[Imagen: José Alejandro Colina - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0]
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Por: Héctor Valencia 

   Desde el magnicidio del caudillo Jorge Eliecer Gaitán en 1948 y el paro cívico de 1977, el país no había vivido un clima de ebullición social de grandes magnitudes. En términos de duración y extensión geográfica, el reciente estallido social no solo se prolongó durante semanas sino que floreció igualmente en casi todas las regiones del país, rural y urbana.  Podríamos atrevernos a decir que este levantamiento popular marcará un capítulo muy importante de nuestra historia nacional. Por un lado, se observa una apropiación del espacio público a través de marchas, movilizaciones, plantones, paros y performances artísticos. Por otro lado, se evidencia una ebullición de los debates políticos, el contraste de ideas, el interés por la historia del país y la búsqueda de soluciones para la crisis.

Así pues, estos dos factores reunidos crean una atmosfera propicia de avanzada social con el ánimo de garantizar una verdadera justicia social, ambiental y cultural. Este tipo de justicia deberá estar anclada en la redistribución de la riqueza, el reconocimiento y garantía efectiva de derechos. Con estos tres pilares fundamentales se podrá construir un sistema de salud y pensiones universal y solidario, acceso gratuito y universal a la universidad pública. Asimismo, permitirá el aumento de los salarios y restituciones de los derechos laborales, incremento de la productividad nacional y la industrialización del país. También la protección de la naturaleza, los animales y las fuentes hídricas. Igualmente garantizará el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ+, entre otras cuestiones urgentes.

Ahora bien, con la posible avanzada de los movimientos sociales y políticos, la clase dominante oligarca está atemorizada, pues su hegemonía político-económica basada no solo en la explotación de la clase trabajadora-campesina y la expoliación de la naturaleza, sino también en un sistema de dominación abiertamente racista y machista, puede ser remplazada por un nuevo Pacto Histórico, Social y Popular de carácter policlasista y multisectorial.

La dialéctica, divergencia y conflicto que emerge entre los sectores sociales que impulsan el cambio social y los sectores que se le oponen provoca, sin duda, una serie de desafíos y responsabilidades que habría que analizar en clave histórica.

De hecho, el momento actual de la correlación de fuerzas no es más que un acumulado de luchas que han agrietado paulatinamente la hegemonía de la Regeneración conservadora de 1882, la dominación imperial estadounidense y la dictadura del Frente Nacional. Este proceso de fractura hegemónica se ha llevado a cabo a través de varios frentes.

En concreto, la lucha agrupada en torno a organizaciones armadas, núcleos intelectuales, nuevos movimientos sociales y frentes obreros ha contribuido de una u otra manera a la construcción de la atmosfera política actual y el debilitamiento de la hegemonía oligarca. El proceso constituyente del 91 y los recientes acuerdos de paz son dos ejemplos de cómo el país ha experimentado formas inéditas de ampliación democrática en términos de derechos sociales, políticos y ambientales, espacios de contrapeso institucional y formas de participación política. Asimismo, el tipo de organización federada entorno a la nuevos movimientos sociales iniciados en los 70s ha creado una dinámica de participación y disputa política que, si bien se focalizan en causas muy particulares, han elevado una toma de consciencia política. Los movimientos, ONG, colectivas, federaciones y organizaciones que reivindican las luchas indígenas, feministas, ambientalistas, queer, altermundistas y otras expresiones de la sociedad viva han contribuido, sin duda, a la emergencia de este momento político. 

De la misma manera, el compromiso de múltiples universidades, docentes con consciencia social e “intelectuales orgánicos” han contribuido en el análisis y creación de conceptos, categorías y esquemas de pensamiento indispensables no solo para interpretar la realidad, sino también para disputar el relato y la conducción de la sociedad. Por último, las luchas llevadas a cabo por los sindicatos, frentes de trabajadores y centrales obreras que remontan a los años 30 ha significado una prolongación ininterrumpida de memorias de emancipación, formas de organización y ocupación de los espacios públicos mantienen vivo la opción de cambio.

Frente a semejante situación histórica, las fuerzas sociales y políticas articuladas alrededor del Pacto Histórico tienen una enorme responsabilidad, pues de su éxito o fracaso, dependerá que este capítulo nacional de democratización, avanzada social y prolongación de conquistas se amplifique y fortalezca o, por el contrario, entre en un periodo de reflujo, postración y decadencia. En caso de fracaso, no solo se recodará este periodo como el pequeño interregno progresista, marginal, casi insignificante, sino también como co-responsable de la continuidad del régimen oligárquico. En caso de éxito, habrá que prever la articulación, fortalecimiento y democratización de las relaciones entre partidos políticos, movimientos sociales e intelectuales orgánicos.

