La Minga Regional frente a la coyuntura nacional y latinoamericana.

 Coordinadora Regional de Luchas Sociales del Tolima.    

Abocado frente al dilema entre democracia y autoritarismo, el movimiento social y popular colombiano se suma al ciclo y emergencia de protestas sociales en América Latina. Las expresiones de resistencia popular se han tendido con fuerza a lo largo de la región: en Chile, con el movimiento por la reforma constitucional; en Ecuador, con la resistencia indígena y popular por la derogación del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles; en Bolivia, con la movilización de miles de indígenas y campesino/as resistiendo la encrucijada del golpismo de Añez contra el gobierno del MAS y; recientemente, en Perú, con la prolongada acción de los manifestantes ante la crisis política derivada de la destitución de Martín Vizcarra por “incapacidad moral” y quien es acusado de recibir coimas por contratos en obras públicas. Dichas expresiones han mostrado el malestar común con la forma de organización política y económica del neoliberalismo en nuestros países: por un lado, con la extenuación de los regímenes políticos y su carácter eminentemente representativo y, por otra parte, con la desigualdad social y económica estructural que ha agudizado las contradicciones y conflictos entre clases sociales.

En ese orden de ideas, este ciclo regional de protestas sociales ha mostrado, así, una serie de elementos comunes para el caso de América Latina: i. una exigencia común por una transición política y la necesidad histórica de transformar y renovar los regímenes políticos nacionales; ii. Las salidas constituyentes como renovación del pacto social y el uso del derecho como apropiación plebeya a favor de las mayorías sociales; iii.  La configuración de un mapa político regional favorable a la acción social colectiva y las posibilidades de construcción de un horizonte estratégico pluricultural.

Es necesario, pues, entender el marco de la acción social colectiva en Colombia inserto en la lógica de movilizaciones y protestas a nivel de América Latina. De tal forma, la tensión entre lo político y lo social ha reconfigurado y redefinido la correlación de fuerzas a la hora de determinar las agendas nacionales, evidenciando que, en algunas ocasiones, el movimiento social logra hacerse del agenciamiento político nacional y crear fisuras en el establecimiento político. Podremos afirmar, entonces, que estas expresiones de indignación y organización popular han develado la apertura siempre relativa del Estado: con las manifestaciones en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú hemos identificado las dos caras continuas del Estado, una al servicio de los privilegios y la reproducción del polo dominante y otra cara, apenas visible, como fuga de lo instituido y potencialmente en función de la democratización social y de un programa a favor de lo/as excluido/as.

Desde este espacio de redacción y construcción regional de Minga, consideramos que el reciente ciclo de luchas sociales en América Latina ha descubierto el Estado como eje de articulación de lo Nacional-Popular. En ese sentido, la construcción de cualquier proceso regional y nacional, por muy local y autónomo que en principio parezca, se debe fraguar haciendo lectura de las tensiones, contradicciones, límites y alcances de los proyectos emancipadores en América Latina. Esto es, hacer un diagnóstico crítico de los logros y fracasos de las recientes acciones sociales colectivas en la región latinoamericana.

Siendo fieles a esta pretensión, como Coordinadora Regional de Luchas Sociales del Tolima hemos adelantado una serie de encuentros entre colectivos y organizaciones sociales con el propósito de definir una ruta metodológica para la Minga Regional 23, 24 y 25 de noviembre. En estos espacios de encuentro y deliberación hemos coincidido que, ante el reciente incremento de las movilizaciones sociales, han emergido desafíos políticos y teóricos para pensar la protesta social desde otros horizontes estratégicos y otras categorías lógicas. Los análisis de la movilización en Colombia muestran, en primer lugar, la dislocación y fractura entre el conjunto del movimiento social y las direcciones sindicales, sin decir con ello que son sectores e identidades homogéneas. Esta dislocación que responde a expectativas y apuestas políticas, también resulta ser un síntoma de la necesidad de renovación teórica. En términos prácticos, estamos hoy arrojados ante un escenario de contradicciones político-estratégicas y teórico-conceptuales.

En segundo lugar, además de la interpretación de estas fracturas en el núcleo social demandante, hoy resulta urgente realizar un balance y caracterización del talante del régimen político en Colombia, observando e interpretando las contradicciones y desplazamientos entre las fuerzas del bloque político dominante y las estrategias utilizadas para conservar el poder y control de las instituciones. Algunas consideraciones ligeras frente a esta situación reflejan que el gobierno de Iván Duque, como representante del proyecto político oligárquico-terrateniente del uribismo, ha gobernado sobre la base de la interrupción del juego de poderes y resguardándose en las modificaciones institucionales que habría configurado el gobierno 2002-2010. La estrategia política de Duque sigue siendo, en ese sentido, el recorte a los avances del Estado Social de Derecho, en un marcado intento por supeditar el resto de instituciones bajo el control del ejecutivo.

