Comité editorial Militancia y Sociedad.
La crisis de legitimidad y el quiebre ético del Estado social de derecho en Colombia ha estado acompañado de una crisis de lo político sin precedentes. Crisis que ha sido entendida por el ala progresista como una irrupción de las nuevas formas de mediación y modulación de la política por parte de los sectores populares. Es decir, la crisis política en su conjunto ha evidenciado que las maneras tradicionales de agenciar y tramitar la política han quedado caducas: desde los sindicatos, pasando por los partidos y llegando incluso a las organizaciones tradicionales de izquierda. En el fondo, es un reclamo de las masas populares por redificarse como interlocutor político válido, como una parte excluida que se reclama el todo, anunciando una nueva modalidad de lo político que deviene del subsuelo y florece en la superficie.
En ese sentido, las asambleas populares que se han desarrollado a lo largo y ancho del país han expresado una nueva filiación política desde abajo. Entre los rasgos novedosos que presenta esta nueva articulación política se destaca uno de vital importancia, relacionado a la capacidad y decisión que tiene el movimiento por discutir y disputar un relato de nación. Dicho de otro modo, desde los espacios locales que antes solo se atrevían a exigir demandas locales y particulares, hoy se han envalentonado políticamente, están en la capacidad de situar el conflicto político contra el régimen político neoliberal, vislumbrando que las experiencias barriales, comunales y locales empiezan a pensar un proyecto nacional-popular en pro de las mayorías sociales. Situación que hasta el momento estaba reservado para la “gran política de izquierda” y sus sectores convencionales.
Lo anterior también se han manifestado en las desatinadas declaraciones de cierto liberalismo elitista que trata, a toda costa, de “racionalizar” la política: su obsesión por el dato los hace incapaces de abrir el dialogo ante signos, emociones y sensaciones de malestar generalizado. Para esta tradición la turba de manifestantes son una expresión irracional incontrolada, les consideran ignorantes. Este liberalismo elitista olvida y hace abstracción de los afectos que convocan en torno al paro, entre ellos, la muerte y los abusos policiales. Un supuesto diálogo racional conlleva -en todo caso- al consensualismo neoliberal que propone rodear las instituciones formales y darle una salida a la crisis desde arriba e impune.
Precisamente, la asamblea popular debe estar volcada a reflexionar sobre el antagonismo fundante de la crisis socio-política que atraviesa el país. En otras palabras, diagnosticar cuál es la contradicción fundante que debe ser superada para salir de la crisis, estudiar los vectores que han guiado la movilización. Desde nuestra perspectiva, es claro el agotamiento del régimen neoliberal, a la que debe sumarse la crisis de la desastrosa política exterior por parte del gobierno nacional, son muestra de las dimensiones nacionales del conflicto y lo problemático de localizar el conflicto.
No es posible que, bajo la idea de alcanzar demandas locales, se abandone el intento alcanzar reformas profundas y estructurantes del orden social, como si la convulsión social que ha cobrado vidas humanas fuese en vano. Una posición radical, en consecuencia, no tiene que ver con las formas. Ser radical implica ir a la raíz, desentrañar las causas del conflicto social, auspiciando espacios de deliberación política. La ausencia de política que viven las clásicas organizaciones políticas, implica, a su vez, un resurgir de lo público en las asambleas populares gracias a los sin-parte.
Este horizonte radical, en términos del proyecto político, ha logrado algo que hasta hace muy poco parecía imposible: ha logrado poner en declive la idea de nación chovinista, patriotera y reaccionaria que ostentaban las elites, confrontada por una concreción de la comunidad nacional imaginada, abierta, democrática y plural que anhela instituciones que puedan ser expuesta al conflicto democrático y al servicio de los sectores populares.
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