Por: Santiago Pulido Ruiz y Daniel Barrera
El próximo 16 de noviembre, Ecuador enfrentará un
nuevo proceso de Consulta Popular en un contexto marcado por un ciclo de
protestas contra la eliminación del subsidio al combustible. A través del
mecanismo de consulta ciudadana, el Gobierno de Daniel Noboa espera afianzar su
ofensiva autoritaria-neoliberal orientada a desestructurar el régimen social e
institucional del 2008. La reinstalación de bases militares extranjeras en
territorio nacional, la reducción de la representación territorial de los
asambleístas, la eliminación del financiamiento público a campañas electorales
y la refundación del pacto constitucional representan los ejes centrales de la actual
estrategia política del noboísmo, que pretende modificar los patrones de
selectividad estructural del Estado ecuatoriano.
A diferencia de anteriores referéndums, el que
adelante el Gobierno de Noboa no es solo un intento de gestionar la crisis de
gobernabilidad, sino también una apuesta de reconfiguración estatal en la que
el régimen político-institucional del correísmo es el blanco de los ataques. En
este artículo, revisaremos algunos puntos de análisis sobre la coyuntura
política ecuatoriana, examinando la crisis del régimen político vigente y la
nueva apuesta constituyente del Gobierno de Daniel Noboa. Para esto,
desarrollaremos tres ejes de discusión: en primer lugar, se plantea una breve
reflexión sobre la crisis del régimen político ecuatoriano; en segundo lugar,
se presenta un análisis sobre lo que está en juego en la Consulta Popular; por
último, se cierra con algunas consideraciones estratégicas.
1. Contexto de la crisis del régimen político.
Desde el 2015, Ecuador arrastra una crisis política de
larga duración. Durante los últimos años del correísmo, el modelo estatal de
bienestar enfrentó sus primeros signos de agotamiento: el cierre de la demanda
asiática de materias primas, la caída del precio internacional del petróleo y el
período de recesión económica interna del año 2016 condujeron a un primer
programa de ajustes estructurales. A estos primeros signos de agotamiento, se
sumaron las divisiones internas de la Revolución Ciudadana, la reorganización
de la estrategia contraofensiva de las clases dominantes alrededor del impuesto
a las grandes fortunas y la confrontación entre el Gobierno y los movimientos
sociales e indígenas que resistieron el ajuste.
Se trató de un proceso de acumulación de
contradicciones que reforzó la crisis orgánica del proyecto progresista. Las
elecciones del año 2017 representarían un punto de inflexión de la crisis
política ecuatoriana: con la elección de Lenin Moreno, las divisiones internas
de la Revolución ciudadana terminarían de consolidarse, al tiempo que avanzaba
en un programa abiertamente neoliberal y en la proscripción política de Rafael
Correa. Durante el Gobierno de Moreno, el plan de ajuste estructural, lejos de
intentar matizarse de acuerdo al contexto económico internacional, terminó
siendo el brazo político-económico de la derecha. Para eso, retomaron la
tradición de consultas populares y la presentación de proyectos de urgencia
económica con el objetivo de saltarse el sistema de contrapesos legislativos,
encabezados en ese momento por las fuerzas de la Revolución Ciudadana.
En ese marco, la crisis de gobernabilidad se
agudizaría: Moreno no logró establecer una agenda política ni un programa de
reformas que unificara completamente a la derecha y el plan de ajuste
estructural encontraría, rápidamente, la respuesta organizativa del movimiento
indígena. En ese contexto, la “traición” de Moreno, que venía del interior de
la Revolución Ciudadana, terminó agudizando las contradicciones de la crisis de
régimen y creando las condiciones de nuevos episodios de movilización
social-popular. Este panorama se extendería hasta las elecciones del 2021,
donde Guillermo Lasso se hace del poder estatal en una segunda vuelta contra
Andrés Araúz, candidato de la Revolución Ciudadana. Al igual que Moreno, Lasso
intentó desde un inicio agrupar a las derechas y al bloque social dominante en
torno a un programa de ajuste estructural y transformación estatal.
