La profecía autocumplida: la estrategia económica de ADLE

Por: Edwin Andrés Martínez

La economía política que hay detrás del manejo económico del "gobierno" de De La Espriella tiene como elemento central una profecía autocumplida. Veamos:

En primer lugar, el punto de partida ha sido la construcción de una narrativa mediática según la cual el país atraviesa una "crisis económica sin precedentes". Para ello, el irresponsable ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha hecho énfasis en el problema fiscal. Pero las cifras y el análisis histórico muestra que: i) el problema fiscal no fue creado por el Gobierno Petro, sino que heredó pésimas decisiones del gobierno Duque, cuando el hoy vicepresidente de la República José Manuel Restrepo fungía cómo Ministro de Hacienda; entre estas se encuentran el crédito con el FMI por 5.400 millones de dólares, pagaderos en un muy corto plazo y a tasas muy elevadas; ii) la denominada "opción tarifaria", el perverso mecanismo que congeló artificialmente los precios de la energía durante la pandemia de COVID-19, trasladando el costo real hacia el futuro en forma de una deuda oculta para los usuarios y el Estado. El Gobierno Duque implementó una reducción de tarifas que no fue asumida con cargo al presupuesto general de la nación de ese momento, sino que fue financiada a través de cobros diferidos y créditos que terminaron asfixiando la liquidez de las empresas distribuidoras y afectando posteriormente los bolsillos de los ciudadanos. Este chistecito de 2.8 billones tuvo que ser asumido por el Gobierno Petro; el déficit que heredó el Gobierno Petro en el Fondo de Estabilización de los precios de los Combustibles, por 36.7 billones de pesos. En sentido estricto, quien "sinceró las cuentas" en materia fiscal fue el gobierno anterior y no el de la "patria Milagro"

En segundo lugar, el gobierno ha querido "explicar" el auge económico durante el gobierno anterior, sumado a la reducción del desempleo, como una consecuencia de la existencia de una economía ilícita, y no como el producto de la política agraria y de la política salarial del Gobierno Petro, que permitió aumentar el salario real a la clase trabajadora en un 18%. Lo cierto es que, de nuevo, las cifras y estudios no le dan la razón al presidente De La Espriella: los informes del DANE muestran que la disminución del desempleo y la pobreza en Colombia durante el gobierno pasado están íntimamente ligados al incremento del salario y posteriormente a la reforma laboral. Entre otras cosas esto explica por qué ciudades como Ibagué y Neiva presentaron reducciones espectaculares en los niveles de pobreza monetaria extrema.

En tercer lugar, el gobierno ha querido mostrar que el acuerdo con el FMI para endeudar al país es la única salida que le queda para enfrentar la supuesta crisis económica sin precedentes que han querido construir. Lo más grave de todo esto es que, cuando un Ministro de Hacienda como el actual, usa su cargo y los micrófonos para crear artificialmente una crisis, los mercados internacionales toman atenta nota y responden elevando la tasa de interés a la que compran los títulos de deuda pública del gobierno, que hace dos meses estaban en el 13% y ya rondan el 15% por cuenta del uso político que el Ministro ha querido hacer de su carrera. Un Ministro que prácticamente está diciendo que no tenemos con qué pagar obviamente genera que los mercados empiecen a cobrar más por prestarle plata a un país que está en una supuesta hecatombe económica creada artificialmente.

En cuarto lugar, la narrativa de hecatombe, presupuesto inflado, aumento del presupuesto para pago de deuda, y reducción de la inversión, busca crear el clima para justificar el ajuste fiscal que tendrá como protagonista principal el recorte de los programas sociales, tanto los creados o ampliados por el Gobierno Petro, cómo otros que venían funcionando hace tiempo. En el fondo, de lo que se trata es una venganza de clase, una retaliación contra los sectores populares que en el pasado osaron apoyar al primer gobierno de izquierda en la historia del país. Así, el ajuste fiscal es un castigo de las élites colombianas contra los sectores populares.

En quinto lugar, este escenario, junto a los efectos sobre la inflación provocados por el Fenómeno del Niño, ya empieza a generar el resultado esperado: hacer de la crisis económica una realidad, tal y como muestran los indicadores del mes de agosto, en que el desempleo aumenta luego de 4 años de caída, así como la disminución de la producción industrial y el declive del comercio. Ha empezado la profecía a autocumplirse. Este es el terreno propicio para justificar "técnicamente" el ajuste fiscal anunciado.

En sexto lugar, todo lo anterior explica el afán del gobierno por expedir el decreto que "regula" (pero que en realidad busca negar) el derecho a la protesta. Sabe perfectamente que el castigo infligido a los sectores populares vía recorte fiscal, tendrá una respuesta popular callejera y de movilización, y por ello el gobierno busca refinar los mecanismos de represión, estigmatización y persecución de la oposición política.

Creo que esta es la médula de la coyuntura política nacional, y sobre esto es que la oposición política al gobierno de De La Espriella debería construir sus agendas de movilización y disputa política y programática, en lugar de caer en el juego del escándalo mediático del día. Es cierto que la batalla política contra la extrema derecha debe ser total: contra el intento de borrar la memoria y reescribir la historia, contra la mediocridad y la improvisación en el ejercicio del gobierno, contra la "batalla cultural", etc. Pero esto no significa que todas las dimensiones del conflicto con el gobierno de extrema derecha tengan la misma capacidad de aglutinar las mayorías sociales necesarias para enfrentarlo. En el corto plazo, los sectores populares se verán abocados a la pérdida de sus conquistas, a la pérdida de su capacidad adquisitiva, a la pérdida de sus puestos de trabajo, al aumento de las tarifas de energía y gas, al aumento de la pobreza monetaria, es decir, al retroceso frente a lo conseguido durante los 4 años del gobierno Petro. Ese es el fundamento material de la resistencia y de la lucha política contra el actual gobierno.