Juan Esteban Ávila Saavedra
Universidad
del Tolima
Ciencia
Política
jeavilas@ut.edu.co
Es en ese contexto en el que se da luz verde para iniciar el accionar de un ejército que se fue fortaleciendo gracias a la inyección de presupuesto extranjero producto del Plan Colombia. Comienza así, a toda marcha, una estrategia de pacificación corporativista, que busca a toda costa, y gracias al pie de fuerza militar, facilitar la entrada de multinacionales para adelantar proyectos de explotación en lugares en donde la insurgencia históricamente lo impidió.
El agotamiento del capital político de
los actores armados insurgentes que se expresan en incoherencias en su agenda
política y militar, sumado a una serie de fallidos acuerdos de paz, en dónde el
Estado y la oligarquía que lo conforma traicionan su palabra[1],
traen como consecuencia el posicionamiento de un discurso militarista por parte
de la institucionalidad formal, en donde el consenso no tiene cabida y que se
materializará en la intervención militar, económica y simbólica de Estados
Unidos sobre el territorio colombiano, dando paso a procesos de explotación y
dominación de tipo corporativo y neocolonial por parte de la potencia
Americana. La primera y segunda fase del Plan Colombia (1998-2006) es un claro
ejemplo de ello.
Siguiendo a Tapia (2008) , quien considera que
“para gobernar un país se necesita articular una concepción del mundo y de la
época. Se necesita articular, también, un proyecto. Según Gramsci, en tanto, se
necesita producir dirección moral e intelectual” (pág. 106) es decir, hegemonía.
Así pues, el objetivo del presente escrito está en demostrar que, el Plan
Colombia, insertado en un diseño global imperial, demuestra un patrón de
dominación que opera a través de un discurso, legitimado gracias a
una lectura ficcional de realidad, entendida por de la Roche (2014) , como el “proceso de definición y construcción
discursiva y mediática de un enemigo principal de la sociedad” (pág. 26) en donde cuyo
objetivo es asegurar y mantener una nueva forma de colonialidad, consolidando
así las políticas neoliberales que se venían gestando en los años 90, lo que
termina por impactar, no solo a Colombia, sino a América Latina, que se
encontraba en un viraje hacia la izquierda con la llegada de nuevos gobiernos y
movimientos sociales de dicho corte.
La historia de Colombia está atravesada
por una extensa mancha de sangre que está presente incluso antes de su
fundación, desde constantes guerras civiles en el siglo XIX, la Guerra de los
Mil Días en los primeros años del siglo pasado y la Violencia en los años 50,
son un ejemplo de la historia trágica de este país.
Pero no es sino hasta finales de los
años 80, en donde “la presencia e influencia de la producción y el tráfico de
drogas en el país comenzaron a cambiar drásticamente la naturaleza del
conflicto y la actitud de la comunidad
internacional ante éste” (Ramírez, 2001, pág. 9) , el narcotráfico, en
la década siguiente termina por permear a toda la sociedad, tanto así que, en
1994, Ernesto Samper llega a la presidencia del país gracias al apoyo económico
brindado por el Cartel de Cali en su entonces campaña presidencial.[2]
Evidentemente, lo de Samper fue grave. Era sumamente
peligroso para los Estados Unidos que uno de los países de su mal
llamado “patio trasero” se haya convertido en lo comúnmente denominado como una
“narcodemocracia”. En consecuencia, la descertificación del país por parte de
la potencia americana, significó un fuerte golpe en la legitimidad de un
gobierno que tenía la obligación dirigir a un país que se encontraba ad portas
de una recesión económica.