Las primeras medidas estuvieron orientadas al
saneamiento de las cuentas fiscales del Estado, entre ellas, la eliminación del
subsidio al combustible. Lo que inmediatamente fue respondido con nuevos ciclos
de movilización y Paro Nacional por parte del movimiento indígena. En un
intento de recuperar márgenes de gobernabilidad, Lasso recicló la vieja
estrategia política de tramitar reformas por la vía de la urgencia económica y
consultar a la ciudadanía sobre iniciativas gubernamentales, siendo estas
rechazadas mayoritariamente. Hasta ese momento, las proyecciones reformistas y
los planes de ajuste estructural de la derecha fueron contenidas por la
organización del movimiento indígena-popular, que salió a las calles a resistir
los programas de reforma económica.
La crisis política se extendería a lo largo del tiempo
de mandato, al punto de que las movilizaciones sociales y las tensiones
internas del régimen político llevarían al Gobierno Lasso a declarar la muerte
cruzada, el cierre del congreso y la anticipación de elecciones presidenciales
para concluir el período de gobierno. En 2023, la disputa electoral se
desarrollaría, nuevamente, entre las fuerzas políticas de la Revolución
Ciudadana y una nueva fuerza emergente de la derecha, Alianza Democrática
Nacional (ADN), encabezada por Daniel Noboa. Para ese momento, el discurso de
la seguridad se posicionó como un marcador de la discusión política nacional:
por parte del noboísmo, se aprovechó la expansión del narcotráfico y de la
violencia criminal para establecer una agenda securitista articulada al ajuste
estructural-neoliberal.
2. El acompasado proceso de reconfiguración estatal.
Bajo este escenario, Noboa logró hacerse del triunfo
electoral, sacar réditos políticos de la crisis de inseguridad y culminar el
mandato del banquero Guillermo Lasso. Hasta el 2025, previo al período de
elecciones presidenciales, Noboa continuó con la estrategia de gobernabilidad
basada en consultas populares: en 2024, envió a consulta ciudadana 11 preguntas
en materia de seguridad nacional, reforma laboral y arbitraje internacional.
Mientras los bloques de reforma laboral y arbitraje internacional fueron
rechazados, la securitización fue aceptada. Lo anterior constituyó el primer
paso en una estrategia de militarización de la vida política ecuatoriana,
mientras se enfrentaban problemas asociados a la crisis energética y cortes de
luz a nivel nacional.
Este primer período de gobierno no enfrentó mayores
desafíos nacionales, salvo por algunas movilizaciones que venían marcando el
comienzo de un nuevo ciclo de Paro Nacional. Noboa logra cerrar el mandato de
Lasso creando una articulación estratégica con las Fuerzas Militares, que
venían empañadas de casos de ejecución extrajudicial y se les otorgó
legislativamente inmunidad judicial. Entrados al período electoral del 2025, el
correísmo volvió a aparecer como fuerza contenciosa ante el nuevo proyecto de
Noboa, mediante la figura de Luisa González. Sin embargo, la apuesta electoral
del progresismo fue derrotada nuevamente por la agenda securitista de Noboa,
que se convirtió en el principal mecanismo de gobernabilidad del partido de
gobierno, en un escenario electoral acusado de fraude.
Con la victoria de Daniel Noboa en febrero de 2025, se
iniciaría una nueva etapa de reorganización de la estrategia política de la
derecha, afianzada en tres soportes: la securitización, el ajuste estructural
y, más recientemente, la refundación del Pacto Constitucional. Desde la
Consulta Popular del año 2024, Noboa logró concentrar el poder de las Fuerzas
Armadas como forma de gobernabilidad y garantía de permanencia en la estructura
estatal; a esta estrategia se sumaría la del ajuste estructural, que venía
aplicándose con el aumento del IVA en 2024, el endeudamiento expansivo con el
Fondo Monetario Internacional y la eliminación del subsidio al combustible el
pasado mes de septiembre.
