Por:
Santiago Pulido Ruiz.
Antes de lanzar una respuesta
definitiva al interrogante del encabezado, el presente artículo pretende
sugerir unas líneas de análisis frente a la actual crisis de representatividad
y gobernabilidad por la que atraviesa la actual administración municipal de
Ibagué. De manera simultánea, intenta interpelar al campo progresista local y
su seria intención por impulsar un proceso de revocatoria contra el mandatario
conservador. Esta segunda pretensión aspira a construir -de manera escrita y
directa- escenarios y encuentros de diálogo y debate político.
Para iniciar, desde su
elección, la administración de Hurtado ha tenido constantes retos en materia de
gobernabilidad y representatividad. El reducido margen con el que el mandatario
logra posicionarse como alcalde de Ibagué configuró uno de los importantes
desafíos para el partido de gobierno: ganar la aprobación de la mayoría de la
ciudadanía y avanzar y ejecutar, holgadamente, su plan de gobierno.
Como es evidente, no ha
tenido siquiera un relativo éxito en ninguno de estos propósitos.
Fundamentalmente por dos razones: primero, el proyecto político de Hurtado no
representa mayoritariamente a ningún sector social de la ciudad, salvo a los
pequeños círculos que alimenta mediante cuotas burocráticas[1], esta situación deja frágil,
políticamente, a la administración ante un eventual cuestionamiento
generalizado de su gestión, circunstancia que ocurre actualmente; segundo, pese
a la poca articulación y siendo minoría en el Concejo Municipal, distintos
sectores de la oposición han logrado equilibrar el juego democrático y la
independencia de poderes al momento de aprobar proyectos de inversión social.
Así las cosas, la redistribución y reconfiguración de prácticas clientelares,
como estrategia de gobernabilidad, no ha sido una técnica garante de la
estabilidad política de la administración Hurtado (Mucho menos lo ha sido el
burdo y malogrado intento por teñir de azul el espacio público como
re-identificación de lo
social).
Por otra parte, se suma a la
crisis de gobernabilidad y representatividad los permanentes desaciertos en el
manejo de la emergencia sanitaria, el desinterés deliberado por consolidar un
proyecto de ciudad convenido por las mayorías sociales y políticas, la
reconfiguración premeditada de símbolos y elementos de identificación cultural
y regional, entre otras decisiones. Lo anterior ha terminado por rodear a la
administración conservadora de un descontento social generalizado, que hoy
intenta ser traducido y capitalizado por sectores de la oposición en un
descontento político de revocatoria. Más adelante volveremos sobre las
implicaciones de este intento.
Ahora bien, ante el escenario
superficialmente descrito, cabe ser auto-críticos: en la contienda electoral de
2019, los sectores de izquierda y los sectores alternativos no lograron avanzar
en la resolución de sus contradicciones políticas y en la tarea de ofrecer un
programa con una relativa continuidad de las líneas generales del predecesor
mandatario, Guillermo Alfonso Jaramillo. El plan de gobierno de Jaramillo tenía
la ventaja de haber ganado apoyo de las mayorías sociales y el buen voto de
opinión. De esa manera, había constituido –sin buscarlo- marcos de referencia
para la gestión pública y la identificación social. Con frecuencia estos marcos
de referencia y sentido han sido ignorados por las distintas fuerzas políticas,
lo que los ha llevado a desconocer y subvalorar los arreglos sociales frente a
las instituciones municipales. Arreglos incrustados en el imaginario colectivo
de la ciudad y que deben ser continuamente refrendados.
A contrapelo, los sectores
alternativos se concentraron en otra tarea: agudizar sus contradicciones, provocando
una imposibilidad de articulación y cierre de acuerdos frente a un proyecto
común o mínimo de sociedad. Inclusive, la construcción discursiva y
programática de los candidatos en 2019 se centró, esencialmente, en
diferenciarse y desmarcarse política e ideológicamente unos a los otros, lo
cual no es nada reprochable, sin embargo, ninguno ofreció una idea de sociedad
al servicio de las mayorías: los programas políticos mencionaban algunos de los
problemas estructurales de la ciudad y ciertas propuestas interesantes, no
obstante, el costo fue renunciar a un horizonte de cohesión estratégico y
marcos de sentido vinculante.
Sin proponérselo, el discurso
tecnócrata y automatizado de Hurtado caló en el electorado y, junto a él, el
desplazamiento discursivo de los candidatos progresistas que, con ambigüedades
y recelos frente a la gran maquinaria clientelar conservadora, se acomodaron a
la mediocridad política. En síntesis, se carece hoy de un proyecto riguroso y
amplio de sociedad y ciudad. Dicha carencia coincide, también, con la ausencia
de acuerdos y arreglos entre voluntades -mayoritariamente progresistas- en un
plan de gobierno para futuras contiendas
electorales.
