Editorial
Militancia y Sociedad
Tras
el hundimiento del proyecto de reforma laboral en Colombia, el cual
representaba una apuesta de transformación al régimen de trabajo heredado del
ajuste estructural de los años noventa e inicios de los 2000’, el Gobierno
Nacional ha impulsado la Consulta Popular como mecanismo de participación
ciudadana ante el bloqueo legislativo de la oposición. En principio, la
iniciativa buscaba recuperar mínimos básicos como las horas extras, recargos
nocturnos, licencia menstrual a las trabajadoras, además, reconocía la relación
de dependencia laboral a los pasantes técnicos y tecnológicos del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).
A
inicios del mes de marzo, esta iniciativa fue hundida en Comisión de Senado por
ocho portavoces legislativos de la oposición, quienes, haciendo eco de una
encuesta a gremios empresariales y trabajadores, archivaron el proyecto por
atentar, supuestamente, contra la política de generación de empleo de pequeñas
y medianas empresas PyMES (base del tejido empresarial colombiano). Hasta ese
momento, la estrategia de la clase dominante parecía surtir efectos: frenaban
una de las iniciativas del Gobierno Nacional con mayor apoyo social.
Sin
embargo, el mismo día en que se ratificó la caída de la reforma, el presidente
Petro anunció, en el marco de una movilización social multitudinaria, la
realización de una consulta popular que refrendase el cambio al régimen de
trabajo en Colombia. En días más recientes, se dieron a conocer los doce ejes
que integrarán la consulta: i. jornada laboral de 8 horas; ii.
recargos dominicales y festivos; iii. tasas preferenciales para PyMES; iv. regulación
laboral para tratamientos médicos y licencias menstruales; v. incentivos por
contratación a personas con discapacidad; vi. formalización de pasantes del SENA; vii. formalización de trabajadores de plataforma; viii. régimen laboral especial para
trabajadores del campo; ix. eliminación de tercerización e intermediación laboral; x. formalización del trabajo doméstico y comunitario; xi. promoción de la estabilidad
laboral mediante contrato a término indefinido; xii. construcción de fondo especial
orientado a la entrega de bonos pensionales a trabajadores campesinos.
Mediante el mecanismo de Consulta, el Gobierno Nacional busca recuperar derechos y conquistas básicas arrebatadas durante el ciclo neoliberal de inicios de siglo, especialmente, con la reforma laboral del 2002. Por aquel entonces, se prometió aumentar el empleo a través de la flexibilización-tercerización de las condiciones laborales de los trabajadores, además, de una política de ataque indirecto al régimen de salarios. Sin embargo, en la práctica no solo se incumplió con la promesa de “generación de empleos”, sino que, además de destruir la capacidad del aparato productivo nacional, se impuso un régimen de desregulación laboral salvaje.
La variación y diversificación neoliberal de las modalidades de contratación, antes que tener un efecto positivo en la generación de empleos, tuvo un efecto intensivo en la demanda de horas de trabajo. Es decir, redobló las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores y, solo marginalmente, creó empleos. Este es el verdadero resultado de la política laboral del neoliberalismo: informalidad, subcontratación, alta temporalidad de horas de trabajo y reducción de salarios. A pesar de su evidente fracaso, hoy las élites dominantes advierten que, de aprobarse la reforma laboral del progresismo, vendrán despidos masivos.
Dicha amenaza es reflejo tanto del talante antidemocrático-autoritario como del tipo de régimen de trabajo que defienden la clase dominante. La misma élite
que dejó atrapada a la clase trabajadora en un círculo de inseguridad económica,
laboral y social promete, en la actualidad, salvarla de la “catástrofe”
progresista. Sin proponérselo, el Gobierno Nacional puso en el centro de la
agenda política el conflicto laboral. A pesar de ser sus límites, la
reforma laboral -hoy gestionada por la vía de la Consulta Popular- va en la
dirección correcta: la recuperación de formas de negociación colectiva y
afiliación sindical son, apenas, un paso en la recuperación de derechos
laborales y en la restauración de la base organizativa de los trabajadores.
ii. La
consulta popular: ¿la ilusión de la democracia-formal o la excedencia
democrática?
Más allá del asunto estrictamente económico, la Consulta Popular también requiere diagnóstico político ante la lectura de algunos
sectores de izquierda que insisten en una visión instrumental de los
mecanismos constitucionales de participación ciudadana. Para ciertos sectores,
cualquier herramienta o mecanismo que provenga de la democracia
formal-institucional significa una desmovilización de las demandas sociales y
una trampa del Estado contra los sectores populares.
El
argumento se sostiene sobre la idea de que la constitución del 91' (aquella que
consagró la apertura democrática, generando espacios de concertación y decisión
ciudadana, entre los que se incluye la Consulta Popular (art.104)) también es
una constitución profundamente neoliberal. Este argumento podría ser
parcialmente cierto. No obstante, como nos recuerda Lasalle, la constitución
también son sus fuerzas vivas: en ella se plasman tensiones sociales y
disputas políticas en constante redefinición. Esto implica cavilar la constitución
y sus ambigüedades como intersticios que permiten ser habitados por el
conflicto.
De
esa forma, la Consulta Popular, más que una ilusión institucional, podría ser
una forma de excedencia democrática. Enfatizamos la idea de excedencia porque
no implica abstraerse del juego institucional-democrático, sino desbordarlo. Se
trata de un movimiento de rebosamiento popular y electoral. Un movimiento
estratégico que, lejos de negarse a tramitar las demandas ciudadanas por los
canales institucionales, los utiliza como trampolín para enarbolar la
movilización del poder constituyente. Esto no significa, de ninguna manera, que
los espacios constitucionales habilitados mediante los mecanismos de
participación ciudadana representen el horizonte último de la democracia.
Lo
fundamental, como solía decir Zavaleta Mercado, es que las reformas, por
pequeñas y limitadas que sean, tengan la capacidad de elevar el espíritu
nacional-popular. En este caso, más allá de los cálculos electorales que puedan hacerse de cara a las próximas contiendas, los sectores movilizados
entienden que es necesario disputar el estado de ánimo de las reformas, en
especial, cuando el Congreso ha gestado una efectiva estrategia de
bloqueo caracterizada por la ausencia del debate público. Por tanto, pese al enorme reto que significa sacar 14 millones de
votos en un país con altas tasas de abstencionismo, podría significar la
posibilidad de autodeterminación popular: una forma de tramitar reformas
estructurales que combina trabajo de base, movilización popular y elecciones.
En
ese orden de ideas, la Consulta Popular pone el carácter contencioso de la
democracia en el centro del debate público en Colombia, produciendo una clara
división antagónica entre los sectores populares que han visto como se ha
agudizado la precarización del mundo del trabajo y los defensores del modelo
neoliberal beneficiados con la desprotección de las clases más empobrecidas.
Una contradicción que las élites, al menos por ahora, han sido incapaces de
maquillar. Quizás, como nos recuerda Miguel Abensour, esta es la oportunidad de situar la democracia contra
el Estado.
En todo caso, la vitalidad de la democracia, como señalaba Lefort, no se evidencia en la rigidez institucional o en la persistencia del sentido de las normas, sino en el momento en el que las instituciones (aparentemente impenetrables) flaquean, se gelatinizan y permiten impugnar en clave popular el propio orden constitucional e institucional.
Publicar un comentario