A diferencia de Moreno y Lasso, el Gobierno Noboa ha
identificado que la Constitución del 2008 y la organización del movimiento
indígena-popular son los dos sostenes de la democracia y la fuerza de
contención ante la arremetida neoliberal. Casi a diez años de la salida del
correísmo, tanto la estructura constitucional del 2008 como los ciclos de rebelión
indígena han logrado derrotar y contener el ajuste estructural del
neoliberalismo en Ecuador, salvo por el último Paro Nacional, que fue
desarticulado violentamente por el despliegue militar del Gobierno Nacional y
que logró imponer el decreto de eliminación del subsidio al combustible. La
Consulta Popular de Noboa debe entenderse, en ese sentido, como una estrategia
que busca reconfigurar las bases constitucionales del Estado ecuatoriano,
permitiendo la aplicación del ajuste estructural del neoliberalismo, y
reforzando la política autoritaria militar, orientada a desarticular la
organización del movimiento indígena.
Por
eso, se equivocan quienes creen que neoliberalismo y lógica de securitización
son contrarias; el caso ecuatoriano evidencia que el militarismo es un
dispositivo de gestión pública; a saber, el militarismo es un mecanismo de
gobernabilidad que permite dar tratamiento a los problemas sociales, construir
una agenda política-legislativa, relacionarse con la oposición, obtener apoyo
electoral, ganar legitimidad al interior de las clases populares y fraguar un
proyecto de reconfiguración estatal, vinculado con la Constituyente, al patrón
de acumulación neoliberal.
De
este modo, la securitización es una dinámica de desinstitucionalización del
Estado de Derecho, pero al mismo tiempo, una reconfiguración institucional
pensada para adecuar el marco institucional a los vectores extractivistas,
financieros y militarizados. La guerra interna que plantea el presidente del
Ecuador contra el grueso del movimiento social es un mecanismo de acumulación y
una nueva lógica de despliegue de las capacidades estatales.
Así,
la tensión crucial del Estado moderno, entre legitimidad estatal y acumulación,
se solventa en el caso ecuatoriano, con endeudamiento internacional (FMI),
militarización del país y entrega de bonos y apoyos económicos en las zonas
donde la insatisfacción del movimiento popular se ha sentido con mayor
potencia, todo esto con el objetivo de desmovilizar la ciudadanía y reforzar
dinámicas rentistas.
3. ¿Una nueva Constitución
para un nuevo ciclo político?
En
Ecuador, los ciclos políticos parecen coincidir con los ciclos constituyentes;
en 1998, debido a la destitución del líder popular Abdalá Bucaram, el por
entonces presidente Fabián Alarcón optó por llamar a las diversas fuerzas
políticas y partidarias para redactar un nuevo proyecto constitucional capaz de
solucionar la crisis política y adelantar una agenda profundamente neoliberal:
políticas de focalización, Estado mínimo, privatización y disciplina monetaria.
Luego, en 2008, un año después de ser elegido presidente de la república, Rafael
Correa decide convocar a un nuevo proceso constitucional que sedimentó la
hegemonía progresista durante una década (2002-2017).
De
esa forma, la Constitución Política del 2008 funcionó como sedimento
ideológico, social e institucional para instaurar un período de estabilidad
política y construir un horizonte político pos-neoliberal. Así, el progresismo,
con una correlación de fuerzas favorables, estuvo en la capacidad de situarse
sobre la Constitución para construir un régimen político estable y un Estado
garantista.
Sin
embargo, esta correlación de fuerzas hoy por hoy resulta inexistente; desde el
2017 la derecha ecuatoriana está viviendo un proceso de reorganización
programático que ha alcanzado legitimidad al interior del sistema político y un
cierto consenso popular. Más allá de los cuestionados métodos con que ha
logrado ganar aprobación, el noboísmo representa una peligrosa articulación de
las fuerzas reaccionarias y de derecha; esa mezcla entre poder empresarial y
despotismo oligárquico podría consolidar un nuevo ciclo político y, con ello, un
retroceso sin precedentes para las fuerzas democráticas de izquierda y la garantía
de derechos sociales, ambientales y pluriétnicos.
