Daniela
Carrasco Orellana
Estudiante de doctorado en Estudios Rurales
El Colegio de Michoacán, México.
Si para la mayoría de los países latinoamericanos la
aparición en escena del COVID-19 ha sido inesperada, abrupta y calamitosa, me
arriesgo a decir que para los chilenos lo fue aún más. Esto lo señalo
considerando el escenario político-social que se estaba gestando en los últimos
meses, en aquella larga y angosta franja de tierra, donde el “estallido social”
del 18 de octubre del año pasado no dejo indiferente a nadie. El ambiente de
esos meses fue sumamente tenso. Se decretó Estado de excepción; se llevó a los
militares a la calle; se restringió la libertad de tránsito y reunión; se
reprimieron y encarcelaron a miles de manifestantes; otros cientos fueron
torturados e incluso mutilados por la represión de carabineros, a través de
actos reiterados y sistemáticos de violación de DD.HH.[1] que
ocurrían a vista y paciencia de las autoridades.
Esos meses fueron históricos. Desde el retorno a la
democracia, en 1989, no se había desarrollado una movilización de carácter tan
sostenido y multitudinario que cuestionase el meollo del “modelo chileno” el
cual se basa en una versión radical del neoliberalismo donde, por ejemplo,
priman “las soluciones privadas para problemas públicos” y donde el más
perjudicado es el ciudadano común y corriente que está desprotegido de derechos
sociales en cuestiones como educación, salud, pensiones, servicios. Modelo que,
desde el escrutinio extranjero, ha sido vitoreado durante décadas como exitoso,
estable y ejemplar respecto de sus vecinos latinoamericanos. Pero nada más abyecto
que el supuesto milagro chileno, que sostiene sus pretensiones a través de la
más irrisoria explotación y desigualdad. Ambas, impuestas a sangre y fuego por
un régimen militar y mantenidas por una “democracia” que vela por el status
quo de unos pocos.
Es, en ese momento de álgidas protestas, manifestaciones,
cuestionamientos, represión y la promesa de un futuro plebiscito constituyente,
que se oyen los rumores del coronavirus en el país. Si bien el gobierno de
turno no esperaba esta pandemia, tampoco le cayó mal la contingencia que puso
en una suerte de stand by el estallido social, desviando la atención
hacía una artificial e hipócrita petición de “unidad ante la crisis” desde el
ejecutivo.
Bajo esta coyuntura de desenlace incierto es que propongo
revisar algunas frases utilizadas por el gobierno de Sebastián Piñera durante
estos meses de pandemia. Retomando elementos de la pragmática para el análisis
del lenguaje me centraré en eufemismos utilizados en entrevistas o conferencias
de prensa, los cuales no sólo son usados como una forma de suavizar las
palabras y el discurso, sino para -derechamente- encubrir y maquillar la
realidad de desigualdad e injusticia en la que vive gran parte de las y los
chilenos desde hace décadas.
Los eufemismos en las crisis
El uso del lenguaje también es político y, ciertamente, los
discursos políticos se valen de una serie de metáforas, retórica y formas de
cortesía en la que se busca convencer a la ciudadanía. En ese sentido, el
lenguaje político se caracteriza en muchos casos por el oscurantismo de sus
enunciados que terminan incurriendo en un discurso ambiguo y difícil entender
para la audiencia. Esto cobra relevancia si comprendemos que, como señala Austin,
“se hacen cosas con palabras”,[2] es
decir, los actos enunciativos no se desarrollan en abstracto, sino que dentro
de un contexto son interpretados y remiten a un efecto en el receptor -lo que
el autor llamó acto perlocutivo-.
En tiempos de crisis los discursos políticos se sirven
especialmente de expresiones ambiguas y polisémicas en pro de evitar el uso de
ciertas palabras por la carga social y/o psicológica de éstas. Es común que
líderes y mandatarios utilicen conceptos como “reajuste o desvinculación
laboral” para evitar decir despedidos, o “externalización de servicios
públicos” por privatización. Y así la lista puede ser muy larga. En ese tenor,
debemos preguntarnos si el uso de conceptos como reformas, reajuste u otros son
sólo formas de cortesía y atenuación o corresponden, más bien, a convenciones
para maquillar y evadir situaciones de crisis social, política y económica que
vivimos a través de lo “políticamente correcto”.
