Por: Andrés Gómez
La
represión a la protesta social ha sido la constante como política
principal de los gobiernos colombianos para el tratamiento a la
manifestación social, acallar las masas que a lo largo de la
historia han defendido y reivindicado sus derechos. El paro cívico
de 1977 era el referente de movilización social más importante
hasta el momento, puesto que logró reformas político económicas
con un alto precio, el lamentable asesinato de por lo menos 30
manifestantes, más de 500 heridos y miles de detenidos. El paro del
21N se presentaba como una gran huelga general de acciones colectivas
que posicionaron el debate de la implementación de los acuerdos de
paz y de profundas reformas socioeconómicas que necesita la sociedad
colombiana contra la desigualdad, pero la pandemia del Covid-19 puso
pausa a las manifestaciones.
El
28A se configura como la continuación de las movilizaciones del 2019
y 2020. Las acciones que ha tomado el gobierno uribista se configuran
en una deriva dictatorial que develan el rostro de un uribismo
decadente, proyecto político y social que tiene sus horas contadas.
Bajo las condiciones actuales, este partido de ultraderecha que viene
perdiendo fuerza y aliados políticos, están prestos a imponer a
sangre y fuego, bajo la bota militar, las reformas regresivas. Es una
guerra que le han declarado al pueblo Colombiano, a la gran mayoría
que se cansó de las políticas neoliberales que recargan fiscalmente
a la clase media y baja, empobreciendo grandes capas de la sociedad,
dejando a los ricos y mil millonarios sin pagar impuestos y
disfrutando del trabajo de los asalariados.
A
la fecha van 43 víctimas de violencia homicida por parte de las
fuerzas militares, 2.387 casos de violencia policial en los cuales se
relacionan armas de fuego, 18 registros de violencia sexual a
mujeres, entre otras; cifras que lamentablemente siguen creciendo.
Aún con la presión internacional por el uso excesivo de la fuerza y
el tratamiento militar a la protesta, el gobierno uribista sigue
señalando y deslegitimando a quienes salimos a las calles a defender
la democracia, ven en este periodo presidencial, su última
oportunidad de ser gobierno, y como buenos animales que ven perdida
su vida política, están dispuestos a matar, antes de que los acaben
electoralmente y se les acabe el reinado.
Una
de las tantas preguntas que rondan estas incesables noches de terror
estatal, es acerca de la perspectiva del paro, si se debe negociar
con el uribismo, o si por el contrario tenemos que seguir en las
calles defendiendo la democracia de esta deriva dictatorial.
A
mi modo de ver, hay varias salidas a las que podría llegar esta
movilización social. Descartando de plano la salida institucional a
modo de negociación por parte del establecimiento, todas las
acciones han profundizado la deriva dictatorial con el tratamiento de
guerra a la protesta, muestra de ello es el despliegue de blindados,
helicópteros y pie de fuerza militar en el Valle del Cauca y las
regiones más movilizadas, aunado a la nueva táctica de
judicialización que pretende desmovilizar de otra manera a la
organización social; el ánimo del gobierno nacional no es la
negociación, sino el desgaste social por medio de la represión y la
desmovilización social a causa de los anuncios falaces que ha
realizado en los últimos días, entre estos los subsidios a la
nómina de un nuevo programa de reactivación laboral para jóvenes y
el programa de vivienda VIS para jóven entre 18 y 28 años, en este
punto hay que partir de la idea de no cumplimiento de lo anunciado,
así cómo ha sucedido con la implementación del acuerdo de paz y
los acuerdos de los paros recientes, como el estudiantil del 2018.
Cada
día, Duque y su ministro de guerra profundizan el conflicto social
tomando peores decisiones, cada vez se violan más los DD.HH. No ha
importado los llamados de los organismos internacionales a
garantizar el derecho a la protesta, ni salvaguardar la vida de los
nacionales que se manifiestan; sino por el contrario, aplican
acciones de guerra guiadas por lecturas políticas erroneas en
concordancia con su imaginario demente y criminal; creen que quienes
están en las calles van a acabar con el sistema, y no es así,
quienes están en las calles, solo están pidiendo garantías
socioeconómicas y políticas para vivir dignamente.
