Reforma Política: ¿hacia la democratización del régimen?

 

Por: Santiago Pulido Ruiz

A finales del mes de septiembre, la Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate, la reforma política e institucional que propone el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Desde el Ministerio del Interior y la presidencia del Congreso se sostiene que la reforma ayudaría a combatir el clientelismo electoral, además, garantizaría la paridad de género en las representaciones legislativas, en los órganos de control administrativo y en las Juntas de Administración Local.

 

Sin duda, se trata de una apuesta importante en la transformación de las estructuras de representación política. Sin embargo, la naturaleza del proyecto deja abierta algunas inquietudes: ¿Cuáles son los alcances reales de la reforma? ¿Qué cambios traerá en términos de democratización del régimen político? ¿De qué forma se garantiza la participación e incidencia de pequeños grupos u organizaciones políticas en la esfera electoral e institucional? A continuación, se abordan -de forma muy general- el contenido de la reforma y algunos comentarios a propósito de la transformación del régimen político y electoral.

 

i. Contenido de la reforma:

 

La Reforma Política, en cabeza del Ministro del Interior, Alfonso Prada, propone cambios en múltiples direcciones y niveles: los cambios irían desde las condiciones de selección de candidato/as por parte de partidos políticos hasta las condiciones para ocupar cargos de elección popular y ministerios, pasando, también, por la financiación de campañas electorales. Es decir, esta reforma busca, en teoría, atacar las redes de clientelismo del sistema político-electoral colombiano, fortalecer el sistema de partidos y equilibrar, a largo plazo, las inequidades y desigualdades de género en las representaciones político-institucionales.

 

Entre las principales propuestas se destacan: i. La obligación a partidos y movimientos políticos de presentar listas cerradas y con paridad de género en elecciones legislativas y comicios regionales; ii. La financiación de campañas vendría, mayoritariamente, del Estado; iii. Flexibilidad en el cambio de militancia política: se permitiría a figuras de elección popular cambiar de partido político sin renunciar a su curul ni incurrir en doble militancia; iv. Se implementaría, durante dos periodos constitucionales, el voto obligatorio (medida que se retiró en segundo debate); v. Se permitiría a cualquier congresista la posibilidad de integrar el gabinete ministerial con previa renuncia; vi. Se limitaría (a cuatro periodos) la reelección en corporaciones públicas de elección popular (Congreso, Asambleas Departamentales, Consejos Distritales y Municipales y Juntas de Administración Local); vii. Se reduciría la edad mínima (a 25 años) para asumir cargos legislativos (PARES, 2022).

 

Estas siete transformaciones, asegura el gobierno nacional, fortalecerían el sistema partidista, darían mayor consistencia a la identidad política e ideológica y transformarían la cultura democrática del país. Además, permitiría avanzar, por primera vez, en la eliminación de las inequidades y desigualdades de género en los puestos de representación política nacional, subnacional y local.

 

Desde luego, es un avance que el Gobierno Nacional plantee una reforma con posibles impactos en los procesos y prácticas de representación local. A diferencia de anteriores reformas, esta no se reduce, simplemente, a los puestos de representación nacional o a modificar el procedimiento legislativo, sino que incluye comicios regionales y elecciones locales (en el caso de las JAL). Sin embargo, una iniciativa de este tipo (progresista) no solo debe impactar las formas de representación de la vida local, debe reconocer, además, la autonomía de los procesos de autoorganización social y comunitaria. 

 

En todo caso, la reforma -que se presentó como Acto Legislativo- alcanzó la aprobación en segundo debate de la Comisión Primera del Senado. Ahora requiere, para completar la primera fase, dos debates en Comisión Primera y en Plenaria de Cámara de Representantes. De lograr mayoría simple en estos dos escenarios, la reforma pasaría a segunda vuelta. Allí requiere de mayoría absoluta en los 4 debates restantes.    

 

ii. ¿Hacia la democratización del régimen político?

 

Tras la aprobación en segundo debate de la reforma, se ha generado una discusión en torno a los alcances de la propuesta. Por parte de sectores de izquierda, se ha rechazado, parcialmente, puntos de la reforma (especialmente la obligación de lista cerrada) argumentando que, en la práctica, limita la participación de liderazgos sociales emergentes y pequeños grupos políticos.  

 

Al respecto, hay que aclarar que esta Reforma tiene un sentido estratégico. No pretende avanzar en la gran reforma democratizadora del régimen político. Las medidas buscan, simplemente, construir un ambiente institucional favorable al progresismo: la flexibilidad en el régimen de incompatibilidades (posibilidad de que un congresista pueda cambiar de partido político o saltar del Congreso al gabinete ministerial), la obligación de presentar listas cerradas en elecciones nacionales y regionales son medidas que benefician, en buena medida, al proyecto político del gobierno.

 

Por ejemplo, en el marco de la aprobación de reformas más estructurales (Reforma Agraria, Tributaria o Salud), al gobierno Petro le conviene tener dentro de sus ministros a figuras con amplio apoyo popular (un congresista de coalición) o con margen de negociación con sectores estratégicos (un congresista de partidos independientes o de bancada de gobierno). De cara a las elecciones regionales, el Pacto Histórico requiere, nuevamente, una estrategia uniforme (lista cerrada) que les permita crecer electoralmente. Es decir, es una reforma política que, de cierto modo, tiene un pie en la próxima coyuntura política y electoral.

 

Sin embargo, más allá de su sentido estratégico, debe decirse que se trata de una reforma con grandes límites. El proyecto no aclara, por ejemplo, cuáles serán los mecanismos de democracia al interior de partidos o coalición de partidos para la selección de candidato/as. En ese contexto, las “pequeñas” organizaciones y liderazgos emergentes sí pueden ser desplazados del escenario político-electoral o, por lo menos, de las posibilidades reales para llegar a puestos de representación política.

 

De hecho, este tipo de iniciativas puede generar que los pequeños grupos políticos terminen aislados del escenario electoral o que tiendan a quedar subsumidos dentro de grandes o medianas estructuras partidistas. Tampoco queda claro si habrá una reforma a la estructura institucional-electoral del país y al Consejo Nacional Electoral.

 

De todos modos, es una apuesta legítima por parte del Gobierno Nacional y, como tal, la izquierda debe acompañarla. No obstante, los movimientos populares y los sectores sociales organizados deben comprender los enormes límites de esta propuesta que no afectará, en sentido estricto, el régimen político ni la estructura de participación electoral. Es más, esta reforma intenta dar una salida institucional a la crisis del sistema de partidos que venía ocurriendo hace unos años y que encontró su punto de inflexión con las movilizaciones del año 2021.

 

Es posible, bajo un escenario de ese tipo, que las contradicciones sociales, antes que resolverse, crezcan y se agudicen. En ese sentido, es tarea de los movimientos populares impulsar, en el largo plazo, una propuesta de reforma tanto del régimen político como del sistema electoral colombiano. Las formas de autoorganización popular y los mecanismos de democracia social representan, en un escenario futuro, insumos importantes de cara a un nuevo proceso instituyente.