La creación de identidad para una nueva institucionalidad.

Geraldine Navarro Díaz

Universidad del Tolima

Estudiante de Ciencia Política

gnavarrod@ut.edu.co

Las prácticas colectivas y auto-organizadas son procesos que modifican de forma resiliente y adaptativa el entorno político, a partir de allí, se procura el empoderamiento de la población rural y el desarrollo de una crítica sobre el espacio en el que se encuentran las comunidades. En este caso, la Asociación de Mujeres de Rionegro (desde ahora ASMUR) y Asohermosas en el corregimiento de San José de las Hermosas en Chaparral, Tolima, demuestran que la formación de identidad y las nuevas formas de relacionamiento son claves para crear una nueva institucionalidad que considere al conflicto como una fuerza creadora para dinámicas pedagógicas y estratégicas.

El papel de la institucionalidad durante el conflicto armado colombiano, por ejemplo, cumplía sus funciones haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de la población. Es necesario comprender cómo se desenvolvió el andamiaje formal del Estado para con la población en la primera década de este siglo para poder distinguir la erosión de la institucionalidad y el incremento de las acciones bélicas en el país.

Este lapso de tiempo “se enmarca en el choque entre los ideales de ciudadanía plural e incluyente que propone la flamante Constitución de 1991 y la aplicación de políticas neoliberales junto con la degradación del conflicto armado” (Archila). Pues, las formas de acción y desenvolvimiento entre la población y las instituciones están inmersas en los debates que pretenden dar luces al ordenamiento social, político y económico.

Para Villegas (2010), la debilidad institucional propició escenarios para el clientelismo, la captura del Estado y la necesidad de fortalecer toda la estructura político-administrativa del país. Las instituciones, que se desempeñan cultural, política y socialmente “dependen sustancialmente de la intencionalidad de los hombres que las dirigen” (Ríos, 1970, pág. 254), por esto, el sectarismo es una de las causas fundamentales de la crisis institucional, pues, permea de corrupción el andamiaje formal y administrativo de las entidades que tienen como objetivo garantizar los derechos civiles y políticos del país.

Ahora bien, hay que darle cabida a la adecuación de las legitimidades que surgen, pues visibilizan el problema estructural y funcional del Estado y niegan que, la naturaleza misma de las instituciones es definida por un escenario donde la población fortalece el diálogo entre todos los actores. Dicho esto, “la institucionalidad debe entenderse no tanto como la capacidad o aptitud institucional, sino más bien como el conjunto orgánico de las instituciones que es necesario reconocer y regular para la vida de la nación” (Ríos, 1970, pág. 257). La adaptación de las instituciones a las necesidades y al contexto colombiano es vital para preservar la identidad cultural e histórica de país y, las implicaciones más profundas se encuentran en la construcción de mecanismos que se diseñan para su creación y mantenimiento. 

Así las cosas, la población rural en el departamento del Tolima ha estado condicionada por las problemáticas de índole político, económico y social, debido a que, la interacción y el diálogo con las instituciones es escasa y mal fundamentada. Pensar una nueva institucionalidad, al menos para el sector rural colombiano, es vital por el impacto del conflicto armado y las dinámicas neoliberales.

Los modelos pensados en el contexto mundial que han impactado la realidad rural colombiana suponen que,

“sobre la institucionalidad reposa la responsabilidad de la definición, la regulación, la (re)orientación tanto de las políticas públicas como del conjunto de normas y de leyes que afectan las dinámicas sociales, políticas y económicas en las cuales están inmersos los distintos actores que forman parte de un Estado o de un territorio” (Ropero, 2016, pág. 3).

Sin embargo, no se debe desconocer que la fractura de la relación Estado-población se ha dado por un conflicto armado con raíces de luchas agrarias y problemas del narcotráfico.

La historia de este conflicto ubicado en la vereda de Rionegro ha estado caracterizada por el desplazamiento poblacional y la fragilidad estatal, pues, a pesar del posconflicto, “el Estado, entendido como la democracia constitucional y las múltiples agencias conformadas para asistir a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus derechos constitucionales, siempre llega tarde” (2019, pág. 22). Se asevera entonces que, la problemática más grande de la institucionalidad es la falta de comprensión sobre los lugares y las personas que conforman el Estado, también, la construcción de confianza y la cohesión. Si bien es cierto que zonas rurales han contado con la presencia de entidades del Estado como alcaldías, concejos municipales, personerías y juzgados, no quiere decir que su existencia garantice el cumplimiento de las funciones que están en el marco de la Constitución y la ley colombiana. La población afectada inconscientemente plantea procesos de convergencia para solventar sus necesidades, ya que, aunque se manifiesta la presencia de la estatalidad y la fuerza pública “las personas desplazadas deben reconstruir sus vidas ellas solas, apoyándose en redes de solidaridad, afecto e intercambio de favores y lealtades con poderes armados que gobiernan a la sombra del Estado” (2019, pág. 33).