Es en ese contexto en el que Andrés
Pastrana, en el año 1998 asume la presidencia de Colombia, poniendo en
marcha 2 estrategias: por un lado se
pretendía “lanzar un audaz proceso de paz, y por otro, buscar recursos en el
exterior para fortalecer el Estado paliando la crisis fiscal” (Ramírez,
2001, pág. 40) ,
todo ello en aras de recuperar las relaciones con los Estados Unidos, poniendo
como eje central para la consecución de la paz la cooperación internacional. No
en vano, en uno de sus primeros discursos como presidente, Pastrana (2005)
afirma lo siguiente:
“estoy invitando a la comunidad
internacional y a todos los colombianos a que contribuyamos con un Plan al
estilo Plan Marshall para la paz de Colombia” (pág. 71) .
La anterior declaración constituye una
semilla de lo que posteriormente se llamará Plan Colombia, y que ocupará un
lugar dentro del Plan de Desarrollo de su gobierno titulado “cambio para
construir la paz (1998-2002)”, en el cual un tenue componente social y
humanitario intentaba ocultar la idea de desarrollo basada en la seguridad, en
donde el principal factor que amenazaba la construcción del Estado era el
narcotráfico.
Asimismo, Guevara (2015) , citando a un
documento oficial del Gobierno Colombiano sobre el Plan Colombia, deja entrever
lo que es para el Estado la fuente estructural del conflicto nacional:
“La violencia y la
corrupción, alimentados por el narcotráfico han generado desconfianza entre los
inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores obstáculos en
nuestro camino hacia la modernización. La inversión extranjera es un elemento
esencial en la generación de empleo y en el logro de una posición estable y
próspera para Colombia en un mundo ahora globalizado.” (págs. 72-73) .
La inversión extranjera
cuyo fin está direccionado a un componente social y de asistencia económica, se
pierde casi que por completo tras el fracaso del Proceso de Paz del Caguán en
el año 2002, ello corresponde a la expresión máxima del incapaz papel Estado que encontraba en
un debilitamiento evidente. Dicha debilidad institucional, según Rojas (2015) se encontraba
presente en
“múltiples frentes: la incapacidad de
las Fuerzas Armadas para enfrentar los (pág. 15) .
Es en ese contexto en el
que se da luz verde para iniciar el accionar de un ejército que se fue
fortaleciendo gracias a la inyección de presupuesto extranjero producto del
Plan Colombia. Comienza así, a toda marcha, una estrategia de pacificación
corporativista, que busca a toda costa, y gracias al pie de fuerza militar,
facilitar la entrada de multinacionales para adelantar proyectos de explotación
en lugares en donde la insurgencia históricamente lo impidió.
Lo anterior, no es más que
una expresión de lo que Quijano (2000) denomina
colonialidad del poder, entendida como una
categoría de análisis que permite comprender las estrategias globales de
sometimientos y dominación, dándose a través de la construcción de discursos,
que, a su vez, conforman una estructura a través de la cual se mira al mundo,
una imposición de un modo de vida, constituyendo así el
“actual patrón de poder, la
clasificación social básica y universal de la población del planeta en torno de
la idea de "raza". Esta idea y la clasificación social en ella
fundada (o "racista"), fueron originadas hace 500 años junto con
América, Europa y el capitalismo. Son la más profunda y perdurable expresión de
la dominación colonial, y fueron impuestas sobre toda la población del planeta
en el curso de la expansión del colonialismo europeo. Desde entonces, en el
actual patrón mundial de poder impregnan todas y cada una de las áreas de
existencia social y constituyen la más profunda y eficaz forma de dominación
social, material e intersubjetiva, y son, por eso mismo, la base intersubjetiva
más universal de dominación política” (pág. 1) .
La comparación realizada por Pastrana
en donde expresaba su intención de adoptar un “Plan Marshall Colombiano” así lo
evidenciaba. Estados Unidos invertía para obtener rentas, “los insumos para la
guerra y la fumigación de cultivos ilícitos se originan, como en el Plan
Marshall, en los Estados Unidos” (Aguillón,
2013, pág. 99) .