Para consolidar esta articulación, será necesario recoger las demandas de los movimientos sociales, las multitudes y las ciudadanías libres movilizadas durante el estallido social, generar espacio de toma de decisión y representación democrática y colectiva, incentivar el dialogo y la participación de la ciudadanía, fortalecer la confianza entre las demandas sociales y los intereses partidistas.

En este contexto, los procesos progresistas de América Latina nos han suministrado suficientes lecciones relativas a las relaciones entre movimientos sociales, ciudadanías y partidos políticos. Cuando prima el interés partidista, burocrático y estatal en detrimento de la participación popular y ciudadana, los gobiernos progresistas se han debilitado, perdiendo, en muchos casos, los espacios, derechos y narrativas conquistadas. En Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina han sucedido eventos políticos desastrosos (golpes de Estado, persecución, encarcelamiento, lawfare y represión), cuyo origen se remonta a la desarticulación entre los partidos progresistas gobernistas-oficialistas y movimientos sociales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario analizar la dinámica social y política en el plano internacional. Al tenor de los acontecimientos del estallido social en Colombia, la diáspora colombiana se manifestaba igualmente en más de 95 puntos alrededor del mundo.  En muchas ciudades se registraron movilizaciones inéditas agrupando 10.000, 20.000 y hasta 50.000 mil colombianos y colombianas en Nueva York, Buenos Aires, Montreal, Paris, Madrid y Londres. Gracias a la denuncia de la diáspora organizada, el mundo pudo conocer de primera mano los niveles de represión, sevicia y crueldad de las fuerzas policiales, militares y paramilitares. En este sentido, el mundo conoció el tratamiento represivo que durante décadas la movilización social ha sufrido.  Muertos, mutilados y desaparecidos fueron denunciados a lo largo y ancho del mundo. Como resultado, el gobierno de Duque quedó literalmente aislado internacionalmente, incluso el gobierno de USA le dio la espalda por haber intervenido indebidamente en las elecciones gringas.

En toda esta dinámica de movilización y agitación social, un nuevo sujeto político iba formándose. Sujeto olvidado, no reconocido y marginalizado durante décadas. Luego de varios capítulos exitosos tales como la marcha ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos (2019) y la movilización frente a la  ONU en Suiza (2019), la diáspora colombiana se ha convertido en un actor vigoroso, sólido y capaz de conducir y guiar procesos no solo de lucha por Colombia, sino también de lucha internacionalista. Como nuevo sujeto político-social constituido, la diáspora enfrenta, por supuesto, nuevos desafíos. Para comprenderlos mejor habrá que entender un poco la sociología de la migración colombiana.

Marcha ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos (2019)

Según algunas estimaciones, se calcula que más de cinco millones de colombianos y colombianas han abandonado el país por múltiples causas tales como el exilio político, la reagrupación familiar, la búsqueda de oportunidades de trabajo y/o académicas.  Los países con mayor número de migrantes colombianos y colombianas son Estados Unidos, Venezuela, España, Ecuador y Canadá. El grueso de la migración ha sido fruto de las dinámicas del conflicto armado, la persecución política, la censura y la represión. También, ha sido resultado de la crisis económica provocada por la apertura neoliberal que destruyó miles de puestos de trabajo en los 90s. Igualmente, la falta de oportunidades de acceso a la universidad pública ha hecho que miles y miles de jóvenes salgan del país para realizar sus estudios de pregrado o posgrado en países en donde el acceso es universal y gratuito o, en su defecto, de bajo costo y fácil acceso.

Por su parte, la geografía social de la diáspora colombiana es bastante dispersa y compleja. Si bien gran parte de la migración se concentra en ciudades capitales, la población colombiana está, a su vez, dispersa en múltiples barrios, en muchos casos, periféricos que dificultan una verdadera interacción comunitaria.  Existe otra gran masa de migración dispersa en ciudades intermedias y pequeñas en cuyo seno es más compleja la posibilidad de socialización. Algunos puntos de socialización son las fiestas colombianas, las iglesias, los eventos deportivos, las asociaciones y algunos sectores laborales ligados a la limpieza, la cocina y la construcción.