En ese orden de ideas, el
campo progresista y alternativo debe reflexionar y anticiparse frente múltiples
circunstancias ante un eventual proceso de revocatoria de mandato:
i. es crucial tener
en cuenta que las iniciativas de revocatoria en Colombia han tendido,
mayoritariamente, al fracaso. Esta consideración no representa en sí misma un
argumento para invalidar el mecanismo de participación, pero sirve para
advertir sobre el desafío social que demanda. Si se quiere, constitucionalmente
se ha pensado este ejercicio como un proceso real de movilización social y
participación, con el fin que no se desvíe hacia fines políticos particulares y
represente, principalmente, la voluntad general, por lo tanto, debe asumirse
indefectiblemente de este modo;
ii. En conexión con la
consideración previa, es clave preguntarse: ¿cuenta esta iniciativa de
revocatoria con un agenciamiento social sólido? Es decir, ¿cuál es la dirección
política que se le dará al descontento social generalizado? Lo anterior a razón
de que es necesario transformar el descontento social abstracto en fuerza
política concreta, sobretodo, movilizar en las urnas, pero también recrear las
formas comunitarias de participación, algo de lo que carece la cultura política
de la ciudad y también carece en la narrativa progresista local;
iii. ¿En torno a
qué ejes se impulsaría dicho proceso de revocatoria? Hasta ahora la iniciativa
se articula en negativo, con el objetivo de revocar el mandato que, a juicio
nuestro, es aún prematuro al momento de evaluar, sin embargo, ¿cuál es la
propuesta en concreto (en positivo) que ofrece el campo progresista ante un
eventual vacío de poder por ocasión de la revocatoria? Insistimos, esta es otra
debilidad del espectro progresista: no cuenta con un proyecto de sociedad y
ciudad en función de las mayorías sociales y en promoción de la democracia;
iv. De lograrse
el proceso de revocatoria y llamar de nuevo a elecciones, ¿estaría dispuesto el
nuevo gobierno a administrar el plan de desarrollo de Hurtado? Que por fuerza
de ley es de estricto cumplimiento. Dicho de otro modo, de lograrse el cometido
revocatorio, ¿el gobierno entrante estaría de acuerdo con continuar
administrando las líneas rectoras del Partido Conservador?;
v. ¿Comprende
el campo progresista y alternativo el complejo desafío político posterior a una
revocatoria? ¿Cómo se prepararía para canalizar el descontento social y el
equilibrio de poderes? ¿Cómo redistribuiría el poder institucional con los
otros actores políticos involucrados en el proceso de revocatoria? ¿De qué
manera quiebra y se distancia de la lógica clientelar para contener la presión
social y política?
Lo que tratamos de insinuar e interpelar es lo
siguiente: de ser exitosa la revocatoria de mandato, un nuevo gobierno enfrenta
varias tensiones. Primero, administrar y culminar satisfactoriamente el plan de
gobierno del partido Conservador, aprobado por el Concejo Municipal; segundo,
fomentar instancias extra-institucionales que canalicen el descontento social y
construyan el imaginario colectivo de integrar a la sociedad en las decisiones
político-administrativas, aquí es clave aclarar que el actual plan de gobierno
tiene un estrecho margen que permitiría tal pretensión; tercero, tensiones
administrativas y burocráticas, en cuanto a la redistribución del poder y los
cargos burocráticos y administrativos con anteriores y nuevos funcionarios;
cuarto, concertar con las mayorías sociales y políticas una agenda progresista
para una futura contienda electoral, que procure redificar una idea de sociedad
y ciudad desde la perspectiva de una voluntad popular y alternativa.
Claramente, los tiempos en
política terminan por trasponer estas tensiones y objetivos de largo aliento en
prioridades y decisiones inmediatas y urgentes. Por lo que resulta pertinente
cuestionar: ¿los sectores alternativos están dispuestos a asumir el vértigo y
el costo político de una revocatoria sin que exista aún un programa político
mínimo que garantice una futura gobernabilidad? ¿No resultaría conveniente, por
el contrario, que dicho proceso de revocatoria estuviera encabezado por
fragmentos de la Sociedad Civil y que fuesen estos, mediante espacios de
politización y sociabilidad política, quienes aportaran elementos de análisis
frente a una agenda política progresista, democrática e intersectorial?
En conclusión, es inaplazable
pensar la ciudad y sus variadas contradicciones y complejidades antes de llamar
a revocatorias. Cerramos esta nota así, generando interrogantes y no respuestas
definitivas, porque entendemos la necesidad de crear espacios de arreglos
disensuales que construyan ciudadanías politizadas, conscientes de sus
problemas locales pero apropiadas de un proyecto colectivo y de una narrativa
vinculante. En ese sentido, la invitación es una: reunámonos para pensar y
conocer la ciudad, para construir un programa político de mayorías en un sentido
progresista, democrático e intersectorial. Interpelemos e interpretemos
el deseo de lo popular.
[1] Aquí sostenemos una diferencia
teórica con el edificio conceptual weberiano, en particular, su categoría de racionalidad burocrática. En el caso que
analizamos, no hay un distanciamiento entre el profesional tecnócrata y el
proyecto político del gobierno. Es decir, en este caso hay un ensamblaje de
intereses en común mediante una precisa práctica clientelar que designa dentro
del aparato burocrático a fragmentos sociales que coadyuvaron en la elección
del candidato.
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