1. La
primera salida podría resultar en el desgaste de la movilización,
por varios factores. En primera medida, producto de la fuerte
represión estatal que se ha visto recrudecida, se vería menguada
la presencia de los sectores sociales que han sido constantes en las
calles, por miedo a morir, ser judicializado, perder un ojo, ser
agredidos sexualmente por la policía, entre otras acciones
reprochables que hemos visto por parte de las fuerzas militares.
La
poca garantía en materia de representatividad también es un factor
clave en esta huelga general, los jóvenes no nos sentimos
representados en el Comité Nacional de Paro, existe un rechazo de
los jóvenes, al liderazgo por las alturas que viene realizando el
CNP, no representan el sentir juvenil, son sindicalistas que llevan
años usufructuando las coyunturas sociales, vendiendo los paros y
sacando provecho de ellos. Por otro lado, pero relacionado con lo
anterior, el factor negociación que tiene el Comité Nacional de
Paro en la mesa de negociación, es poco, producto de la visión que
tiene el uribismo acerca del paro nacional en curso.
Por
los factores anteriormente enunciados, esta huelga general se puede
decantar en manifestaciones por ciclos, es decir, semanas de
manifestaciones intensas y otras de inactividad de la movilización
hasta que lleguemos a las elecciones del 2022, claramente en
confrontación con las acciones militaristas del gobierno.
2. Otra
salida relacionada con los factores anteriores (represión estatal y
representatividad-negociación del CNP) pero con un desenlace
totalmente diferente a movilizaciones por ciclos, es la estribación
en el desgaste total y la desilusión de los sectores movilizados.
Esta salida le podría dar la opción al uribismo de imponer
reformas regresivas, con nuevos nombres, pero similares en funciones
y objetivos de las ya desacreditadas en el marco de esta huelga;
además de imponer un poder militar mucho más agresivo bajo la
falacia discursiva de una nueva guerra contrainsurgente y
antiterrorista que impida la toma del poder de quienes no son
uribistas y no comulgan con sus doctrinas.
3. Por
otro lado, existe el interés del uribismo, en que la tesis de
combinación de las formas de lucha vuelva y tome fuerza, sería la
excusa perfecta para legitimar las acciones y el tratamiento militar
que ha venido realizando el gobierno, podemos citar como ejemplo, un
video que muestra supuestamente un grupo del ELN bajando de de algún
sector de Cali, a realizar acciones contra la fuerza pública y
apoyar la manifestación en esa ciudad. Da miedo escuchar esta idea,
y que tome fuerza; es lo que quiere y necesita el uribismo para
imponer su dictadura y volver a caer en otro ciclo de violencia de
50 años, que acabe con la poca esperanza y sueños de salir
adelante, además de acabar con todo lo bueno que traído la
implementación del acuerdo de paz.
4. La
opción más pertinente bajo las condiciones actuales de disputa por
el sentido democrático, es seguir en las calles manifestando
masivamente y en paz, el clamor popular, posicionando las demandas
regionales que surjan de los espacios asamblearios como referentes
organizativos y de base, fortaleciendo la capacidad organizativa
para los próximos embates de la oligarquía. Sumado a lo anterior,
con todo lo que implica pliegos regionales, debemos seguir llamando
a la presión internacional para que el gobierno acepte las
investigaciones de organismos internacionales y que se esclarezcan
todos los actos que se han cometido por parte de la fuerza pública;
además de fortalecer los acercamientos a congresistas
estadounidenses para que restrinjan el apoyo y asistencia militar al
gobierno.
Las
banderas de esta huelga general, deben centrarse en llamamientos a la
movilización de masas, es la única opción, la más democrática.
Necesitamos movilizaciones masivas y en paz, que hagan el llamado al
respeto por la vida y el derecho a la protesta, que entre todos los
colombianos podamos respetarnos por pensar diferente, para que algún
día, podamos vislumbrar un país en paz y con justicia social.
A
las calles a tumbar al gobierno paramilitar
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