Como Coordinadora Regional alzamos nuestra voz y nuestras letras contra la continuidad del autoritarismo uribista por parte del gobierno Duque, quien -como fórmula partidista- ha puesto en estado de amenaza la vida, la paz y la democracia. A guisa de ejemplo, un riesgo hoy inminente es la reactivación del conflicto armado por parte de estructuras disidentes del proceso de paz y el beneplácito del gobierno ante la avanzada y asedio a los territorios por parte de Bacrim en articulación con grupos paramilitares y narcotráfico. De hecho, la arremetida del partido de gobierno en contra de la política de paz deja clara dicha intención: para el bloque en el poder ha sido un objetivo estratégico trasladar el asunto del conflicto de lo exclusivamente político al plano de lo social, involucrando a la población y a las instituciones del Estado en una guerra contra un enemigo interno. Ahora la ciudadanía organizada y manifestante hace las veces de enemigo del Estado.

En ese sentido, la narrativa del establecimiento ha procurado salvaguardar su posición en el aparataje estatal por medio de la estigmatización e invalidación política, que es, ante todo, una incapacidad del Estado por institucionalizar los conflictos sociales. Por parte del gobierno se ha fabricado un vínculo automático entre procesos sociales de movilización y grupos armados. Esta es ya una conocida estrategia de los gobiernos de derecha en Colombia para mancillar y regular la protesta social, sin embargo, usada al extremo -como es el caso de la táctica del gobierno Duque- desnuda los límites y debilidades del proyecto político en ejercicio de gobierno. Así las cosas, en la actualidad el uribismo detenta el poder estatal e institucional pero no cuenta, a diferencia de sus anteriores periodos de gobierno, con el respaldo popular y mucho menos tiene un movimiento de masas que acompañe su gestión y consolide un sentido común hegemónico.

De igual forma, el uribismo como proyecto político ha tejido una relación contradictoria y compleja con la democracia que hoy le juega en contra. Una columna de opinión del profesor Francisco Gutiérrez Sanín asevera: “en el 2006, el movimiento enfrentaba la siguiente dualidad. Le encantaban las elecciones, pues el caudillo las ganaba sin excepción (las ganaba para él, y también para otros). Pero aceptaba a regañadientes o rechazaba la separación de poderes, la alternación en el poder y la prensa libre. Además, se reservaba el derecho de legitimar al menos algunos homicidios, una de sus constantes programáticas” (Sanín, 2020)

Esa dualidad coloca al uribismo con un pie en el vacío autoritario e inclusive dictatorial. Oscilan, de este modo, entre las formalidades democráticas e institucionales, mientras su otro punto de equilibrio -el horizonte histórico autoritario- ha quedado al desnudo. Continúa Sanín afirmando que dicho proyecto, en efecto, se ha venido debilitando y fracturando: “El uribismo ya no es un movimiento de mayorías. Sufre de un gran desprestigio. Las grandes ciudades no aceptan ni sus exigencias, ni sus amenazas, ni sus brutalidades. El cambio tecnológico ha puesto al descubierto prácticas de vieja data del Estado colombiano, que el uribismo reforzó de manera brutal con políticas que causaron grandes distorsiones en diversas agencias estatales”. (Sanín, 2020)

Ante dicho escenario, es necesario y urgente recuperar la democracia desde su contenido subalterno y plebeyo. Este proceso de organización popular ha tratado de comprender el reto político de sumar mayorías y la exigencia social de traducir la fuerza social demandante en fuerza política instituyente. Como Coordinadora de Luchas Sociales somos conscientes del desafío que implica acercar lo social y lo político, toda vez que las formas clásicas de representatividad han entrado en crisis y ya no hacen parte esencial de las apuestas de los programas de las organizaciones y movimientos sociales.

Por lo tanto, la articulación del campo progresista debe barajar otras opciones y estrategias. También debe reconocer y reflexionar, entre otras cosas, frente a la dimensión cultural y simbólica de los actores y sujetos políticos del movimiento, lo cual pasa por interpretar las múltiples contradicciones en el reconocimiento de identidades demandantes. Todo lo anterior conlleva a redefinir el sentido de la conflictividad social con los actores realmente existentes y movilizados, descifrando el carácter y propósito de la movilización social desde ángulos no reductibles a cualquier tipo de determinismo.

En conclusión, la Minga Regional del Tolima espera avanzar en esta tarea: reunir experiencias de organización territorial en una plataforma común de luchas sociales, compartir entre procesos y condensar estas voces organizadas en un programa regional democrático. Hoy enfrentamos desafíos históricos y definitivos, es momento de pensar y construir en común un destino colectivo y nacional, que blinde la democracia y otorgue voz a los sin-parte. Es posible un nuevo reparto de lo sensible y es permitido asaltar los cielos.

¡Por la Vida, la Paz, el Territorio y la Democracia: todxs a la Minga Regional del Tolima!