Comité Editorial Militancia y Sociedad
En
el marco de la X Conferencia de CLACSO – 2025, nuestro Comité Editorial, junto
al Grupo de Trabajo Historia y Coyuntura: perspectivas marxistas,
conversó con la congresista por el departamento del Tolima, Martha Alfonso
Jurado, sobre la coyuntura política nacional. En la siguiente nota, se
reconstruyen algunos puntos de discusión del encuentro, llamando la atención en
dos grandes ejes: i. antecedentes del proceso de cambio iniciado en 2022;
ii. agenda político-reformista del Gobierno Petro.
i.
El Proceso de Paz y la movilización social como engranajes de la transición
política:
El
primer punto de conversación giró en torno a los antecedentes del proceso de
cambio. Para la congresista Martha Alfonso, Colombia atraviesa por un momento
de transición político-democrático que tiene su primer punto de inflexión con
los Acuerdos de Paz en 2016. Las negociaciones de la Habana, además de lograr
reintegrar a la vida civil a miles de ex combatientes, marcaron el comienzo de
un nuevo ciclo democrático en Colombia: tras el desarme de una de las
principales guerrillas del país, se da inicio a una etapa de apertura
democrática y emergencia político-popular en el que las demandas de sectores sociales
históricamente excluidos -antes opacados por la guerra y el conflicto interno-
irrumpen con fuerza en la agenda política nacional.
El
desescalamiento del conflicto armado permite que emerjan, por un lado, un
conjunto de luchas por la ampliación de derechos sociales que antes eran
sistemáticamente ignoradas por el establecimiento en nombre de la seguridad
nacional y, del otro, que se cuestione un modelo estatal de desarrollo
concentrado en las grandes urbes. Aunque las desigualdades regionales
(segregación socio-espacial) han estado siempre presentes a lo largo de nuestra
historia republicana, es con el Acuerdo de Paz que se logra cuestionar un
modelo de país concentrado en el desarrollo de las principales ciudades, en
desmedro de la periferia nacional.
El
Acuerdo de Paz es, desde este punto de vista, uno de los principales engranajes
de la transición en Colombia porque implica: i. un proceso de
apertura democrática del régimen político; ii. un proceso de movilización
social masiva de actores sociales-subalternos (por esa vía, la constitución de
un sujeto ciudadano); iii. la ampliación del régimen de derechos
sociales; iv. un cuestionamiento al modelo estatal heredero del reformismo
neoliberal de los 90’ y 2000s. En este
marco, se dan las condiciones de aparecimiento de un nuevo bloque de izquierdas
que parte de considerar que la paz es una de las claves del cambio y del
proceso de transición-transformación nacional.
Otro
de los antecedentes de dicho proceso de transición se encuentra en el ciclo de
movilizaciones de los años 2019 – 2021. Según Martha Alfonso, durante este
ciclo de protestas no solo se consigue contener la ofensiva neoliberal del
ajuste estructural, sino que además se logran mayores niveles de conciencia
social, a pesar de la deriva autoritaria y represiva del Gobierno Duque. Este
aumento de la conciencia social y ciudadana es, junto al período de recesión
económica producto de la pandemia y la crisis de la democracia
liberal-representativa, uno de los factores explicativos del ascenso del
Gobierno Petro en 2022.
ii.
Una nueva agenda política en Colombia:
Con
el comienzo del Gobierno Petro, se definen cuatro grandes marcos de disputa
política: i. una disputa por la institucionalidad; ii.
una disputa por la burocracia; iii. una disputa por un nuevo
enfoque de la economía; iv. una disputa por el enfoque de
justicia social. Respecto al primer marco, consiste en una estrategia de
recuperación de las instituciones estatales como resortes del proceso de cambio
y transformación nacional. Según la congresista Martha Alfonso, las
instituciones en Colombia han venido operando como una infraestructura corporativista
que está función de los intereses de las clases dominantes; por lo que el
Gobierno Nacional ha buscado transformar el carácter y naturaleza de ese diseño
institucional oligárquico.
Lo
anterior implica una lucha y organización de procesos colectivos desde dentro y
fuera del Estado, en un intento de desbloquear las trabas institucionales del
modelo de gestión neoliberal. Respecto al segundo marco, la disputa por la
burocracia es uno de los grandes retos que actualmente enfrenta el progresismo:
al ser por primera vez gobierno, las fuerzas de izquierda democrática no
contaban con los suficientes cuadros técnicos con los cuales se pudiese avanzar
en los proyectos de reforma, por lo que fue necesario trasladar cuadros
burocráticos del ámbito regional al nacional, dejando un vacío en el primer
nivel. Uno de los desafíos del progresismo consiste, justamente, en la
formación e inclusión de nuevos cuadros técnicos que respondan, genuinamente, a
los principios y valores de justicia social del presente ciclo.
En
tercer lugar, la disputa por un nuevo enfoque de la economía parte de reconocer
las condiciones de desigualdad regional y segregación socio-espacial de nuestro
país. Para Martha Alfonso, el Gobierno Nacional ha destinado mayores recursos
de inversión a ciudades periféricas en un intento de cerrar y saldar tales
brechas de desigualdad. El incremento presupuestal a proyectos de
potabilización del agua, la recuperación de vías férreas, la puesta en marcha
del programa de transición energética, la transformación de una matriz
tributaria regresiva, el reconocimiento de la economía popular, la entrega de
tierras, el fortalecimiento del sector agropecuario y la promoción de una
política económica contracíclica (sostenida en la generación del empleo público
y aumento salarial) son algunos ejemplos de lo que ha sido la política de
inversión pública regional del Gobierno Petro.
Finalmente,
la disputa por el enfoque de justicia social ha tenido 3 puntos de referencia: la
reforma laboral, la reforma pensional y la reforma al sistema de salud. En el
primer caso, consiste en una lucha por la redistribución de la riqueza, la
formalización del empleo y el mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores con un claro enfoque de género; en el segundo caso, ha buscado
aumentar la cobertura del sistema, reducir la capacidad de administración de
las AFP, recuperar los principios de solidaridad intergeneracional y
reestablecer la idea de la fuerza de trabajo como fuente de riqueza; por
último, la reforma a la salud ha intentado reestablecer un modelo de
atención-prevención de salud que prescinda de la intermediación financiera de
las EPS y sus círculos de corrupción.
La aprobación de las reformas es, sin lugar a dudas, una de las principales disputas estratégicas del Gobierno Nacional. Aunque se ha elegido el Congreso como mecanismo de aprobación, hasta ahora ha venido funcionando como un instrumento al servicio de los grupos de poder económico y de la reproducción de la desigualdad. Por esta razón, la Consulta Popular propuesta por el Gobierno Nacional abre una tercera vía ante el estado de inmovilidad y cierre legislativo. La democracia directa parece ser, en ese sentido, la única condición de posibilidad para avanzar en la recuperación de derechos sociales, para romper los nudos estratégicos del neoliberalismo en el Estado, restarle poder a los grupos financieros-empresariales y transformar la estructura oligárquico-dependiente del Estado colombiano.
De
allí la importancia, según la congresista, de aprender las lecciones de otras
experiencias progresistas de la región que lograron construir mayorías sociales
e institucionales que sostuvieran el ciclo de cambio y defendieran los
mecanismos de redistribución de riqueza. Pero, al mismo tiempo, de aprender de sus
errores y desafíos, de reconocer sus límites y contradicciones. Solo una
reflexión colectiva sobre las apuestas estratégicas del progresismo en América
Latina permitirá que la experiencia de cambio en Colombia no tropiece con los
mismos obstáculos de nuestra izquierda regional.
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