Con la activación de la protesta política, las concentraciones sociales en diferentes capitales se convirtieron en un espacio ampliado de socialización. Gracias a la actividad política, la diáspora colombiana se “rejuntó” y politizó. Una parte considerable de la diáspora colombiana vive en “desconexión política” con las dinámicas que suceden en el país. Debido, en parte, por la falta de tiempo, interés y, sobre todo, por una creciente perdida de “identidad y consciencia nacional”. Todos estos elementos dificultan claramente cualquier proceso de construcción político-social. Sin embargo, ha sido la ciudadanía la que ha encontrado formas de organización relativamente espontánea, creando grupos de debate, discusión, militancia y trabajo comunitario.

En concreto, el reto de los sectores alternativos que integran el Pacto Histórico Internacional es grande, pues deben generar un cierto vínculo orgánico con la diáspora colombiana que, por su naturaleza migrante, es inorgánica. Por otro lado, la dificultad de la comunicación de la migración presente en múltiples países complejiza todo proceso de organización. No obstante, las nuevas tecnologías han contribuido mucho en estas dinámicas de “juntanza”, razón por la cual, actualmente, existen múltiples redes, entramados y conexiones políticas, sociales y civiles de carácter internacional.

Una vez dicho esto, y con lo mencionado al comienzo de esta reflexión, es necesario analizar las dinámicas del Pacto Histórico en su capítulo Internacional. Si el objetivo consiste en fortificar la relación entre los movimientos sociales, ciudadanías y fuerzas sociales - en gran dispersión e inorganicidad - con los partidos políticos, es necesario encontrar formas de participación, mediación y puentes que permitan articular ambos polos. La mayoría de las consignas enarboladas en las manifestaciones en Colombia y el exterior apuntan no solo a denunciar la represión, la pobreza y la discriminación, sino también a construir nuevas formas de participación más democrática, en donde se reconozca a la ciudadanía en su poder social y político.

Por lo anterior, habría que buscar mecanismo de participación ciudadana que vayan en consonancia con las demandas del estallido social. Sería un terrible error no escuchar estas demandas y tomar decisiones a la espalda de la ciudadanía y la diáspora.  En concreto, la conformación de la terna para la lista del Pacto Histórico Internacional a la circunscripción especial internacional de la Cámara de Representes debe ir de la mano con las demandas y exigencias de la diáspora movilizada. Realizar, por ejemplo, acuerdos políticos entre partidos a puerta cerrada no solo debilitaría la confianza y conexión entre los partidos políticos y los movimientos sociales, sino que sería tácticamente contraproducente para realizar un ejercicio de agitación de masas y movilización electoral. Por su geografía social, la diáspora colombiana exige un ininterrumpido proceso de aglutinación y cohesión política. Igualmente, es claro que la diáspora demanda infatigablemente procesos de pedagogía política e instrucción electoral. Pero, sobre todo, reclama participación y reconocimiento, pues, su voz, no solo ha sido callada, incluso por los mismos partidos alternativos, sino también ha estado durante muchos años en silencio. Hablar, participar y sentir de nuevo el espíritu de la “colombianidad” en un proceso político-electoral es el reto más grande para superar y afrontar.

En consecuencia, considero que para garantizar el reconocimiento, la participación, la articulación y la aglutinación de la diáspora colombiana, el mejor proceso para definir la terna del PHI deberá ser una consulta digital abierta, universal y amplia. Con ella, se cumplirían todos los criterios sociales y políticos anteriormente señalados.  Además de poder contabilizarnos como fuerza política, sería un gesto de reparación y reconocimiento con una población doblemente marginada. Marginada por el país de origen, marginada por el país de llegada. En esa frontera, debemos hacer presencia las fuerzas sociales y políticas que buscan el cambio social, acompañando y nutriendo su organización. Por esto invito fraterna y cordialmente a las fuerzas políticos que conforman el Pacto Histórico Internacional a que seamos creativos y creativas, osados y osadas y revolucionarios y revolucionarias para pensar nuevas formas de hacer política. 

Al Polo Demócratico Alternativo, con más de 10 años de experiencia, organización y cohesión les extiendo la invitación para que le apuesten a una consulta digital universal y amplia. Al PCC, con más de 90 años de experiencia, organización y construcción partidista, les compartido igualmente mi invitación para trabajar en este horizonte político. A la UP, con más de 20 años de organización y experiencia política, les transmito igualmente esta tesis política.

¡Con el pueblo, Por el pueblo y Para el pueblo!

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