Con el nefasto alcance y la debilidad del Estado, los habitantes que no tienen su respuesta contribuirán complejizando la situación abriendo el espacio a órdenes institucionales paralelos en función de la violencia y, cuando de otro resultado se trata, se ve “una transformación radical de las dinámicas de la guerra a través de la emergencia de la autoridad civil basada en el cuidado que surge de las comunidades campesinas y pobres” (Ripoll, 2019, pág. 130).

Así las cosas, los impulsos de auto-gestión y resolución de problemáticas dentro de las comunidades, dependen enteramente de ellas, ya que, “no hay instituciones estatales adecuadas y sostenibles, reflejo de la estructura social (infraestructura social, capital social y política)” (2017, pág. 217). En efecto, se debe trabajar por subsanar las fallas de la función pública para con la población, pues son los esfuerzos de las comunidades rurales por hacer política en una descentralización tajante que cierra las puertas del progreso y la adecuación para sus propias actividades económicas.

Las décadas a las que hacemos referencia, como se dijo previamente, han estado marcadas por el “aumento de la brecha social propiciada por la implantación del neoliberalismo, a lo que se une una crisis humanitaria desatada por el escalamiento del conflicto armado” (Archila, pág. 350). Los arreglos institucionales y su gestión social están, por su parte, inmersos en un problema de representación de intereses, pues las decisiones no se focalizan en los terrenos necesarios para producir mejoras en las condiciones materiales de los individuos.

Como los modelos de optimización que llegan a las comunidades rurales necesitan una redefinición que cause un verdadero impacto y como los medios o herramientas que se utilizan no son los suficientes para suplir la demanda de derechos y servicios, deben aparecer lógicas resilientes de resistencia y participación de las comunidades rurales ante las formas de relación con un Estado ineficaz fundado en condiciones estructurales paupérrimas y también, para evitar que grupos armados ilegales se inmiscuyan directamente en las dinámicas locales.

Para todo el territorio nacional, se hace necesaria una hoja de ruta para poder solventar las problemáticas de la población que nazca de la misma para dinamizar la reconstrucción del tejido social, la participación y la formación política, enfrentándose así a la exclusión y la injusticia. De esta forma, las estrategias que se planteen abren camino para fortalecer el tejido de los lazos entre el Estado y la población.

Podemos hacer alusión a estas dos asociaciones en el corregimiento de San José de las Hermosas de Chaparral, pues, como trabajo colectivo, “pensar en comunidad, (…), no es una mera actividad filantrópica, o un simple disfrute de los lazos sociales, sino el fundamento del poder” (2019, pág. 111). Este grupo de personas que reaccionó ante las dificultades del conflicto armado terminó en una lucha por contrarrestar la inequidad y precariedad estatal, buscando respuestas ante una autoridad que, en la mayoría de los casos no se inmutó ante los desequilibrios y dificultades de la población.

Mientras la rehabilitación institucional y su presencia en las periferias se queden cortas, hablaremos de una nueva institucionalidad, donde la comunidad tiene la responsabilidad de fortalecer el aparato estatal y las relaciones locales. Partimos de un proceso de autogestión sin vínculos clientelares o del conflicto, apoyados sobre la preocupación del bienestar del prójimo, la capacidad de cohesión y el fortalecimiento de la vida colectiva y política.

El papel de los movimientos y asociaciones es vital para la transformación de las relaciones desigualitarias económicas y de género, pues, al desplegar estrategias de acción colectiva permiten la visibilización de las problemáticas que aquejan a las comunidades. En este caso ASMUR se ha destacado por su contribución en procesos de inclusión social y como respuesta a las problemáticas que dejó el conflicto armado en Chaparral, pretendiendo liderar la representación de las mujeres y diseñar proyectos productivos con la agricultura y la apicultura y así, contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas. Este espacio de trabajo y encuentro femenino en sus quince años de trabajo logró asociar a treinta personas en el corregimiento y plantearse doce proyectos productivos, beneficiando a las familias y su economía.

Esta forma de participación es un proceso que fortalece la toma de decisiones, aunando las fuerzas para fortalecer el diseño, la ejecución y la evaluación de los mismos proyectos que se plantean desde las comunidades. Las 28 veredas que se encuentran en el corregimiento de San José de las Hermosas tienen representación comunal y las recoge una fuerza comunitaria llamada Asohermosas, creada en el año 2003 bajo el auspicio de la empresa Generadora Unión, que tenía licencia para la construcción de la Hidroeléctrica llevada por Isagen. Posteriormente, se constituyó como una asociación campesina comunitaria con autonomía frente a la empresa, sirviendo para la capacitación y organización de nuevos liderazgos con el fin de fortalecer la participación local.

Las dificultades a las que se enfrentaron los habitantes de la zona, como la captura y amenaza de los líderes, creó la necesidad de movilización y la formalización de un espacio llamado Observatorio de Derechos Humanos y la Mesa de Transparencia, donde la presencia de distintos actores institucionales era útil para la recolección de insumos y dar soluciones al respecto. Dicho esto, la intención de las asociaciones o movimientos que se forman en las veredas no es la de desvincularse a la institucionalidad, más bien, fortalecerla, pues, tienen claro que para su movimiento deben tener un ente que agilice y transporte sus peticiones para generar cambios institucionales.