Desde el análisis pragmático de los actos de habla, la proscripción
de ciertas palabras corresponde a una interdicción lingüística, concepto que se
puede definir como el impedimento psicológico (interno) o social (externo) que
implica el uso de una palabra por su connotación negativa, lo que lleva a
evadir la palabra o a nombrar de forma indirecta aquello que se está
imposibilitado de decir. No es una imposibilidad de orden lingüístico, sino
psicológica y social ya que se encuadra dentro de las normas de una determinada
sociedad, por ello pueden variar a lo largo del tiempo y del lugar. En ese
sentido, el uso de la lengua implica un uso consciente, pero también inconsciente
de ella: elegimos ciertas palabras, construcciones sintácticas y estrategias
discursivas de acuerdo a nuestras propias preferencias, pero también
considerando a nuestros interlocutores y al contexto. Es decir, lo que decimos
o escribimos no está mediado únicamente por nuestro criterio, sino también “por
restricciones impuestas por terceros, ya sean instituciones oficiales, grupos
sociales o personas particulares”,[3] lo que
nos lleva a adecuar el habla.
Uno de los mecanismos utilizados
para evadir la interdicción lingüística es el eufemismo, el cual
correspondería, en primera instancia, a aquellas palabras que son utilizadas como
atenuadoras de la interdicción lingüística. El eufemismo obraría como una
medida de cortesía enmarcada, como ya mencioné, dentro de lo políticamente
correcto. Sin embargo, y coincidiendo con Nuria Barranco, el eufemismo del discurso político tendría otra
connotación: éste sería utilizado como instrumento desinformativo para
manipular y falsear la realidad.[4]
Los
discursos de Piñera y Cía. están llenos de eufemismos y repeticiones que los
más conservadores señalan como desacertadas, mientras otros las catalogan como
dementes o maniacas. Aunque nos resulten francamente irrisorias sus palabras,
hay en ellas la intencionalidad de instalar una realidad, de imponer un
discurso de “verdad”. Así ha sucedido desde el estallido social del 18 de
octubre (18-O). Como botón de muestra recurriré algunas de las frases polémicas
de estas semanas para entender el uso del eufemismo por parte del gobierno. Uno
de los personajes más controversiales de la actual escena pública chilena es el
ministro de salud, el médico Jaime Mañalich, quien señaló el 21 de marzo que la
primera persona muerta por el actual coronavirus era “postrada, en la que se optó por un
manejo compasivo”. Pero, ¿qué debemos entender como manejo compasivo? Para la
población que no está familiarizada con conceptos médicos la interpretación fue
muy amplia. En redes sociales el debate se abrió a espectros como su vinculación
a una especie de eutanasia o que a la mujer simplemente se le dejó morir. Interpretaciones
iban y venían dentro de la angustia creciente de la población por la pandemia.
Otra de las frases insignes
del ministro -y que se viralizó mundialmente-, fue señalar que dentro de las
estadísticas de casos recuperados por coronavirus se contabilizan (como
recuperados) a “las
personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente
han fallecido”.[5] Un salto cuántico entre vida y muerte difícil de procesar para
simples mortales. Quiero recalcar que esta frase no fue una equivocación de
parte del ministro, ya que él mismo afirma que organismos internacionales
recomendaron la categoría. Más bien, es un asiduo intento de bajar el perfil de
las muertes relacionadas a la pandemia y que devienen del manejo de la crisis
de parte del gobierno. Por ello, la insistencia en que los muertos se cuentan
como “recuperados” ya que “no son una fuente de contagio”, desviando la
atención sobre los decesos mismos.
Otra de las
cuestionables frases del ministro apunta al manejo de la pandemia desde los
establecimientos de salud. En uno de sus informes diarios sobre la situación
del país, el médico señaló que la pandemia “ha producido una merma en los
recursos humanos para la salud”,[6] esto
para referirse a que más de 200 funcionarios se encuentran contagiados con
COVID-19 y varios de ellos graves. No deja de llamar la atención el uso del
concepto “merma”, que es la disminución o reducción de la cantidad de una cosa.
En ese sentido, el ministro minusvalora a los trabajadores al tratarlos como
recursos y a su contagio como merma, aplicando así conceptos económicos a
trabajadores de la salud que hoy se enfrentan a esta crisis sin insumos para
protegerse, con los servicios colapsados y con extenuantes jornadas de trabajo.
