Jhojann
Granados
Colectivo Clase
a la Calle
Una guerra
contra los pobres.
Hay que aceptarlo de una buena vez: el aislamiento
obligatorio preventivo es un total fracaso. Y lo seguirá siendo mientras las
personas del común tengan que discutirse entre el hambre y el COVID-19.
El aumento exponencial de infección y muertes a causa
de la pandemia, demuestra que “la extensión de la cuarentena” no es más que un
guiño publicitario del gobierno. Detrás de la máscara del Estado de Emergencia,
lo que se oculta es la consolidación de una guerra contra los pobres. La
población colombiana, mayoritariamente trabajadora informal, se ha visto
repentinamente privada de sus medios de subsistencia. La persecución policial a
los vendedores ambulantes y demás personas que ocupan el espacio público para
sobrevivir, se ha legitimado bajo el discurso de protección sanitaria.
Algún despistado podría decir que estas son medidas
necesarias y que es “un sacrificio menor” respecto al peligro que representa la
pandemia. Pero lo cierto es que, sin un ingreso mínimo vital, las personas
igualmente salen a las calles a “rebuscársela como sea”. En el caso de Ibagué,
es totalmente latente como el cierre de espacios de comercios, ha hecho que
otros, léase plazas de mercado, se vean diariamente colmadas de personas,
buscando algún peso con el que llenar las barrigas de sus hijos.
De nada sirven los “toques de queda” o los “pico y
cédula”, si los habitantes no tienen las garantías para quedarse en sus casas.
Pues sumado a los hechos de corrupción reciente, respecto a los recursos para
apalear la pandemia, el gobierno nacional y las administraciones locales no han
sido capaces de exigir a las empresas de servicios públicos y de servicios
financieros la solidaridad que se requiere en estos momentos. Al contrario,
parece que éstas últimas han aprovechado para subir las tarifas de sus
servicios, como es el caso de CELSIA, empresa que ha abusado de su posición
monopólica en la ciudad para aumentar de manera indiscriminada el precio de las
facturas de luz.
La gente en las
calles: Las ferias, Eduardo Santos, San pedro alejandrino, y los que vendrán.
Ante la pregunta ¿hambre o pandemia? Los habitantes de
Ibagué no han dudado en descartar el hambre y exponerse a la infección. Y no se
les puede juzgar. En varios barrios de la ciudad de Ibagué: Las Ferias, Eduardo
Santos, San Pedro Alejandrino, por mencionar tan solo algunos, los habitantes
han salido a paralizar vías, quemar llantas, hacer cacerolazos y exigir a las
autoridades gubernamentales lo mínimo que se puede pedir en estas condiciones: impulsar
una política solidaria. Se trata de barrios, como no, históricamente
marginados, estigmatizados y representantes de la desigualdad social de la
ciudad. Lo que exigen los habitantes no es que se levanten las medidas de
protección sanitarias, sino que se les brinden las condiciones mínimas para que
la cuarentena no sea solo un eslogan de gobierno.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? La de
siempre: indiferencia y represión. Lo que no se dan cuenta los gobernantes es que
el estallido social está muy lejos de aplacarse y, por el contrario, puede
adquirir formas más radicales. La criminalidad, la mendicidad y las protestas
sociales son síntomas de un tejido social que se está rompiendo y que la
profundización de sus fracturas avizora una intensidad en la confrontación
social.
¿Y el Comando
de Paro, qué?
Unos meses antes de que fuera decretado el Estado de
Excepción, el Comando que lideraba las protestas sociales en Colombia se
repensaba su quehacer, al ver que las multitudinarias marchas de finales del
2019 se iban menguando cada vez más en el tiempo. El Paro Nacional se iba
convirtiendo en una suerte de marchas temporizadas, poco nutridas y con
discusiones internas que iban restando su capacidad de negociación frente al Gobierno.
Entre las discusiones se encontraba la pregunta del cómo llegar al resto de la
población, cómo hacer para que las marchas fueran un reclamo popular y no se
identificara con unos sectores en específico del espectro político.
Lo que hoy está pasando en Ibagué (y en otros lugares
del país) era impensable en ese entonces: grupos de ciudadanos que salen
espontáneamente a las calles a reclamar sus derechos, hubiera sido el elemento
clave para vigorizar las pretensiones del Paro Nacional. No obstante, el
Comando de Paro hoy brilla por su ausencia.
Es necesario que se reactiven las dinámicas del Paro
Nacional. El gobierno ha demostrado su descarada incapacidad para afrontar esta
crisis sanitaria y, por seguro, será mucho más incapaz de afrontar la crisis
económica que vendrá después de esto, que sin lugar a dudas será gravísima. Con
las medidas y responsabilidades sanitarias del caso habrá que articular las
exigencias de los barrios pobres de Ibagué, con las solicitudes que inspiraban
el Paro del 2019. El Estado de excepción no puede (de hecho, ni de derecho)
coartar el derecho fundamental a la protesta, más aún cuando aparece como la
única (y tal vez última) medida que nos queda ante la ineficiencia de la casta
política que nos gobierna.
El artículo del autor hace parte de una
presentación de la iniciativa de Clase a la Calle. Las consideraciones sustentan
la posición del autor y de ningún modo compromete la postura política de la
línea editorial de Militancia y Sociedad.
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