Juan Diego Angarita Ospina.
Politólogo, EAFIT. Especialista en Comunicación Política, EAFIT.
Colectivo Clase a la Calle.




"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas". (ONU, 2004)

El pasado 24 de febrero el Escuadrón Móvil Antidisturbios cumplió 21 años de funcionamiento. Se pretende con este texto exponer algunas razones por las cuales consideramos que -en un escenario de posconflicto- se hace necesario contar con otro tipo de cuerpo que cumpla lo establecido en el documento “Normativa y práctica de los derechos humanos para la Policía". (ONU, 2004)

Reseña histórica

El escuadrón es una unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, creada en 1999 por el entonces presidente conservador Andrés Pastrana Arango, con dineros del Plan Colombia de Estados Unidos (Molano, 2017). Su conformación fue parte de los 10 mil millones de dólares que recibió Colombia en ‘ayuda militar’ hasta 2016 por parte del país del norte. (Bèle, 2016)  

Inició con aproximadamente 200 hombres; no obstante, con el pasar de los años Uribe, Santos y Duque multiplicaron casi 18 veces el número de efectivos, llegando a 3.876 agentes en 2019, distribuidos en 24 escuadrones. Según el diario El Tiempo, el presupuesto del ESMAD es de $490 mil millones anuales, lo que traduce sus costos en cerca de $1.340 millones diarios, pagados con recursos públicos. (Anon., 2019)

Funciones

Según la Policía, la principal función del ESMAD es “aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, multitudes, desbloqueos de vías y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados”. A su vez, dentro de sus labores se encuentra “cumplir lo establecido en las normas, leyes y acuerdos de protección de los Derechos Humanos y la ley de infancia y adolescencia”.

Uso indebido de la fuerza

Abogados defensores de Derechos Humanos como Germán Romero han advertido  el  carácter sistemático y reiterado de las violaciones de los DDHH por parte de este cuerpo policial; evidenciado en el método, uso de armas, municiones y forma en que ejerce el control en las manifestaciones pacíficas.

Las cifras así lo corroboran: 540 víctimas de agresiones del ESMAD (CINEP, 2017); 34 asesinatos extrajudiciales a civiles, 9 de ellos campesinos; teniendo un 50 % de las víctimas entre 18 y 44 años. (ONG Temblores, 2019).

Algunos de los casos más recordados son: Carlos Giovanny Blanco, estudiante muerto en septiembre de 2001 en Bogotá, por disparo con arma de fuego; Nicolás Neira, joven de 15 años, asesinado el 1 de mayo de 2005 en Bogotá, producto de una bala de gas lacrimógeno en la cabeza; así como Johnny Silva,  joven de 21 años que en la Universidad del Valle perdió la vida por un disparo con arma de fuego en el cráneo en 2005.

Lo anterior sin olvidar el más reciente suceso, en el que el joven de 19 años Dylan Cruz falleció luego de un disparo en la cabeza con munición 'Bean -bag', por parte del agente Manuel Cubillos, en medio de las protestas del paro nacional en 2019.  

Se observa entonces que el escuadrón ha violado metódicamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad que establece el Código de Policía para el accionar de sus uniformados (Ley 1801 de 2016. Art. 8).

Adicionalmente, ha sido instrumentalizado como para atacar cualquier tipo de manifestación social, disolviendo violentamente la protesta pacífica. De esta manera ha ido en contra de la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, que define la protesta pacífica como “cualquier manifestación estática o móvil que no use medios violentos y que respete los derechos de quienes no protestan".

A su vez, sus manuales y protocolos son meramente represivos y sus ataques han sido indiscriminados; sin un enfoque de género ni generacional (mujeres, niños, adultos mayores), tal como lo demostró el congresista David Racero en la Cámara de Representantes en 2019.





Sanciones e impunidad

La mayoría de las denuncias realizadas por las víctimas han permanecido en la impunidad. Cabe recordar que  el escuadrón que asesinó a Jhonny Siiva estaba al mando del capitán Gabriel Bonilla, quien llegó a estar al frente del ESMAD a nivel nacional y posteriormente fue comandante de la Policía Metropolitana en Ibagué. Por la muerte de Jhonny Silva, en 2017 la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación y exigió al ESMAD que implementara cursos en Derechos Humanos para sus integrantes.

Propuesta

Ante la exigencia de desmonte del ESMAD por parte de diferentes sectores sociales y políticos, el presidente Duque ha dicho que “debilitar la Fuerza Pública no es el camino” y se ha negado a discutir este punto, incluido en el pliego del Comité Nacional del Paro. 

Al respecto es relevante recordar que la ONU ha sido enfática en afirmar que “el papel de la Fuerza Pública debe ser salvaguardar el orden público y los derechos de quienes participan en la protesta y de quienes no, pero sin interrumpir el desarrollo de la protesta”; así lo estipula su “Manual ampliado de derechos humanos para la Policía" (2004).

Por lo anterior, desde esta perspectiva se hace necesario un cuerpo que reemplace al ESMAD con una nueva doctrina.

Ésta debe tener en cuenta: la aplicación de los principios generales de DDHH; la conducta ética y lícita; la actuación de la policía en las democracias; la no discriminación en la aplicación de la ley; los protocolos de investigación y de detención preventiva; así como el uso de la fuerza y de armas de fuego. A su vez la protección del menor; los derechos humanos de la mujer; los migrantes, las víctimas; el protocolo de mando y gestión de la policía; así como la labor policial en la comunidad. (ONU, 2004).

Es importante resaltar que en el escenario actual de posconflicto, algunos sectores de la Fuerza Pública se han encaminado hacia dichos objetivos. Es el caso de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) que trabaja en las inmediaciones del ETCR de Icononzo.


Bibliografía:

-       ONG Temblores, Open Society Foundation y Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol- (2019) “Silencio oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los veinte años del Esmad”.
-       ONU (2004), “Normativa y práctica de los derechos humanos para la Policía".
-       Contagio Radio (2017). Las razones para pedir el desmonte del Esmad a 20 años de su creación. En línea: (https://www.contagioradio.com/las-razones-para-pedir-el-desmonte-del-esmad-a-20-anos-de-su-creacion/).

   
       Fotografías: Juan Cuenca. 

e         El artículo del autor hace parte de una presentación de la iniciativa de Clase a la Calle. Las consideraciones       sustentan la posición del autor y de ningún modo compromete la postura política de la línea editorial de              MIlitancia y Sociedad.







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