Nuevamente se recurre a restar importancia a la situación, esquivando así las
críticas al manejo de la pandemia y, por ende, de sus responsabilidades
políticas.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, tampoco ha estado
exento de frases polémicas durante estas semanas. En medio de la contingencia
se impulsó, desde el ejecutivo, el indulto a presos que estuviesen sentenciados
por delitos menores como una medida para descongestionar de las cárceles del
país y disminuir brotes infecciones en los centros penitenciarios. Dentro de
este proyecto de ley el oficialismo trató de incluir a ex militares
sentenciados por violaciones de DD.HH. Recordemos que durante los 17 años de
dictadura se contabilizaron miles de detenidos desaparecidos y presos políticos
que fueron torturados, violados y vejados por el gobierno militar. No debemos
olvidar que la derecha chilena nunca ha escondido el apoyo y simpatía por el
régimen pinochetista, por lo que han recurrido a esta contingencia para nuevamente
intentar indultar a criminales de lesa humanidad. En ese marco, Piñera dio una
entrevista defendiendo el indulto de estos presos, expresando;
“Es un proyecto
humanitario que busca permitir que aquellas personas que están con enfermedades
terminales, que están al borde de la muerte, que hayan cometido delitos comunes
o de derechos humanos, puedan terminar sus días en sus hogares, junto a sus
seres queridos (...) el derecho a la muerte digna es parte de los valores del
cristianismo”
Como podemos leer, Piñera se abstiene de utilizar el concepto
de presos -término correcto o neutral (ortofemismo)- sustituyéndolo por el de
“personas con enfermedades terminales”, que en este caso funciona como
eufemismo al pretender atenuar el concepto de preso o sentenciado por DD.HH.
Por otra parte, Piñera apela a un proyecto “humanitario” para quienes
cometieron crímenes de lesa humanidad y que además han prestado nula
cooperación para resolver casos o encontrar los cuerpos de los detenidos
desaparecidos. Así, se ampara en nociones como “muerte digna” y “valores
cristianos” (¡en un estado laico!) para atenuar el contexto de los sentenciados
e influir en la opinión de la audiencia. Dato no menor en este contexto es que
aquellos criminales, aun en su condición de sentenciados, siguen recibiendo
privilegios como pensiones vitalicias o una cárcel especial (Punta Peuco)[7] que
posee condiciones de lujo comparadas con el hacinamiento de las cárceles
comunes en el resto del país.
Imagen
1:
Punta Peuco (cárcel). Fuente: El mostrador, https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/25/cancha-de-tenis-y-plasmas-los-privilegios-de-violadores-de-dd-hh-en-punta-peuco/
Como he tratado de
mostrar en los párrafos anteriores, es esa falta de especificidad y ambigüedad que
hace recurrente el uso del eufemismo en el discurso político, ya que “ofrece al
hablante la oportunidad de no responsabilizarse del efecto negativo de sus
consideraciones expresivas; seguro del desagrado propio o sospechándolo en el
oyente, el eufemismo le permite poner tierra de por medio entre él mismo y sus
comentarios”.[8]
El eufemismo opera como un mecanismo cognitivo, que permite al emisor -en este
caso a Mañalich y Piñera- controlar la información en por lo menos dos sentidos.
Primero, influyendo en la interpretación que pueda hacer el receptor; y, en
segundo término, que lo dicho sea tan obscuro que la interpretación quede en
manos del receptor, deslindándose de las responsabilidades de sus dichos.
El lenguaje acá no sólo
opera para comunicar, sino para imponer una realidad. Desde octubre del año
pasado la impronta de los discursos desde el oficialismo se ha inscrito en un
juego de manipulación y persuasión como estrategia discursiva. Por ejemplo, en
las conferencias de Piñera se ha vuelto recurrente afirmar que “estamos en
guerra frente a un enemigo poderoso, implacable”. Frase convertida casi en
muletilla para referirse al COVID-19, a la delincuencia, pero también a los
manifestantes que meses atrás colmaban las calles alrededor de hoy nombrada
Plaza Dignidad (ex plaza Italia). Detrás de frases como aquellas no sólo hay un
lenguaje políticamente correcto o una expresión metafórica, sino una descarada
manera de eludir responsabilidades políticas frente a la crisis. Recordemos que
el estallido social cuestionó las bases del modelo chileno y la creación de
riqueza de las clases pudientes, por lo que el gobierno de Piñera se enfocó más
en crear un discurso de odio hacia los manifestantes, catalogándolos de
terroristas, delincuentes, grupos organizados de anarquistas, entre otros
tantos adjetivos, justificando las respuestas represivas a las marchas más allá
de una salida democrática que buscase escuchar las demandas de la población.
Ellos no están
dispuestos a perder un ápice de sus privilegios. Así lo muestran sus dichos y
hechos. Por ello eufemismo se ha tornado en el mecanismo predilecto para sus
juegos de comunicación, ya que no sólo sirve para reemplazar una palabra
interdicta, sino que la realidad misma está en interdicción. Ellos obliteran la
realidad con sus palabras ambiguas. Es ahí, en esas penumbras discursivas, que
podemos entrever que la dictadura sigue latente en la altanería de sus palabras,
en el recurrir sin miramientos a la represión por parte de carabineros (policía
chilena) o en la defensa a ultranza de una constitución con enclaves
dictatoriales.