Precisamente
los resultados de la Consulta podrían definir un nuevo eje gravitacional sobre
el que se mueven las dinámicas políticas y estatales caracterizadas por la
securitización como modelo de gestión política y la desposesión neoliberal. Por
tanto, si Lenin Moreno y Guillermo Lasso pueden ser pensados como un periodo
bisagra de transición hacia las dinámicas neoliberales, el gobierno de Daniel
Noboa podría erigirse como la cristalización constitucional de la penetración
del modelo neoliberal en Ecuador y, a la vez, robustecer el nuevo ciclo
político de la derecha anti-correista.
Es
evidente, entonces, que el ciclo político que se viene configurando necesita
fracturar los límites constitucionales y los contrapesos del Estado Social de
Derecho. En parte porque, como solía decir Lasalle, las fuerzas vivas de la
Constitución del 2008 están pereciendo; las sinergias políticas, el consenso
ciudadano y los compromisos programáticos que sostenía la Carta Política
carecen de sustento plebeyo. De ese modo, los nuevos bríos constitucionales se
producen en medio de un giro político hacia la derecha y un ajuste estructural
mediado por un complejo proceso de reconfiguración del Estado. Por eso, mal
haríamos en pensar que se trata de un simple capricho del empresario bananero.
4.
La situación de las izquierdas y el horizonte estratégico.
Frente
a este angustiante escenario, el movimiento social y las fuerzas democráticas
de izquierda enfrentan un difícil panorama político de cara a la Consulta.
Resulta evidente las serias fracturas que sufre el movimiento indígena -motor
de la movilización en los paros de 2019, 2022 y 2025-, la ausencia de una
estrategia coordinada de movilización popular, sumado a la crisis dirigencial
de la CONAIE, dejan entrever que no existe una estrategia electoral y política
coordinada. Estas debilidades organizacionales del movimiento no pueden
entenderse por fuera de las estrategias de cooptación desde abajo con varias
organizaciones indígenas, además de la violenta represión provocada contra las estructuras
sociales durante el reciente Paro Nacional del 2025.
Por
su parte, la izquierda parlamentaria enarbolada por la Revolución Ciudadana
(RC) está sufriendo una crisis ideológica y programática de hondo calado. Pese
a ser con una pequeña ventaja la fuerza más votada en las pasadas elecciones
legislativas, esta colectividad ha perdido su impulso reformista y ha quedado
desligada de los más recientes procesos movilizatorios. Ante este panorama, la
principal agrupación institucional progresista mantiene una agenda reactiva,
moderada políticamente y de contención, deficitaria a la hora de proveer un
proyecto popular que exceda y profundice los logros políticos del período neo-desarrollista.
Así
las cosas, las fuerzas progresistas y de izquierda deberán: i) movilizar sus
estructuras sociales para impulsar el NO en la Consulta, a sabiendas de que una
derrota electoral para el noboísmo podría gestar un duro golpe a la legitimidad
popular que ostenta el Gobierno; ii) sostener y promocionar unos acuerdos democráticos
básicos de la democracia, aun en su formato más liberal; iii) procurar gestar
un proceso de rearticulación orgánica de las izquierdas parlamentarias y
sociales, intentando reconectar la agenda parlamentaria con los procesos de
movilización contenciosa. Este horizonte estratégico exige que el espectro de
izquierdas esté a la altura de proveer de un proyecto político seductor para
las mayorías sociales. Solo de esta forma será posible arrebatarle la iniciativa
de transformación al Gobierno y asumir un rol ofensivo frente al embate
neoliberal y autoritario que pone en riesgo la democracia en el Ecuador.
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