Fotografía: Camilo Toro.

Desde el equipo de Militancia y Sociedad, saludamos y apoyamos la lucha estudiantil local de la Universidad del Tolima por la matrícula cero. Aprovechamos este espacio de opinión informada para sumarnos a la voz de respaldo a la propuesta de financiación presentada por el movimiento estudiantil. Desde las limitantes que supone el confinamiento obligatorio, enviamos un abrazo enérgico y fraternal a quienes hoy se encuentran levantando estas banderas, reconocemos que esta iniciativa se enmarca en un proceso más amplio en el que los estudiantes de varias universidades han alzado esta misma exigencia ante las respectivas autoridades regionales, reflejando que esta es una problemática que atraviesa al sistema de educación superior pública. 

En ese sentido, consideramos que es el momento oportuno para articular las propuestas regionales de matrícula cero en una demanda global estratégica que eleve al plano del Gobierno nacional la exigencia del cubrimiento total de la matrícula para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las Instituciones de Educación Superior Pública. Proponemos al campo progresista universitario interpretar este momento histórico desde un horizonte político de corto, mediano y largo plazo, esto es: a corto plazo, se inscriba la demanda de matrícula cero dentro de un marco discursivo general-nacional que interpele al gobierno central, de ello se deriva un acuerdo fundamental sobre la forma de financiación de los procesos educativos de estudiantes de formación profesional, en el marco de la contingencia sanitaria para el semestre 2021-A. Resulta clave insistir en la exigencia -que ya había sido levantada en el paro de 2018- para que se presente un proyecto de ley que modifique la forma de financiación de la educación superior pública en Colombia, de modo que esta no dependa de situaciones coyunturales.

De este acuerdo inicial, con arreglos comunes entre el diverso movimiento estudiantil nacional, se propone articular un frente diverso y amplio que reactive las plataformas ya constituidas y que recobre lugar la discusión rigurosa sobre la reforma de la educación superior pública. El reto a mediano plazo, a nuestro juicio, debería consistir en la construcción de un análisis y propuesta de financiación, cobertura y calidad de la educación superior en tiempos pos-Covid. Esto dará un margen de maniobra importante, en la medida que la propuesta de matrícula cero en y pos contingencia sanitaria se construirá en paralelo. Es menester subrayar que el aislamiento preventivo y el improvisado tránsito a la virtualidad de la educación desnudó las brechas existentes entre regiones en materia de conectividad, por lo cual se propone un acceso integral a la misma en condiciones de gratuidad.

Por otra parte, reconstituyendo el ejercicio asambleario y democrático, característico de los espacios de formación política y académica, es crucial reactivar los diálogos entre las representaciones estudiantiles definidas autónomamente por cada institución. Aquí es necesario hacer un balance sobre los límites y alcances de anteriores negociaciones, y configurar como eje central de la discusión la caracterización del conjunto de reformas y medidas neoliberales de recorte presupuestal que impulsará el Gobierno nacional para sortear la crisis social y económica por ocasión de la pandemia. En ese sentido, el mediano plazo demanda dos retos políticos urgentes: primero, consolidar una base organizativa y políticamente negociadora que traduzca las estrategias y acuerdos de los procesos asamblearios; segundo, estudiar y construir democráticamente una agenda de negociación, a saber, el plan de financiación estructural de la educación superior que parta del cambio normativo anteriormente mencionado (modificación ley 30).

En este aspecto, es clave priorizar demandas y establecer un horizonte de acción y unidad entre IES; no olvidemos que esta situación de no priorizar y coincidir orgánicamente terminó por fragmentar la instancia de negociación de 2018. Es decir, fue necesario la fragmentación interna del movimiento para revestir esa debilidad y fragilidad en el momento de negociación con el gobierno nacional. En ese orden de ideas, el plan de financiamiento e incipiente reforma debe refrendarse y recibir democráticamente el respaldo necesario para luego ser negociado. 

Por último, a largo plazo se propone el plan general de reforma de la educación superior. Esta instancia de politización y organización ha de articular la condensación de la experiencia asamblearia, el balance de límites y logros de los planes de reforma previa y ampliar el margen de propuesta y negociación a ámbitos como la administración curricular, la problemática de investigación, autonomía, gobierno universitario, calidad, entre otros. Si se quiere, a este punto el movimiento debe estar en capacidad orgánica para que su propuesta se convierta en punto de referencia para orientar el debate en la agenda nacional, independientemente del ambiente electoral. La estrategia consiste en configurar el campo discursivo y de propuestas en materia de educación superior, de tal manera que sirvan de insumo para las modificaciones legislativas y constitucionales necesarias en torno a los elementos ya construidos.

Finalmente, el movimiento no se reducirá a esta estrategia discursiva y de inscripción de demandas en la agenda nacional, el gran desafío sigue siendo la construcción de conocimiento, una apuesta por democratizar el mismo; desde esta redacción se sigue promoviendo la redificación del saber al alcance de los pueblos.

Comité editorial: Militancia y Sociedad.

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