Además, la pobre inversión en un
componente social, se refleja en el crecimiento de la institucionalidad
militar, poniendo en su máximo esplendor el componente militar de este nuevo
mecanismo de ejecución de la política estratégica
estadounidense en la región, en donde el componente social marcha de manera
dispar con el componente militar. La tabla 1, así lo demuestra.
Por otro lado, en el ámbito
internacional, el impacto de los ataques del 11 de septiembre del 2001 sobre
Estados Unidos, hace que el narcotráfico deje de ser el oponente principal de
este país, es ahora la lucha contra el terrorismo la justificación de la política
de seguridad nacional aplicada por la potencia americana y, por ende, la
principal razón de intervención en varios países de la periferia global.
El terror dejado por los
ataques del 9/11 configura una lógica “de comunicación implícita de seducción
que logra el consenso y la aceptación de grandes mayorías de personas por las
guerras periféricas que hacen parte de la estrategia global de dominación del
bloque imperial con los Estados Unidos a la cabeza” (Aguillón, 2013, págs. 99-100) . La guerra ahora es
contra la insurgencia. Acabar con el narcotráfico ahora es visto como un medio,
ya no como un fin, y la guerra directa contra la estructura insurgente que
controla dicho negocio está más legitimada que nunca.
Así pues, los últimos días del gobierno
de Andrés Pastrana y los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe demuestran
un monopolio de la agenda política, en donde se muestra a la guerra como un
horizonte de salida al conflicto, legitimando su accionar por medio de la lucha
mundial contra las drogas y el terrorismo constituyendo así los pilares
fundamentales de una estrategia de tipo
simbólico-discursiva, elementos que resultan importantes en la aceptación de
dicha intervención militar de la sociedad colombiana que, atravesada por la
inexistencia de un proyecto de nación propio
y cercano a la lógica colonial, no opuso gran resistencia.
Para ello, resulta conveniente tener en
cuenta lo enunciado por de la Roche (2014) , quien intenta dar
una compresión de los procesos y actores centrales en la producción de la hegemonía durante los
gobiernos de Álvaro Uribe, mostrando la articulación del proceso de definición
y construcción discursiva gracias a su relación con los medios de comunicación,
influyendo, de manera significativa en el “tipo de ciudadanos que prefiguran o
construyen los relatos informativos de televisión” (pág. 31) .
Los usos político-propagandísticos de
políticas de seguridad, tales como “Vive Colombia, Viaja por Ella”, trajeron consigo implicaciones comunicativas,
simbólicas y políticas, que muchas veces fueron sobredimensionadas por los
medios de comunicación, generando una sensación de que “todo marcha bien” en el
conjunto de la acción gubernamental, como muestra de ello, resulta importante
comparar las cifras de aprobación registradas en las encuestas respecto a la
labor desempeñada en su labor como presidente de la República durante sus dos
periodos, teniendo como antecedente a dos gobiernos extremadamente impopulares.
Ahora bien, siguiendo a Grosfoguel (2003) , quien afirma que
las estrategias geopolíticas no se encuentran reducidas al plano militar, sino
que también entran al juego en la lucha por ganar capital simbólico[1],
es evidente que el gobierno de Álvaro Uribe forma una estrategia discursiva, en
donde gracias a sus sobredimensionados logros de su política de “Seguridad
Democrática”, y especialmente, la campaña comercial de la política de seguridad
“Vive Colombia, Viaja Por Ella”, resultan favorables al posicionamiento a la
figura de un líder que derivan en hegemonía, y que a su vez sirve para instaurar el discurso intervencionista que
caracteriza al Plan Colombia, ya que este no solo “evidencia la imposición de
un modo de vida militarmente invasivo, sino simbólicamente aplanador” (Aguillón,
2013, pág. 41) .
