Por: Santiago Pulido Ruiz
Este 8 de marzo el país vivirá una nueva contienda
electoral que redefinirá el campo relacional de fuerzas y decidirá el futuro
del proyecto reformista colombiano. Hace cuatro años, el Pacto Histórico pateaba
el tablero político nacional tras conseguir un importante número de
representación de escaños en el Congreso Nacional y obtener la presidencia de
la república. Sin embargo, este avance cualitativo y cuantitativo (en términos
de representación institucional) no logró transformar el régimen político en su
conjunto: el programa de reformas sociales que planteaba modificaciones
sustantivas al régimen económico, al esquema fiscal-tributario y al sistema de
atención social (educación, salud, seguridad social) enfrentó un duro bloqueo
legislativo liderado y coordinado por las fuerzas de la oposición.
Este bloqueo legislativo o impasse parlamentario
fue posible gracias a dos condiciones: en primer lugar, a que las fuerzas
políticas de oposición conservaron las mayorías en el Congreso Nacional, lo que
les permitió reorganizarse pese al triunfo electoral del progresismo en
presidencia; en segundo lugar, a que el Gobierno Nacional planteó una
estrategia de Acuerdo Nacional en la que esas fuerzas políticas contrarreformistas
tenían participación y un importante margen de incidencia. Fue sobre todo este
segundo factor el que condicionó la aprobación de la agenda de reformas del
Gobierno Nacional, puesto que el progresismo envió, desde el primer momento, el
mensaje de que el trámite del plan de transformaciones estructurales pasaría sí
o sí por el visto bueno de la oposición.
El resultado: tres años consecutivos de estancamiento
de las reformas, constantes reordenamientos del gabinete ministerial y un flujo
de movilización social que empezaba a perder fuerza. No fue sino hasta el
hundimiento de la Reforma Laboral, concertada por un bloque interpartidista de
la oposición, que el Gobierno Nacional decide romper con la estrategia de
negociación legislativa, llamar a la huelga nacional y establecer una nueva
estrategia de transformación: la Consulta Popular. La indignación social por el
archivo de la reforma laboral fue tal que, rápidamente, la Consulta Popular empezó
a ganar terreno dentro de la agenda de las organizaciones sociales, concibiéndose
como un mecanismo de destrabe del bloqueo legislativo y un instrumento de
aprobación extraparlamentario que acudía al constituyente primario para avanzar
en el desarrollo de las reformas sociales.
Ante este cambio de estrategia política, los bloques
de oposición decidieron desarchivar el proyecto de Reforma Laboral y
refrendarlo para su aprobación. En ese contexto, el Gobierno Nacional desiste
de la Consulta Popular y decide apostar por una vía de transformación en el
mediano plazo: la Constituyente. La coyuntura desatada por el archivo de la Reforma
Laboral explica no solo el repunte político que tiene el progresismo en el último
año, sino también la reactivación organizativa y movilizatoria del campo
popular. Cabe señalar que este repunte político del progresismo y reactivación
de la movilización social-ciudadana estuvo también rodeado por presiones
judiciales: especialmente de las Altas Cortes, que jugaron un papel de
contención al proyecto de reformas (particularmente a las iniciativas de
Reforma Pensional, Decreto de Emergencia Económica y Decreto de Salario Vital).
La modificación de esta dinámica de contención y bloqueo
institucional (legislativo-judicial) es la que, justamente, está en juego en
estas elecciones legislativas. Desde el punto de vista estratégico, es fundamental
obtener una mayor representación legislativa en el Congreso Nacional, esto, con
el objetivo de ganarle el pulso mayoritario a la oposición, pero también es clave
que, ante un caso de empate entre bloques legislativos, el Pacto Histórico
recupere la idea de la Consulta Popular y la Constituyente como mecanismos de
desbloqueo. Un eventual Gobierno de izquierda no se puede permitir, nuevamente,
que el plan de transformaciones estructurales sea saboteado y bloqueado en el
Congreso Nacional y las únicas herramientas disponibles, sobre las que hay un
trabajo social desarrollado, son las de consulta ciudadana y reforma
constitucional.
Por esta razón es clave que, quienes alcancen escaños
por parte del progresismo, tengan esta doble lectura sobre la estrategia de
transformación: la que se despliega en el marco de la disputa legislativa (organizando
bloques de gobierno, mecanismos de aprobación de las reformas e instancias de
negociación) y la que opera con la Sociedad Civil mediante las iniciativas de
Consulta Popular y Poder Constituyente. Estos cuatro años de gobierno dejan una
importante lección: la transformación de las estructuras de poder y dominación solo
es posible cuando el pueblo se moviliza de manera autónoma y sale a las calles a
defender sus derechos y libertades, apropiándose de los instrumentos constitucionales
disponibles.
De tal manera que esta contienda electoral no será únicamente
escenario de medición de fuerzas entre el Gobierno Nacional y la oposición,
sino que también será un espacio de prolongación de la lucha de clases que se
ha abierto tras el hundimiento de la Reforma Laboral y la disputa alrededor del
aumento del salario mínimo. Asistimos, por lo tanto, a un momento histórico en
el que está en juego tanto el basculamiento de fuerzas políticas con presencia
en el Estado como la posibilidad de abrir nuevos horizontes de cambio. Todo
proceso de reforma política, intelectual y moral de la sociedad, sostenía Gramsci,
supone un reordenamiento de la estructura nacional de clases: el progresismo
abrió una puerta a la transformación social; es tarea del movimiento obrero-popular
profundizar ese cambio, disputándolo desde adentro y reorientándolo en un
sentido socialista. La cancha está abierta.
Publicar un comentario