al Congreso e imponiendo el
derrotero nacional en las calles.
En ese sentido, el llamado a la movilización social es
crucial para denunciar que quien logró archivar la Reforma a la Salud no fue la
ciudadanía informada o los parlamentarios preocupados por la supuesta
eficiencia del actual sistema de salud, sino los portavoces del poder
empresarial de las EPS en el Congreso. La estrategia de las derechas consiste,
así, en el torpedeamiento de los análisis rigurosos y concienzudos que propuso
el Gobierno. Al fin y al cabo, su defensa es la de los privilegios existentes del
régimen de acumulación: recordemos que el negocio de la salud se encuentra
íntimamente vinculado con los intereses financieros y trasnacionales. Tal es el
caso, por ejemplo, de Keralty (entidad española promotora de salud en
Colombia).
Así las cosas, el Gobierno Nacional se ha estrellado con
el autoritarismo que subiste al interior de la tecnocracia: la democracia de
los procedimientos resulta ser muy restringida ante cualquier
transformación que no sea la manutención del neoliberalismo realmente existente.
De ahí que la movilización represente el núcleo más profundo y fiable para
garantizar el avance de las reformas progresistas y la apropiación popular.
Allí reside la esencia de la democracia popular: en su capacidad por
desmantelar el régimen de desigualdades e injusticias imperantes.
Precisamente, esta jornada de movilización nacional (en
el marco del día de las víctimas) pretende recuperar la iniciativa política
progresista y dar un golpe de opinión al establecimiento. El empate
catastrófico en el cual se encuentra atada la política colombiana solo puede
ser alterado con la movilización activa y sostenida del pueblo. Los
representantes de la república señorial no alcanzan a entender que la
conservación del viejo sistema oligárquico, dependiente y neoliberal conduce a
períodos de profunda polarización social y de inminente crisis. En tales
condiciones, al campo popular solo le queda la opción de respaldar el programa
del cambio, construir una alternativa de izquierdas que supere el impasse
progresista y derribe las murallas del antiguo régimen.
Publicar un comentario