En ese balance de crisis social y sanitaria es que puedo señalar
que el eufemismo más utilizado no ha sido crisis, problema o crecimiento
negativo. Ha sido democracia. Palabra manoseada por los gobiernos
postdictadura, en la que nos hacen creer que las pérdidas de esta crisis la
debemos pagar todos, cuando sabemos que los más afectados siempre serán los
trabajadores, las clases más vulnerables, los inmigrantes, las mujeres o los
adultos mayores. Con el descaro y la soberbia del patrón de fundo frente a las
protestas por el alza del pasaje que ya rondaba 1 dólar, llaman a la población
a levantarse más temprano para ir a trabajar y así pagar menos. O frente al
aumento del costo de los productos básicos, el exministro de economía llamó a
los “románticos” a comprar flores porque éstas han caído en un 3,6%. Ante la
demanda de consultas vinculantes en las distintas comunas del país, la
respuesta fue sacar a los militares a las calles, activar protocolos para la
persecución de líderes sindicales, estudiantes secundarios y universitarios y a
la población. O cómo olvidar cuando en el intento de acusación constitucional
(impeachment) contra Piñera por su responsabilidad en la violación sistemática
de DD.HH., éste se defendió diciendo que era su derecho terminar su mandato por
ser elegido “democráticamente”. Además, el oficialismo añadió que aquella
acusación constituía un verdadero “golpe de estado”, cuando en realidad una
acusación contra el gobierno es una medida legal reconocida aún en una
constitución tan obsoleta como la chilena. Pero, además, la frase está cargada
de desmemoria e hipocresía, ya que olvidan con rapidez que ellos mismos
bombardearon el Palacio de la Moneda para destituir a Salvador Allende en 1973.
Por ello la negativa a cambiar la actual constitución que fue forjada en
dictadura y que ampara legalmente sus negocios en concesiones, sus monopolios, la
acumulación de patrimonio y privilegios. Así, la democracia se ha convertido en
una palabra vapuleada a ultranza de sus intereses, para proteger sus negocios y
escondernos lo evidente: que la dictadura sigue latente en Chile y que lo que
ahora llaman democracia es solo un recurso más para dejar lo más importante
intacto.
[1] De
acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile, entre el 18
de octubre de 2019 y el 13 de marzo de 2020 el INDH contabilizó 3838 personas
heridas, de las cuales 460 presentan daño ocular, 1234 han sido víctimas de
tortura u otros daños crueles, humanos y/o degradantes, entre otros datos. Instituto
Nacional de Derechos Humanos, «INDH denuncia que golpizas, disparos,
desnudamientos y tocaciones son principales hechos que motivan acciones legales
en crisis social», Instituto Nacional de Derechos Humanos, 19 de marzo de 2020,
https://www.indh.cl/indh-entrega-nuevo-reporte-de-cifras-a-cuatro-meses-de-iniciada-la-crisis-social/.
[2] John
L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones, ed. J. O.
Ursom, 5. reimpr, Paidós Studio 22 (Barcelona: Paidós, 1998).
[3] José
Portolés, La censura de la palabra: estudio de pragmática y análisis del
discurso (Valencia: Universitat de València, 2016), 29.
[4] Nuria
Barranco Flores, «El eufemismo léxico del discurso político y sus efectos
cognitivos», Logos 27, n.o 1 (2017): 15-30.
[5] José
Luis Saavedra, «Chile genera polémica por contabilizar fallecidos por COVID-19
como recuperados», Sputnik, 14 de abril de 2020, https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004141091105343-chile-genera-polemica-por-contabilizar-fallecidos-por-covid-19-como-recuperados/.
[6] Fernanda
Villalobos, «Mañalich asegura que pandemia “ha producido una merma en los
recursos humanos para la salud”», Emol, 14 de abril de 2020,
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/04/14/983030/Manalich-merma-recursos-humanos.html.
[7] La
cárcel de Punta Peuco fue inaugurada en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei,
para el cumplimiento de sentencia de condenados por crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura de Pinochet. La administración mantenimiento de
esta cárcel ha sido ampliamente criticada por los privilegios que supone para
los cerca de 112 sentenciados. En ella cuentan con acceso a computadoras,
televisores de 42 pulgadas, áreas verdes, canchas de tenis, habitaciones con
baño privado y a servicios de salud. El principal problema es que en el resto
de cárceles en el país se viven condiciones de hacinamiento, maltratos y
vulneraciones hacia los reos que propician, por ejemplo, la propagación de un
brote de COVID-19.
[8] Alfredo
I. Álvarez Menéndez, Hablar en español: la cortesía verbal, la pronunciación
estándar del español, las formas de expresión oral, Biblioteca práctica del
idioma español (Oviedo: Ediciones Nobel, 2005), 21.
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