Una de las necesidades implícitas en la formación de asociaciones y formulación de proyectos es que, ha de existir una convergencia entre la ideología y la participación, en aras de dibujar esta nueva institucionalidad en razón de la inclusión, el conocimiento como insumo para el orden social y la reivindicación del papel de las comunidades. De esta forma, los actores sociales como ASMUR y Asohermosas construyen democracia, pues por vías pacíficas y legales ponen en tela de juicio temas económicos, políticas públicas y problemáticas relacionadas a los derechos humanos, ampliando así su marco de acción.

Los ideales y planteamientos que son bien reconocidos, donde se pueden representar las élites o grupos formados políticamente pueden ser un insumo para la concreción de los objetivos de comunidades rurales y minorías, sin embargo, la insuficiente representación da paso para hablar de “un sistema de creencias que no está formulado o elaborado conscientemente pero que cimienta o conforma la base de las acciones sociales y políticas de un grupo determinado de individuos” (Hobsbawm, 2018, pág. 169). Estos, son sistemas de acciones que trascienden el espectro institucional y al campo de la formalidad, ya que, si hablamos desde la ideología recogemos todos los sistemas de ideas que existen sobre la población y el Estado en lo que concierne a las acciones sociopolíticas.

Si ubicamos el recorrido y acción de ambas asociaciones, que nacieron con el proyecto de la hidroeléctrica de Isagen y se autonomizaron posteriormente gracias a la participación de la comunidad, notamos que, a pesar de no tener presencia administrativa en la institucionalidad tiene un carácter cultural enfocado al apoyo social, proponiendo actividades socioculturales. Este tipo de asociaciones “operan en la práctica como prestadoras de servicios y gestoras de diversos recursos en salud, formación y empleo, al asumir la producción y provisión de recursos y bienes propios” (Sánchez-Muros & Jiménez, 2013, pág. 236). Las mujeres de la asociación, en este caso, se han encargado de canalizar grandes proyectos y aportar soluciones desde nuevas ópticas.

El buen funcionamiento de las intervenciones y los proyectos están ligados a la consideración del contexto local, pues, cualquier “programa funciona mejor si desde su diseño y formulación se ha contado con la participación de las personas que están directamente involucradas para la toma de decisiones importantes” (Torres, 2008, pág. 117). Las mismas comunidades y asociaciones en estos casos se encargan de otorgar un rol activo en la planificación y en la influencia pública, ya que, revalorizar culturalmente lo rural desde el plano comunal hasta el institucional es tarea vital para el país.

El trabajo que ha realizado ASMUR y Asohermosas evidencia, por un lado, el poder como una red de resistencia y autonomía, y por otro, que las transformaciones que se resaltan de la relación Estado-comunidad se debe al encuentro en la agitación para manifestar las problemáticas y los proyectos. Las formas de relacionamiento y el orden social que se instauraron iniciando la década han dado pie para investigar la configuración y los lineamientos que ha seguido la comunidad en el corregimiento de San José de las Hermosas, las bases sobre las que se apoyaron las mujeres de la asociación y la forma en que reivindicaron su papel en el corregimiento.

El papel de la investigación y la pedagogía es fortalecer el débil aparato institucional sin desligarse de la suma de realidades por las que pasan las comunidades. Las periferias del país están sujetas a la utilidad de estos actores, pues, se fortalece la estructura social, se crea un proceso de crítica y autocrítica y, las propuestas elaboradas erosionan el sistema político convencional al que estuvieron ligadas en el conflicto armado y al modelo neoliberal que les ha impedido diversificar sus actividades productivas.

Por esto, el funcionamiento de ASMUR y Asohermosas, que han empeñado gran parte de sus proyectos para mejorar las condiciones materiales de vida de la comunidad, con base a proyectos económicos, políticos y de inclusión de género, arregla un espacio para el moldeamiento y construcción de identidad formando una institucionalidad nueva que canalice los planes integrales de desarrollo en la puesta en marcha de modelos de organización y gestión.

Bibliografía

Archila, M. (s.f.). Los movimientos sociales (1958-2006). En A. Caballero.

Hobsbawm, E. (2018). ¡Viva la Revolución! Buenos Aires: Crítica.

Madariaga, C., Molinares, C., & Baena, S. (2017). La paradoja del proceso de posconflicto en Colombia-. Justicia, 214-226.

Ríos, L. (1970). Reflexiones sobre la "nueva institucionalidad". Revista Chilena de Derecho, 250.

Ripoll, J. L. (2019). El Estado siempre llega tarde. La reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra. Bogotá: Nomos S.A.

Ropero, S. (2016). Institucionalidad rural en Colombia: Reflexiones para su análisis y fortalecimiento. Mundo Agrario. Revista de estudios rurales., 1-13.

Sánchez-Muros, S., & Jiménez, M. (2013). Mujeres rurales y participación social: análisis del asociacionismo femenino en la provincia de Granada (España). Cuadernos de desarrollo rural, 223-242.

Torres, N. (2008). La participación en las comunidades rurales: abriendo espacios para la participación desde la escuela. Educare, 115-119.

Villegas, M. G., & Revelo, J. E. (2010). Estado alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.