Por último, resulta necesario citar a
Laclau (2005) , quien afirma que
“las redes asociativas son una parte integral de la estructura misma del
lenguaje” (pág. 43) ,
bajo ese mismo sentido, se puede afirmar que las palabras no tienen un
significado semántico exacto, sino que en su uso representa el “desplazamiento
de la relación significante/significado” (pág. 43) , en donde a partir
del lenguaje se forman estructuras discursivas que se logran posicionar
hegemónicamente. Como lo ocurrido con el
Plan Colombia, en donde se vendió la idea que la solución a los problemas de
todo un país está en dicho plan, que no es más que la imposición consensual que
resulta legitimando una intervención extranjera con pretensiones
corporativistas de explotación a un país rico en recursos naturales.
Así pues, bajo esta misma lógica
argumental, se puede afirmar que el Plan Colombia constituye un significante
vacío, ya que este se logra insertar “en las lógicas históricas del sentir
popular, de las aspiraciones de pacificación de las élites colombianas y a su
vez, de las pretensiones imperiales de Estados Unidos” (Aguillón,
pág. 50) ,
ello explica que se haya podido dar una cadena equivalencial, ya que este fue
aceptado y aplaudido en su momento de manera general por gran parte de la
sociedad colombiana, quien veía en dicho plan una salida rápida y efectiva al
conflicto armado colombiano.
Bibliografía
Aguillón, Á. C. (2013). El plan
Colombia: Historia Local / Diseño global. Quuto: Universidad Andina Simón
Bolivar.
Grosfoguel, R. (2003). Colonial
Subjects: Puerto Ricans in a Global Perspective. Los Ángeles, California:
University of California Press.
Guevara, J. P. (2015). El PLan Colombia
o el desarrollo como seguridad. Revista Colombiana de Sociología ,
63-82.
Laclau, E. (2005). La Razón
Populista. Fondo de Cultura Económica.
Pastrana, A. (2005). La Palabra Bajo
Fuego. Bogotá: Planeta.
Quijano, A. (2000). COLONIALIDAD DEL
PODER, GLOBALIZACIÓN Y DEMOCRACIA|.
Ramírez, S. (2001). La
internacionalización del Conflicto y la Paz en Colombia. En IEPRI, El Plan
Colombia y la internacionalización del Conflicto. (págs. 9-77). Planeta.
Roche, F. L. (2014). Las ficciones
del poder: patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los
colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010). IEPRI.
Rojas, D. M. (2015). El Plan
Colombia: la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano
(1998-2002). Bogotá: IEPRI.
Tapia, L. (2008). La reforma del
sentido común en la dominación neoliberal y en la cosntitución de nuevos
bloques históricos nacional-populares. CLACSO.
[1]Siguiendo a Pierre Bourdieu, el capital
simbólico “no es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y
reconocido” (1987, pág. 160).
[1] Tal es el caso de la Unión Patriótica,
partido político que surge tras los Acuerdos de la Uribe, en el departamento
del Meta. Allí, buena parte de los integrantes de las FARC-EP, conjuntamente
con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, deciden entrar en la lógica
institucional electoral, abandonando así la lucha armada para constituir su
propio partido político. No obstante, desde su fundación en el año 1984 hasta
el año 2002, la respuesta del Estado a través de grupos paramilitares, dejó,
por lo menos, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
titulado “Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica
1984-2002” más de 4.153 víctimas asesinadas o desaparecidas, eliminando casi
que por completo del escenario político a dicho partido. Lo que significó un
duro golpe a la apertura democrática colombiana, y una razón más de los grupos
insurgentes para no formalizar mesas de diálogo y negociación con el Estado
[2] El
proceso judicial posterior a publicación de los famosos “narcocasetes” más
conocido como “El Proceso 8000”, fue considerado por la revista Semana, en el
año 1997, como “el mayor escándalo de la historia política de Colombia”, dicha
consideración no corresponde a una exageración. Se presume que fueron más de
4.000 millones de pesos que el cartel de Cali se encargó de dar a la campaña
presidencial de Ernesto Samper para que este pudiera ganar las elecciones
presidenciales https://www.semana.com/especiales/articulo/el-proceso-8000/32798-3
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